La tira de Andrea del Boca, frenada por el Gobierno
La llegada del caso a los tribunales y su impacto mediático alteraron los planes de la actriz y de los funcionarios.
La actriz recibió $ 27,8 millones del Estado y debía cobrar más. Pero investigan los contratos por fraude.
El caso de un contrato de la productora de Andrea del Boca con el Ministerio de Planificación trascendió los límites periodísticos cuando el abogado Ricardo Monner Sans denunció el tema ante la Justicia, remitiendo a dos notas publicadas la semana pasada en Clarín.
La rápida reacción del fiscal y el juez federal de esa causa –que la imputaron junto a Julio de Vido y dispusieron allanamientos– cambió los planes que habían elucubrado la actriz fetiche de Cristina Fernández de Kirchner y los funcionarios del actual Gobierno.
Hasta entonces, en la Casa Rosada aseguraban que iban a pagarle a Andrea del Boca los $ 8,8 millones adeudados “para que termine la novela”. Y el titular del INCAA, Alejandro Cacetta, la invitó, hace dos semanas, a un acto oficial, donde anunció planes de financiamiento para películas, lo cual incluyó una foto de la empresaria/actriz con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para “cerrar la grieta”.
El Gobierno había dado de baja trece contratos con productoras audiovisuales, por $ 259 millones. Todas eran adjudicaciones directas y discrecionales, que hizo el año pasado la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), con fondos de Planificación. La única excepción fue la telecomedia romántica de Del Boca, Mamá Corazón, con un costo de $ 36,6 millones, de los cuales el anterior gobierno le había pagado $ 27,8 millones.
La decisión de los funcionarios fue continuar con esa telecomedia, porque se encontraba en la etapa final; mientras decidieron dar de baja a las otras 13, que recién se estaban iniciando.
El caso de Andrea del Boca quedó en suspenso ahora a la espera del fallo judicial. Le habían asignado por adjudicación directa los fondos para la telecomedia y le habían adelantado el 75% del total, sin haber entregado un capítulo. En cambio, a las otras 13 producciones, también contratadas vía la UNSAM, sólo les habían adelantado $ 16,6 millones, el 7% del total.
Si bien el tema se había publica- do originalmente a mediados de año en Clarín, tomó vuelo el último mes, cuando los programas de chimentos de la TV armaron un cóctel explosivo entre artistas populares, corrupción y política. Algo similar pasó con el caso de Lázaro Báez, cuando entraron en escena Leo Fariña y Fabián Rossi, parejas de las mediáticas Karina Jelinek e Iliana Calabró.
Con todo, la audiencia, la sociedad, no reclamaría en ninguno de estos casos cerrar la grieta, sino investigar los hechos de corrupción, recuperar la plata y condenar a los culpables de los delitos.