Obra pública y energía, complicadas para apuntalar la pospandemia

En el mercado dicen que una denuncia a Juan José Aranguren frenó pagos a las productoras.

El Gobierno sabe que la economía cruje. Por ahora, con los paliativos dispuestos para contener a los más necesitados aumentando los beneficios y la cantidad de beneficiarios, sumado al pago de un porcentaje de los salarios de las empresas que están en crisis pero que siguen abiertas, la sociedad está contenida. Pero el día después tiene tiempo de descuento. Y para el día después, se necesita un plan.

En el Gobierno dicen que lo tienen. Que entre los principales puntos figuran la moratoria para todos y el financiamiento a tasas subsidiadas para las empresas y los comercios en crisis. Dando vuelta la página y con el enfoque puesto en aumentar el consumo, la idea radica en mantener los planes sociales o crear alguno nuevo y apuntalar la obra pública. Otro punto es resolver los problemas energéticos, sector cada vez con más reclamos y cada vez con mayores problemas.

Pero de las palabras a los hechos siempre hay un camino. Y en este caso, el camino es complejo. Tanto la obra pública como la energía, puntales en la reactivación que piensa el Gobierno, tienen entorpecimientos que pueden retardar cualquier plan, más allá de si está bien o mal armado.

Por el lado de la obra pública, la causa “Cuadernos” aún no llegó a juicio oral. Tal situación significa que ante una posible adjudicación de una obra determinada a una empresa sospechada de corrupción pero no juzgada, ¿qué secretario o ministro aprobará la posible licitación con el riesgo de que la misma empresa tenga directivos que en el futuro sean condenados?

El otro problema es la energía. Con las tarifas congeladas desde abril de 2019 y costos crecientes, las transportadoras aseguran que necesitan o un aumento de tarifas o un subsidio del Estado para no tener dificultades y poder seguir operando con normalidad. En el mercado dicen que si esto no pasa, la cadena de pagos corre peligro de corte. Pero no es todo, porque si se cree que las productoras presionan y no se ponen en el lugar de lo que hoy significa la pandemia y sus coletazos en la economía, la situación de las productoras de energía también comienza a complejizarse. Durante la devaluación de 2018, el precio de venta del gas que entregaban a las transportadoras quedó desfasado. El Estado se hizo cargo de saldar esa deuda en 30 cuotas para no trasladar a tarifas el aumento. Pero el gobierno de Mauricio Macri pagó una sola. El ministro de Producción, Matías Kulfas, había autorizado a pagar las cuotas atrasadas, pero cuando el secretario de Energía, Sergio Lanziani, iba a ordenar los pagos, desde el Enargas, el interventor Federico Bernal denunció al ex secretario de Energía, Juan José Aranguren, por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, la autorización para el pago de las cuotas no aparece. En el mercado dicen que los funcionarios quieren evitarse juicios en el futuro. El plan del Gobierno pospandemia tiene voluntad, pero la aplicación no es tan sencilla.

En el mercado dicen que una denuncia a Juan José Aranguren frenó pagos a las productoras