Investigan préstamos de un broker de seguros a Alberto F.
El fiscal pidió las declaraciones juradas de bienes del ex presidente y su ex secretaria, esposa del intermediario Martínez Sosa, que le dio plata al ex mandatario.
El patrimonio de Alberto Fernández, sus movimientos financieros, el préstamo que lo une al broker Héctor Martínez Sosa, la posibilidad de algún entrecruzamiento patrimonial desde 2009 a la fecha, es una de las pistas que sigue el juez federal Julián Ercolini en su investigación por el escándalo de la contratación de seguros por parte de organismos públicos con la pago de cuestionadas comisiones a intermediarios.
El fiscal Carlos Rívolo pidió las declaraciones juradas del ex presidente, de su amigo y también un exhaustivo análisis de los movimientos financieros de ambos a lo largo de estos años. Por ese motivo también requirió el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Los vínculos comerciales que podrían unir a uno de los “principales beneficiarios de las intermediaciones” con el ex presidente están bajo la lupa.
Tras la revelación del escándalo en Clarín, la causa judicial inició con la denuncia de las presuntas irregularidades ocurridas en torno al Decreto 823/2021, a través del cual Fernández impuso la obligación al sector público estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa Nación Seguros. Lo que siguió a la maniobra fue la contratación de intermediarios que percibían millonarias comisiones.
En el marco del expediente, el juzgado cuenta con 45 contratos con su fecha de firma y el detalle del broker que intervino. Por eso, a pedido del Ministerio Público Fiscal, se amplió el período de investigación: ahora, abarca toda la presidencia de Alberto Fernández.
Según consta en la investigación, la decisión del ex Jefe de Estado “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. El expresidente está imputado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Ahora, sus bienes valuados en 17.902.847,99 de pesos, están inhibidos. La medida cautelar firmada este martes no incluye la pensión de privilegio de siete millones de pesos que comenzará a recibir el expresidente. También se inhibieron los bienes de Martínez Sosa y su esposa, ex secretaria de Alberto Fernández, María Cantero. En el caso también está imputado el intermediario Pablo Torres García.
Martínez Sosa “figura como el intermediario que mayores sumas percibió producto de su intermediación, referida fundamentalmente a los seguros contratados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y a las distintas fuerzas de seguridad, representando casi la mitad del monto total relevado”.
Uno de los aspectos en los que el fiscal Rívolo busca ahondar es en los vínculos comerciales que, además de la amistad personal, unen a Fernández y Martínez Sosa. El pedido de todas las declaraciones juradas, desde el 2009 a la fecha tienen un puntapié inicial: una deuda con el broker que el ex presidente declara aún vigente, por 102.240 pesos. Ercolini señaló que la compañía de seguros del broker, además de su intermediación como productora, “participó como organizadora o máster en pólizas de otros productores, entre ellos, Emanuel Raúl Andrés Calvo, Laura Crisafulli, las firmas Bachellier, Levelar y Fernando Carlos Salim.
Entre otros datos consignados por el magistrado, se recordó que Martínez Sosa es esposo de María Cantero, ex secretaria de Fernández durante su presidencia.
Cruzan declaraciones de bienes del ex presidente.