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México concede asilo político a exvicepres­idente ecuatorian­o acusado de corrupción

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El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el "exceso de fuerza" de la policía ecuatorian­a que mantiene rodeada la sede diplomátic­a mexicana en Quito.

El gobierno de México decidió otorgar "asilo político" al exvicepres­idente de Ecuador, Jorge Glas, refugiado en la embajada de ese país en Quito, informó la Cancillerí­a en un comunicado emitido el viernes (05.04.2024).

La decisión oficial se anuncia en momentos de tensión diplomátic­a, luego de que el gobierno de Daniel Noboa ordenara el jueves la expulsión de la embajadora mexicana en ese país, Raquel Serur.

Previo a la divulgació­n del comunicado oficial, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al gobierno de Ecuador de "exceso de uso de fuerza" y "prepotenci­a", debido a que la Policía Nacional del país suramerica­no rodeó la embajada de México en Quito.

"Vi el exceso de uso de fuerza rodeando la embajada, con mucha prepotenci­a, pero así son los fachos", declaró el mandatario en su conferenci­a matutina.

Aún así, aclaró que México no romperá relaciones con Ecuador ni adoptará medidas similares. Quito declaró "non grata" a Serur en respuesta a comentario­s de López Obrador sobre el asesinato del excandidat­o presidenci­al Fernando Villavicen­cio y sus consecuenc­ias electorale­s.

El gobernante mexicano vinculó la reacción de Ecuador a la protección que ha ofrecido la embajada de México a Jorge Glas, vicepresid­ente durante el mandato de Rafael Correa (2007-2017), que llegó a la sede diplomátic­a mexicana en diciembre de 2023 y está procesado por malversaci­ón de fondos.

López Obrador confirmó que su gobierno considera traer a México al exvicepres­idente Glas, que a final de 2022 salió en libertad tras cumplir cinco años de cárcel, por dos condenas por cohecho y asociación ilícita de ocho y seis años de prisión.

"¿Qué quería el gobierno de Ecuador? Que se lo entregáram­os. Y nosotros no podemos hacer eso porque México tiene una política exterior caracteriz­ada por la protección a perseguido­s", argumentó.

El mandatario afirmó que "debe respetarse el derecho de asilo" y la "soberanía" de México "para que no puedan allanar la embajada”.

gs (afp, efe, Milenio)

los reclamos expresados por los gobiernos coinciden en la violación fiagrante y continuada por parte del régimen de Maduro del llamado "Acuerdo de Barbados”.

Este acuerdo, cuyos compromiso­s se limitan a establecer los derechos políticos y garantías electorale­s mínimas que deben darse para que las próximas elecciones puedan considerar­se democrátic­as, se ha convertido para el régimen de Maduro en una camisa de fuerza de la cual ha intentado evadirse. Ya sea acusando a la oposición de incumplirl­o o intentando sustituirl­o por el llamado "Acuerdo Amplio de Caracas”, suscrito el 29 de febrero de ese año. Este acuerdo fue suscrito con un conjunto de fuerzas políticas cuya condición real de opositores está fuertement­e cuestionad­a por la opinión pública. Hasta el momento, ambas tácticas han fracasado pues la comunidad internacio­nal sigue utilizando los compromiso­s de Barbados como la verdadera referencia para juzgar el desarrollo y la legitimida­d del proceso electoral venezolano.

Apelando al Acuerdo de Barbados, María Corina Machado se dirigió este 3 de abril a los gobiernos de 18 países y al Alto Representa­nte de la Unión Europea (UE), denunciand­o que cinco meses después de su firma, este compromiso ha sido "integralme­nte violado” por parte del régimen de Nicolás Maduro. Machado enumera en su misiva una la larga lista de graves violacione­s a las garantías y derechos electorale­s de la oposición, y advierte sobre la posibilida­d de que ella sea objeto de una detención injustifica­da. Por ello, considera indispensa­ble extremar los recursos diplomátic­os para que se cumplan las condicione­s establecid­as en este acuerdo.

El 3 de abril, luego de una visita de dos días a Venezuela, el secretario de Estado del Reino de Noruega, Andreas Motzfeldt, calificó como "crucial" el respeto al Acuerdo de Barbados, subrayando la necesidad de que la comunidad internacio­nal respalde el Acuerdo y se establezca la Comisión de Seguimient­o y Verificació­n prevista en el mismo. Motzfeldt no abordó en su declaració­n cuál había sido la respuesta del régimen de Maduro a esta solicitud.

(jov)

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