Con cautela, las empresas se acomodan a la nueva normativa del Banco Central
Hay expectativa por una reunión prevista para mañana entre firmas del sector y las autoridades. También por un decreto del Ejecutivo, que le daria margen a la AFIP para intervenir en las operaciones de las billeteras
Las nuevas regulaciones al sector fintech instauradas por el Banco Central la semana pasada, sorprendieron a una parte de esta industria, que si bien esperaba un avance del Gobierno en esta materia, ahora tiene cierta premura por ajustar sus operaciones para cumplir con el plazo establecido por la norma. La expectativa está puesta en lo que suceda en una reunión prevista en Reconquista 266 mañana y en las novedades que puede introducir un decreto del Ejecutivo en los próximos días, que facultaría a la AFIP a obligar a estas billeteras a pagar el Impuesto a los Créditos y Débitos.
El jueves pasado, el Directorio de la entidad conducida por Miguel Pesce, presentó una serie de nuevas normas que básicamente modifican el
El Banco Central ahora obliga a las billeteras a depositar los saldos de sus clientes en una cuenta bancaria
Esto es visto como un “traspaso de valor agregado” de las fintech, que deberán volcar su liquidez a un banco
accionar de las billeteras virtuales, o Proveedores de Servicios de Pagos (PSP), según su nombre técnico.
Si bien estos PSP apenas suman a 10 empresas que operan dentro del territorio nacional, de las más de 220 que forman parte de la Cámara Argentina de Fintech; por la cantidad de usuarios que nuclean y los montos de dinero que manejan, resultan de las compañías más relevantes del sector.
La principal novedad que la regulación del Banco Central les impone es la obligación de depositar los saldos de sus clientes en una cuenta bancaria a la vista, donde puedan estar disponibles el 100% del tiempo. Esto supone un cambio de timón desde el punto de vista financiero para estas empresas: hasta ahora esa liquidez podía volcarse a cualquier instrumento disponible en el mercado, pero a partir de esta disposición del Central sólo podrán ser invertidos en una cuenta remunerada. Además de representar un menor rendimiento para estas carteras, implica un traspaso del valor agregado que generaron las empresas de tecnología financiera a la banca tradicional.
Mientras los bancos, impulsores en cierta medida de estos nuevos controles tras haber reclamado hace poco más de seis meses a las autoridades que “nivelen la cancha” para sus nuevos competidores tecnológicos, se mantuvieron “mutis por el foro” y prefirieron no responder las preguntas de este diario, en los PSP hubo opiniones de lo más variadas.
En algunas compañías con presencia regional se analizaron los casos de otros países, que serán presentados como antecedentes a tener en cuenta ante el Banco Central en una reunión que está prevista para mañana. “Nos parece racional la norma del Central, que pone en el centro cuidar los ahorros de los consumidores, pero creemos que es clave la experiencia en otros países, que seguramente las autoridades del BCRA ya conocen, pero que les contaremos en esta instancia de diálogo”, dijo un ejecutivo.
El viernes por la tarde, el sector de legales y tesorería de una de las compañías analizó exahustivamente la nueva normativa local, a la luz de lo que otros bancos central de Latinoamérica ya habían reglamentado. “En Brasil, por ejemplo, hay un menú entero de opciones en las que las fintech pueden volcar su liquidez, que no está atada solamente a los bancos”, recordó una de las personas que participó de esa comitiva.
Uno de los puntos que preocupa a las empresas es el plazo que se estableció por la Comunicación A 6859: desde el jueves pasado corrían apenas 20 días calendario para modificar sus operaciones. “Si bien lo que pide el Banco Central es razonable y no requiere ajustes demasiado grandes, vamos a pedir que se prorrogue esa fecha, porque son cambios que implican desarrollos tecnológicos, notificaciones a otros partners y modificaciones de ciertas alianzas comerciales”, explicaron en la compañías.
La nueva norma del Central fue bien aceptada dentro del sector, pero reclaman “más diálogo”