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Los presos, olvidados y abandonados en la pandemia
Los reos de las cárceles estadounidenses han sido dejados en el olvido en el plan de vacunación contra el COVID-19. Expertos presionan a las autoridades para que prioricen la inmunización de una población muy vulnerable.
Más de 1,3 millones de personas están encarceladas en Estados Unidos. El proyecto Onetracking ha reportado más de 270.000 contagios y más de 1.700 muertes asociadas al SARSCoV-2 en el sistema penitenciario estadounidense desde abril. Los reos tienen el doble de posibilidades de morir por coronavirus que la población general, y 19 de los 20 puntos críticos relacionados con la pandemia en EE. UU. se encuentra en prisiones, según la Comisión Nacional de COVID-19 y Justicia Penal. Las malas condiciones de vida y la sobrepoblación han empeorado el problema.
"Han sido la fuente de tantos casos porque están encerrados y no pueden practicar la distancia física", dice el Dr. William Schaffner, profesor de Medicina Preventiva y Políticas Sanitarias en la Universidad Vanderbilt. "Son población en riesgo", agrega. Los expertos advierten que las consecuencias podrían ser desastrosas si no se hace nada para controlar las infecciones entre la población penal. La Asociación Médica Estadounidense ha recomendado que los reos y los vigilantes penitenciarios "tengan acceso prioritario" a las vacunas en la primera fase de inmunizaciones.
Aun así, el comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendó a mediados de diciembre que no se incluyera a los presos en la fase inicial de vacunaciones. El gobierno federal ha dejado en gran medida en manos de los gobiernos estatales determinar cómo se van a distribuir las vacunas. Reacción pública
Un puñado de estados ha sumado a los reos y a personal penitenciario en la lista de candidatos a vacunación, pero la inmensa mayoría no los ha considerado prioritarios. En Colorado, las autoridades de salud han recomendado que los presos sean parte de la segunda línea de vacunaciones, lo que provocó una airada reacción de parte de los republicanos y algunos medios conservadores. El gobernador de Colorado, Jared Polis (demócrata), dio un giro a comienzos de diciembre, señalando que "no hay ninguna posibilidad de que los presos consigan las vacunas antes que los miembros de la población vulnerable".
Los defensores de los derechos civiles están preocupados porque, a medida que aumentan los contagios, más políticos ceden a la presión pública debido a que las vacunas y los recursos son limitados. "La ciencia debería dictar estas medidas, no la política", dice Denise Maes, directora de Políticas Públicas de la ACLU de Colorado. "La ciencia nos dice que lo que necesitamos es empezar a vacunar en las prisiones", agrega. Cárceles peligrosas
Las cárceles son, además, particularmente peligrosas: a ellas llegan sospechosos por cortos períodos -a veces apenas unas horas- que luego son enviados a sus comunidades, tras potencialmente haber estado expuestos a personas infectadas.
Además, el personal y los reos son movidos constantemente para mantener el equilibrio en el tamaño de la población penal, y en el proceso toman contacto con gente que está fuera de los muros penitenciarios. Las cárceles estatales no están tomando las medidas necesarias para proteger a la ciudadanía, a los prisioneros ni a sus funcionarios, según DeAnna Hoskins, presidenta y directora general de JustLeadership USA, una organización enfocada en reducir la población carcelaria.
"Mueven a los presos de una instalación a otra. No les están haciendo test", dice. "Esto genera una situación de difusión" de posibles enfermedades, agrega. Luego de un brote importante en la cárcel San Quentin de San Francisco, en mayo pasado, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos ordenó que el recinto redujera su población penal a 1.700 personas, o sea la mitad de lo que tenía.
Algunos estados han decidido reducir sus poblaciones penales, con la esperanza de generar más espacio que permita el distanciamiento físico. De esta forma, se ha liberado a presos que estaban o cerca de terminar sus sentencias o no suponen una amenaza para la sociedad. En Nueva Jersey, el gobernador Phil Murphy (demócrata) ordenó la liberación de más de 2.000 reclusos en noviembre, para disminuir el riesgo de propagación del coronavirus.
Atrapados en celdas
Las cárceles se enfrentan a otro dilema ético, mientras las muertes por COVID-19 se multiplican y se imponen confinamientos para limitar la interacción entre los reclusos y el personal de vigilancia. Los activistas de derechos civiles dicen que las personas aisladas están pagando por culpas ajenas y que, básicamente, se están creando prisiones dentro de las prisiones. "Están atrapados en sus celdas, esto es muy grave", dice Maes. "No reciben visitas, no tienen actividades fuera de la celda o tiempo para comer, esto no puede seguir así".
Hoskins asegura que los reos están asustados. Se enferman y temen morir. Es como estar en un edificio en llamas, donde están atrapados sin poder recibir ayuda, afirma. Las vacunas podrían aliviar estos problemas si los prisioneros pudieran conseguirlas. Los activistas dicen que el mal manejo de la pandemia genera más estrés y cargas innecesarias en las vidas de los reclusos, lo que viola sus derechos humanos. "Están sentenciados a prisión, no a morir", recuerda Ryan King, director de investigación en el Instituto de Políticas de Justicia.
(dzc/lgc)