Impuestos que renacen como el Ave Fénix

fuera del zoológico. Ello no aconteció.

En el impuesto a los bienes personales, que tenía previsto por la ley de blanqueo una reducción escalonada de alícuotas aplicables desapareciendo para 2019-, se propone un proyecto acordado con legisladores y gobernadores.

El mínimo no imponible se elevaría a $ 2.000.000, y habría una escala de alícuotas del 0,25% al 0,75% cuando supere los $ 20.000.000 de base imponible. Lo ponderable es la existencia de una progresividad para determinar el impuesto en cada escalón, pero para darle mayor vigencia debería establecerse en moneda extranjera o una cláusula de actualización.

Las distorsiones que conlleva esta gabela son relevantes e inaceptables. No se permite, en general, restar deudas, excepto las hipotecarias de viviendas única, los inmuebles adquiridos se declaran con valores absolutamente dispares según la cotización del dólar al momento de la compra contemplando como mínimo su valuación fiscal, los automóviles mantienen inequidad manifiesta entre aquellos que lo adquirieron nuevo o usado.

Debería reemplazarse por el añorado impuesto sobre el patrimonio neto, que corrige gran parte de esas inconsistencias.

En el impuesto de sellos -carga fiscal que aplican las provincias- estaba prevista su reducción anual y proponen postergarla con un nuevo cronograma. El tributo atenta contra la seguridad jurídica que debe primar en el ámbito de las transacciones económicas y por esa razón no debería existir.

Por parte del Estado nacional, éste asumiría el compromiso de entregar los fondos pendientes de las cajas previsionales en forma mensual a las provincias que adhieran a este nuevo Consenso Fiscal 2018. Como moneda de cambio admitiría atento el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal- incrementar el gasto publico de las jurisdicciones para 2019, siempre que la variación 2018 contemplando el IPC haya sido menor a este índice. Ello vinculado también a la transferencia de responsabilidad de gastos.

Una propuesta sensata que también se gira al Congreso es gravar con el impuesto a las ganancias importes percibidos por empleados o funcionarios públicos nacionales, provinciales o, incluso, municipales ciertos conceptos actualmente exentos y escondidos con terminologías de todo tipo. Ello otorga equidad respecto de los trabajadores en el ámbito privado. Nos referimos a los ítems indicados en los recibos como gastos de representación, viáticos, movilidad, bonificación especial, protocolo, riesgo profesional, coeficiente técnico, dedicación especial o funcional, responsabilidad jerárquica, desarraigo y otra compensación de similar naturaleza. Se considera que muchas de esas denominaciones no responden a la realidad inmersa en esos conceptos.

Además, un tema complejo a tratar será la pretendida gravabilidad -retroactiva al 1 de enero de 2018- de los resultados por actividades de ahorro, de crédito, financieras y de seguros o reaseguros de entidades cooperativas y mutuales. Se escuchó decir que estas entidades no tenían lucro, no siendo cierto ello pues lo que existen son restricciones en la distribución de su renta entre los participantes.