Cientos de aborígenes de la "generación robada" demandan al gobierno australiano

El término de "generación robada" hace referencia a los miles de niños indígenas que fueron separados a la fuerza de sus familiares entre 1910 y 1970, para ser colocados en instituciones o familias blancas.

Cientos de aborígenes de la "generación robada" de Australia, los niños secuestrados por la fuerza a sus familias en nombre de la asimilación, demandaron al gobierno el miércoles (28.04.2021) por daños y perjuicios.

El término "generación robada" se refiere a miles de niños indígenas que fueron separados por la fuerza de sus familiares, desde 1910 hasta los años 1970, para ser colocados en instituciones o familias blancas con fines de asimilación. Muchos nunca volvieron a ver a sus padres o hermanos.

Tristán Gaven, del bufete de abogados Shine Lawyers, anunció el miércoles haber iniciado una demanda colectiva en nombre de cerca de 800 habitantes del Territorio del Norte, estimando que otros miles podrían legítimamente unirse a esta lucha.

En otros estados de Australia ya se establecieron mecanismos de indemnización, pero el gobierno federal, que administraba el Territorio del Norte en el momento en que se produjeron los secuestros, nunca lo hizo. Es el primer recurso colectivo de este tipo en el Territorio del Norte, donde viven 250.000 personas, de las cuales un tercio son aborígenes.

Heather Alley, de 84 años, tenía nueve años cuando fue arrebatada a su madre. Ella afirma que este trauma la persiguió durante muchos años: "Participo en esta demanda porque creo que nuestra historia debe ser contada", afirmó

En 1997, un informe titulado "Llévenlos a casa", resultado de una encuesta nacional, reconoció que se habían violado los derechos de esos niños y recomendó una serie de medidas de apoyo.

Una de las propuestas clave de este informe, en el que Australia presenta excusas nacionales, se realizó en 2008. Pero un cuarto de siglo más tarde, las víctimas denuncian el racismo institucional siempre actual y el fracaso de las autoridades en afrontar los problemas de salud mental de las personas afectadas, aunque se asignaron fondos a los programas de asesoramiento y apoyo a las familias.

Si bien no se dispone de cifras exactas sobre el número de personas afectadas, el informe de 1997 estima que al menos uno de cada diez aborígenes e indígenas del Estrecho de Torres