Australia deja pendiente fallo sobre recurso contra extradición de exagente de Pinochet, acusada de crímenes de lesa humanidad

Tribunal decidirá sobre apelación contra decisión de extraditar a Chile a Adriana Rivas, exmiembro de la DINA del régimen de Augusto Pinochet, acusada por desaparición de siete personas en los 1970.

El Tribunal Federal de Australia no fijó una fecha para anunciar su decisión, pero esta se emitirá en un máximo de tres meses, indicó la abogada Adriana Navarro, quien representa a los familiares de seis de las víctimas atribuidas a Rivas. En la vista de este martes 6 de abril, la jueza Wendy Jane Abraham abordó los 24 puntos en los que se basa la defensa de Rivas contra el fallo de una instancia inferior emitido el 29 de octubre y que accedía a la extradición de esta chilena de 68 años, detenida y recluida en una prisión de la ciudad de Sídney desde febrero de 2019.

Se presume que Rivas, que trabajaba como niñera y limpiando casas desde hace tres decenios en Sídney, formó parte de la brigada de exterminio Lautaro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, policía secreta de Pinochet), en donde llegó a ser la secretaria de Manuel Contreras, máximo jefe de esta unidad.

La exsecretaria de Contreras, el máximo represor de la dictadura de Pinochet, presuntamente participó en el "secuestro agravado" de Víctor Díaz, quien fuera subsecretario del Partido Comunista de Chile, en 1976, así como en los de Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Juan Fernando Ortíz, Héctor Veliz y Reinalda Pereira, quien estaba embarazada en el momento de su detención.

El abogado defensor Frank Santisi se centró hoy en escudar a su clienta con la ley chilena de Amnistía, aprobada el 18 de abril de 1978, que protege a los autores, cómplices o encubridores de delitos perpetrados durante la dictadura de Pinochet desde el 11 de septiembre de 1973 -día del golpe- hasta el 10 de marzo de 1978.

Santisi argumenta que ese decreto sigue teniendo vigencia, aunque, según la versión del abogado, en los últimos años

Marta Pérez (en el centro) demanda justicia por la tortura y asesinato de su esposo Uldarico Donaire en 1976 por parte de la DINA, la policía secreta de Pinochet.