La encerrona con el gas y la devaluación explica por qué las tasas no bajan de 70% ■ Por Guillermo Kohan

La encerrona política en la que una vez más terminó cayendo el Gobierno con el cargo extra ya fallido en la tarifa del gas para compensar la fortísima devaluación del otoño, explica en parte por qué en la Argentina la tasa de interés no puede bajar de 70%, si se quiere mantener el dólar quieto y la inflación controlada. Tasas que superan 100% si se capitalizan los intereses, y que suman y siguen cuando se trata de descontar cheques o financiar consumos con tarjeta de crédito.

El episodio del gas enseña muchas cosas de la vida política y económica de la Argentina actual, y advierte sobre los riesgos y las restricciones políticas que enfrenta el presidente Macri para cumplir el ajuste ya sin gradualismo. Si era difícil acometerlo cuando llegó al poder en diciembre de 2015 y tampoco se logró tras el amplio triunfo electoral de 2017, hoy luce muy cuesta arriba.

Los mercados se inquietan porque el apoyo del Fondo Monetario Internacional y los dólares del único que le presta al país están condicionados a este ajuste inexorable del Doble Cero: equilibrio presupuestario a rajatabla y prohibida la emisión. Los que piden el flan de no pagar la devaluación por el gas consumido y que se haga cargo el Estado, desafían el corazón del programa económico acordado con el FMI.

La compensación por la disparada del dólar a la que tienen derecho las petroleras, es la misma compensación que todo el país también le reclama al Gobierno por la misma causa y con los mismos derechos. Todos reclaman por salvarse de la devaluación, y en esa puja distributiva tiene mucho para perder el Estado y ciertamente los privados. Claramente la devaluación aumenta el reclamo de pesos al Estado: más salarios, más planes, más jubilación, más subsidios, más intereses de la deuda, más obra pública, más y más pesos en las puertas del año electoral. Y como está supuestamente está prohibida la emisión y el déficit tiene que ser cero, un mayor gasto exigiría un ahorro en otro lado (nunca se vio) o seguir subiendo los impuestos, por ejemplo las retenciones como vuelve a proponer la UCR.

La incertidumbre se paga con Leliq al 73%, acumulada más de 100% si se capitalizan todas las semanas los intereses.

Claro que si no se logra en el mediano plazo bajar las tasas porque cuesta creer que se pueda cumplir el ajuste, se puede resentir todavía más la economía, impactar en la recaudación, poner en peligro el equilibrio fiscal y generar una bola de nieve de deuda en el Banco Central que todos los argentinos saben que termina, tarde o temprano, en más devaluación.

Los mercados entienden todo: se planchó el dólar por las supertasas y la aspiradora de pesos en el BCRA, pero cayeron fuerte las acciones y los bonos siguen pesados, con el riesgo país arriba de 600 puntos cómodo. Ayuda Bolsonaro, y Trump compensa entre la ayuda del FMI y la suba de tasas. El problema está adentro, no afuera del país.

Volviendo al tropiezo del Gobierno con las tarifas del gas, caben otras consideraciones no menos interesantes de cara al futuro económico y político. Veamos:

* Despistó en la carrera por el gas Javier Iguacel, uno de los pilotos más audaces y eficientes que mostraba la administración Macri entre los Ceos incorporados a la gestión pública. Había tenido una impecable gestión en Vialidad, pero le tocó la complicación de tener que suceder a Juan José Aranguren en el medio de la tormenta por la devaluación y la disparada del precio del petróleo.

* En efecto, la correcta decisión de recomponer la inversión en la generación de energía y la necesidad de reducir los subsidios al consumo determinaron una política energética muy audaz, que le reconocía a las productoras de gas y petróleo precios en dólares incluso por encima de los internacionales para que desarrollaran como lo hicieron Vaca Muerta. Todo pensado para un país con estabilidad monetaria y del dólar, y con las regulaciones de los años 90 cuando regía el 1 a 1. A Iguacel le estalló la Doble Nelson: treparon 50% los precios del petróleo y tras cartón el peso se devaluó otro 50%. Así las naftas se fueron a 45 pesos el litro, y las tarifas de gas y luz tenían que ajustarse ya no solamente por el retiro gradual de subsidios que continúa, sino por el efecto del aumento en el precio del dólar. Mucho peor, si ese precio aumento de 20 a 40 pesos en 90 días. Como la nafta se paga al contado y el gobierno recauda como nadie en los surtidores, allí el impacto de la devaluación se traslada al consumidor todos los días. En el caso de la luz y sobre todo el gas, se consume primero y se paga después, a la vez que los años y años de tarifas políticas impiden a los Gobiernos sincerar los precios. De hecho, el aumento ya impuestos entre 35% y 50% para el gas a partir de octubre, es una pesificación encubierta porque las tarifas, de aplicarse los contratos que ahora se esgrimían para imponer el ajuste retroactivo, deberían haberse ajustado por encima de 70%. ¿Y la diferencia? Dios dirá.

* Una vez más falló la comunicación del Gobierno, aunque esta vez no se lo puede responsabilizar a Marcos Peña que ha liberado a los ministros y secretarios para que hablen por las suyas. Pero no acertó Iguacel en su rally mediático tal vez porque la discusión esta vez no era sobre la necesidad de aumentar las tarifas por retiro de subsidios y alentar inversiones. La gente en general ya lo aceptó, las facturas se multiplicaron por 10 desde los valores ridículos de 2015, y el propio Iguacel había moderado el ajuste. El punto ahora era sobre los efectos de la fuerte devaluación, lo que más le duele al Gobierno por su responsabilidad en el caso, y si se puede aplicar un aumento retroactivo sobre un consumo ya realizado y ya pagado. Está claro que esa parte de la legislación vigente de los años ‘90 pensada para el 1 a 1 debería modificarse.

* En el fondo, la respuesta que hubiera sido interesante conocer de los jueces en este conflicto por el gas pasa por quién es finalmente el verdadero responsable de la estabilidad de la moneda o de devaluarla. Incómoda situación para el secretario de Energía, que en lugar de fastidiarse con la sociedad que protesta por la solución que propuso al problema y que tuvo que retrotraer, debería cuestionar a sus colegas de gabinete, sobre todo a los que estuvieron antes que él con responsabilidad en el área y el manejo económico y financiero.

* Volvieron a ser los socios políticos del macrismo quienes obligaron a Presidente a dar marcha atrás con el gas. En público los radicales y en privado, decisivo, la implacable Elisa Carrió. El desafío público de la líder de la Coalición Cívica al Presidente alarma al mundo económico. Por ahora esta dirigente viene bancando el ajuste, pero se supo este fin de semana que fue ella la que expulsó del Gobierno al ex ministro Aranguren, precisamente por su manejo con las tarifas. Sus recientes reclamos al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, por subsidios a las pymes chocan contra la política del Banco Central. El fastidio de los radicales no se apaga con la decisión de anular el cargo retroactivo al gas. Exigen más participación en las decisiones que adopta el Gobierno en materia de impuestos y tarifas recelan de la rapidez con la cual el Presidente responde para desactivar los piquetes políticos que le prepara Elisa Carrió.

* La batalla por el cargo retroactivo en el gas aumentó los recelos entre La secretaría de Energía, el ministerio de Economía y la conducción de YPF. En verdad, la petrolera estatal es la principal proveedora de gas con más de 50% de los contratos, y es la primera que reclamó que se le pague por el gas despachado el dólar a 38 pesos y no a 22. Tampoco acepta la conducción profesional de Miguel Gutiérrez pisar los aumentos de las naftas cada vez que sube el petróleo y/o el tipo de cambio.

YPF está muy endeudada y los precios políticos impactan en el balance y en el valor de la acción, cada vez más lejos de la recuperación de Petrobras, hoy nuevamente la estrella de los mercados por el efecto del triunfo de la candidatura de Jair Bolsonaro.