Negocios con Venezuela: indagan a un empresario vinculado a De Vido
Se trata de Juan José Levy, sospechado de sobreprecios y lavado por exportaciones por US$ 530 millones.
Un nuevo flanco judicial se le abrió al exministro de Planificación y actual diputado del Frente para la Victoria (FPV) Julio De Vido con el llamado a indagatoria del empresario Juan
José Levy y ocho socios. Es en una causa por contrabando agravado y lavado con el fideicomiso armado con la Venezuela chavista por las ventas de gasoil. Además de la indagatoria a Levy y a los otros sospechosos, se les prohibió salir del país sin autoriza-
ción judicial, mientras continúan embargados sus bienes preventivamente en $ 300 millones.
En la causa también quedaron vinculados a Levy el director de Ceremonial de Planificación y exagente de la AFI José María Olasagasti, así como el ex embajador en Venezuela
Carlos Cheppi, quienes compartieron frecuentes viajes con el empresario investigado a Caracas (ver aparte). Levy cobró unos 530 millones de dólares del fideicomiso argentino-venezolano.
Por pedido de la fiscal María Luz Rivas Diez, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky indagará como sospechoso a Levy el 18 de abril en base a una investigación de 125 páginas basada en informes de la AFIP, la Unidad de Información Financiera (UIF) y datos provenientes de Estados Unidos y las islas Seychelles. El caso fue revelado por Clarín en exclu- siva el 29 de julio del año pasado.
En base a documentos secuestrados en varios allanamientos y de computadoras que se desintervinieron, se lograron nuevos datos de ope
raciones millonarias de Levy, a través del laboratorio ESME y de las empresas Corporación Gulfos y Blue Tel.
En la causa se investiga la venta de productos de higiene personal por casi 90 millones de dólares a Venezuela con sobreprecios, entre otras operaciones.
A la fiscal le llamó la atención que la empresa estatal venezolana SUVINCA haya pagado un 60 por ciento del contrato en forma anticipada a través de fondos del fideicomiso argentino-venezolano de PDVSA que administra el Banco de la Nación.
En su informe, la fiscal Rivas Diez subraya que faltan contraprestaciones millonarias del laboratorio ESME a Venezuela pese a los pagos por adelantado y que en algunos pagos se falseó la firma de Alejandro Levy, hermano de Juan José, quienes ahora están peleados.
En el capítulo de sobreprecios, se destacan una serie de precios que están por encima de los valores del mercado interno e incluso de algunas exportaciones de la misma ESMA.
Por ejemplo, las toallas femeninas las cotizó a 0,167 dólares por unidad cuando en otras ventas lo hacía por 0,038 dólares, es decir sobreprecios “de entre 145 y 165 por ciento”. Además, por la política de la firma SUVINCA de pagar por adelantado, asegura que hay una diferencia de “39 millones de dólares aún no cancelados” con mercaderías. Otra parte de la causa tiene que ver con los precios “escandalosos” de los seguros contratados para hacer las operaciones e incluso sospechas con el cobro de los reintegros a las exportaciones a la AFIP.
Un capítulo aparte está dedicado a los giros al exteriores de ESME, empresa que durante la época K pasó de ser una PYME a una gran exportadora. Así se registran envíos por más de 200 mil dólares a una cuenta en la isla Gran Cayman -un paraíso fiscalde la empresa Importadora Asiria CA en el Venecredit Bank & Trust.
Otros giros se hicieron a través de la Corporación Gulfos SA, con sede en las islas Seychelles, y por más de 87 millones de dólares en concepto de “gastos en el exterior por servicios técnicos y profesionales” a bancos en Estados Unidos.
El otro caso investigado por la fiscal Rivas Diez es por la compra directa de decodificadores de TV a Hong Kong para Venezuela, pese a que debían ser productos argentinos, por otros 20 millones de dólares más. Incluso, un reporte señala que, hasta ahora, no se pudo confirmar la autenticidad de una factura presentada por la empresa China Chai Wan Digital Limited.
En esta operatoria aparece la empresa Frolem Corporation LC, creada en Las Vegas, Estados Unidos, por el estudio panameño Mossack Fonseca, el mismo que fue usado para crear empresas offshore en la compra de SGI “La Rosadita” que usó Lázaro Báez para lavar dinero.