Tregua Gobierno-iglesia en el frente social
El Gobierno definió en los últimos días bajar la tensión que mantenía con la Iglesia católica a causa del debate sobre la legalización del aborto, la discusión sobre las asignaciones dinerarias a obispos y la más reciente intención de modificar la ley de educación sexual, de manera de hallar en el clero un aliado para refrenar la conflictividad hacia fin de año como producto de la recesión económica, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.
El Gobierno levantó el pie del acelerador en temas que la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) veía con desagrado y, por el contrario, acudió en su búsqueda para contener el malestar social. Desde la disparada del dólar a fines de agosto, diferentes interlocutores del Gobierno procuraron reconstruir el vínculo con los religiosos, sobre todo en lo que hace al trabajo de pastoral social, es decir, de mediación entre el mundo de la política, de la economía y del trabajo.
Clausurado el debate del aborto, el Gobierno se esmeró en mostrar la Iglesia que no prosperaría una discusión sobre la ley de educación sexual integral (ESI), y limitó el tema de los aportes a una revisión del esquema de asignaciones a los obispos, donde hay incluso más voluntad y dedicación para desprenderse de los aportes directos del lado eclesial que del estatal.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue una de las más activas en recomponer la relación en Cambiemos, junto con la ministra de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley, llamando a los prelados para convertirlos en facilitadores de la asistencia social y elevar las demandas que advierten en los barrios.
Pese a la cooperación, el obispo de San Isidro y presidente del episcopado, Oscar Ojea, que no dudó en olvidar las rencillas pasadas para tender una mano, le advirtió a la gobernadora Vidal y a otros miembros del Gobierno que la Iglesia “estará siempre del lado de los más desfavorecidos”, no por una cuestión política, sino más bien “evangélica”. Tal expresión del ex presidente de Cáritas (la rama asistencial de la Iglesia) quiso poner en claro que el rebaño de Jorge Bergoglio se mantendrá inflexible en su defensa de los trabajadores e intercederá especialmente cuando se amenacen sus fuentes de trabajo.
El rol mediador de la Iglesia empezó a crecer paulatinamente en las últimas semanas, primero con un encuentro con intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, luego con un “retiro” para gremialistas y dirigentes sociales, y más recientemente recibiendo al Frente de Unidad Docente Bonaerense en la sede episcopal del barrio de Retiro.
A diferencia de otras ocasiones, donde la gestión de la agenda social estaba monopolizada en el presidente de la Pastoral Social (en otros tiempos el arzobispo Jorge Lozano, un moderado; hoy, en el jesuita Jorge Lugones, acérrimo detractor de las políticas oficialistas), la jerarquía eclesial deja a otras figuras tener vuelo propio.
El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, ex rector de la UCA y promotor de los informes con los que la institución instaló en reiteradas ocasiones los altos índices de pobreza, viene cultivando el vínculo luego de mediar en el conflicto por el Astillero Río Santiago. Días atrás, llegó incluso a predicar contra “el liberalismo extremo”, la política “reducida a las finanzas internacionales” y la economía “que apunta más a la especulación que a la producción y al trabajo”, frente a un grupo de sindicalistas.