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Atlas de la Sociedad Civil en la pandemia: cuando los gobiernos atacan la protesta, no sus causas
El Atlas de la Sociedad Civil examina el estado de los derechos fundamentales en el mundo. En 2020, muchos gobiernos recortaron las libertades de sus ciudadanos con el pretexto de luchar contra una pandemia.
En informe Atlas de la Sociedad Civil está lleno casos delibertades restringidas: cárceles superpobladas en Filipinas, periodistas detenidos en Zimbabue, defensores de los derechos humanos amenazados en México y hasta policías perseguidos por el régimen venezolano por hacer cumplir sus propias restricciones durante la "Cuarentena radical”.
Por cuarta vez, las organizaciones humanitarias alemanas Brot für die Welt (Pan para el Mundo) y Civicus publican un informe sobre la situación de las organizaciones y actores de la sociedad civil en numerosos países.
"2019 fue un año de protestas", dijo Dagmar Pruin, presidenta de Brot für die Welt.
En todo el mundo, agregó, un número especialmente elevado de personas salió a las calles. "Una movilización que continuó en 2020, como en Estados Unidos y Bielorrusia". Además, a raíz de la pandemia, hubo protestas de personas que exigían más acceso a la ayuda de emergencia y menos corrupción. "Pero en muchos países, los gobiernos no atacaron las causas de la protesta, sino la protesta misma".
Solo 263 millones viven libres de represión
El panorama para 2020 es sombrío. Según el informe, el 88% de la población mundial vive en sociedades que clasifica como restringidas, oprimidas o cerradas. Además de estas tres categorías, el Atlas de la Sociedad Civil también clasifica las sociedades como deterioradas y abiertas. De los 196 estados del mundo, solo 42 se consideran abiertos, según el informe. Ni siquiera todos los países de la UE entran en esta categoría. Esto significa que solo 263 millones de personas en todo el mundo viven libres de represión y disfrutan de plenas libertades sociales.
Alemania se considera abierta porque las organizaciones de la sociedad civil pueden actuar libremente, las manifestaciones están permitidas en los espacios públicos y la información es fácilmente accesible. El informe considera proporcionadas las restricciones a la libertad que también existen en Alemania a causa de la pandemia, pero critica el hecho de que, al principio de la crisis del coronavirus, la ordenanza preveía una prohibición general de las reuniones, que luego fue anulada por el Tribunal Constitucional Federal.
Colombia: "Fuerza policial, cada vez más militarizada”
"La pandemia ha expuesto las vulnerabilidades en algunos sistemas y regímenes", dice Silke Pfeiffer, directora de Derechos Humanos de Brot für die Welt. "Ha habido una tendencia a contrarrestar las debilidades con un exceso de autoridad, metiendo miedo a los ciudadanos".
Esto incluye, por ejemplo, 100.000 detenciones de personas en Filipinas que supuestamente no habían cumplido las medidas, ó 17.000 personas detenidas en centros de cuarentena en El Salvador, incluida una defensora de los derechos humanos a la que no se le hicieron pruebas del coronavirus hasta que llevaba tres semanas en el centro. La creciente violencia policial es también un problema importante, dijo.
Una encuesta realizada a cerca de 400 periodistas reveló que personas de 59 países sufrieron violencia policial relacionada con el coronavirus. En
Colombia, cerca de 50 organizaciones no gubernamentales emitieron una declaración conjunta en la que deploraban "la violencia ejercida por la fuerza policial cada vez más militarizada”. manos y a los periodistas. En México, la defensora de los derechos humanos Clemencia Salas Salazar se encuentra actualmente bajo protección policial. Amnistía Internacional, entre otras, señaló el peligro que correría Salazar. En junio, Salazar volvió a recibir más protección.
En varios países, la normativa sobre la pandemia presiona a los periodistas. En Filipinas, no se renovó la licencia de emisión de ABS-CBN, el mayor canal de noticias, hasta la fecha. La emisora había informado repetidamente de forma crítica sobre las políticas del gobierno del presidente Rodrigo Duterte. "Por lo tanto, durante la pandemia, faltó una fuente importante para proporcionar información objetiva y crítica al público", dice el Atlas de la Sociedad Civil.
En otros países, con el pretexto de luchar contra la pandemia, se aprobaron leyes que socavaron o detuvieron los procesos democráticos. En Camboya, un país que oficialmente no tuvo una sola muerte por coronavirus en 2020, el Parlamento aprobó "una ley vagamente redactada que faculta al gobierno a declarar el estado de emergencia."
"En 2020, la situación ha empeorado", resume la presidenta de Brot für die Welt, Dagmar Pruin. Pero también hay una evolución más positiva: muchas organizaciones de la sociedad civil han sido capaces de cerrar las brechas dejadas por sus gobiernos y han abordado la pandemia de forma creativa.
En Brasil, por ejemplo, la organización "Assesoria e Servicios a Projetos em Agricultura Alternativa" (ASPTA) compraba alimentos a pequeños agricultores que ya no podían vender sus productos debido al cierre de los mercados y las rutas de transporte. Luego, distribuía los alimentos a quienes tenían que ganar dinero cada día sin un contrato de trabajo fijo ni derechos laborales. Personas que durante la cuarentena no habrían sabido cómo mantener a sus familias.
(jov/er)
en su conferencia de prensa diaria.
Dujarric aseguró que la Secretaría General de la ONU está siguiendo de cerca la situación en Colombia, donde una ola de protestas ha dejado al menos 19 muertos y 800 heridos. las advertencias y pidió "evitar el uso desproporcionado de la fuerza".
La Defensoría del Pueblo registró el lunes además 89 personas desaparecidas durante las jornadas de protesta en el país. Por su parte, el Ministerio de Defensa contabilizó 846 heridos, de los cuales son 306 civiles. bierno. La secretaría de Seguridad local registró este martes cinco muertos y 33 personas heridas durante manifestaciones y desmanes la víspera.
El Defensor del Pueblo (Ombudsman), Carlos Camargo, denunció que una persona de la entidad, junto a otro de la Procuraduría –encargada de indagar irregularidades de funcionarios– y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali.
Los cinco "fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar", precisó.
La ONU participaba en esta comisión, pero no recibió "disparos directos", según indicó en Twitter su oficina local de derechos humanos.
El ministro de Defensa, Diego Molano, evitó referirse al ataque y aseguró que policías y militares son víctimas de agresiones orquestadas por grupos armados.
Molano anunció el viernes la llegada a Cali de más de 700 soldados, 500 hombres de la fuerza antidisturbios (Esmad), 1.800 policías y dos helicópteros para apoyar a la fuerza pública local.
"Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica", advirtió la portavoz de ACNUDH.
FEW (AFP, EFE)