Otro decreto eleva la presión sobre el balance de las compañías que dan servicios públicos
Prohibición. Se dispuso que no podrán cortar la prestación a usuarios vulnerables que tengan hasta seis facturas impagas
El Gobierno emitió el fin de semana un nuevo decreto de necesidad y urgencia, que amplía una disposición emitida a comienzos de la pandemia. Se trata de la prohibición de cortar el servicio a aquellos usuarios que tengan hasta seis facturas impagas (hasta el momento alcanzaba solo a tres).
La novedad es que en esta ocasión incluye a las empresas que prestan telefonía celular, internet y TV paga, cuya actividad está ahora bajo la tutela del Estado. Si bien el beneficio está contemplado para beneficiarios de la ANSES, jubilados, monotributistas y asalariados que perciban menos de dos sueldos mínimos, incluye a las pymes que se encuentren en situación de emergencia, cooperativas de trabajo e instituciones de salud. La decisión pone nuevas dudas sobre sus flujos de ingresos, alcanzados ya por la falta de actualización tarifaria y el aumento de la mora que registraban hasta el momento.
El Gobierno extendió a las empresas la prohibición de cortar el servicio a los clientes con facturas impagas, y tensó aún más la relación. Esta determinación alcanza a los servicios de energía eléctrica, gas, agua, telefonía fija o móvil e internet y TV paga.
Si bien esta posibilidad ya estaba hablada con las compañías, esto no quiere decir que los efectos de la medida no vayan a afectar a sus números.
“Todo esto genera un desequilibrio muy importante en los balances. Es dinero que estaba previsto ingresara para este año, pero que finalmente no lo hará. Sin dudas las cuentas no serán las mismas que las que estaban planeadas”, sostuvieron a Elcronista desde una de las principales empresas de servicios.
En este sentido, dependiendo del rubro, el índice de morosidad en tiempos prepandemia suele ser de alrededor de un 10% del total de los usuarios. Hoy, con la crisis económica de por medio y la imposibilidad de cortar los servicios, esa cifra se duplicó, -en promedio de las firmas de servicios- y solo entre el 75% y el 80% de los clientes tiene sus cuentas al día.
Algunas compañías, sin embargo, muestran cifras algo más optimistas.
Esa tasa de morosidad es importante, aunque cuando arrancó la cuarentena apenas entre un 35% y 45% de los usuarios abonaba sus facturas antes de la fecha de vencimiento.
“Esta medida vuelve aun más urgente algún tipo de solución por parte del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de los servicios esencial en período de cuarentena. Sin recursos asociados, pone aún más en riesgo sectores vitales para la sociedad y la economía”, apuntaron desde otra de las empresas consultadas.
Hoy, en algunas compañías saben que varios de ellos deberán pasar al rubro de incobrables, por lo que se espera un importante índice de litigiosidad entre usuarios y prestadores, mientras las firmas ya tienen diseñados planes de cuotas para quienes no estén al día.
La prohibición de cortar el servicio a morosos se estableció en marzo pasado a través del decreto 311/20 en el marco de la emergencia por la pandemia del coronavirus, y ahora estará vigente hasta el 31 de diciembre próximo.
Incluso, ahora se extendió de seis a siete la cantidad de facturas impagas que se pueden acumular, una cifra que en tiempos precoronavirus era de tres.
Según detalló el Gobierno, “se extiende también hasta fin de año la obligación de las empresas de telefonía fija o móvil, internet y TV paga de mantener un servicio reducido en caso de falta de pago”.
Todo esto se da en medio de un contexto de una relación tensa entre el Gobierno y las empresas de servicios. Por un lado, hace algunos meses se impulsó una avanzada contra la eléctrica Edesur, que muchos entendieron como una búsqueda por sacarla del mercado argentino.
En tanto, al servicio de las empresas de telefonía celular, Internet y TV por cable se los catalogó como “esenciales”, por lo que se determinó que sus costos deberán permanecer son modificaciones hasta el 31 de diciembre próximo.
Algo similar ocurre con las tarifas de gas, sin variantes desde abril de 2019, una situación que se intentó revertir pero que resultó imposible luego de que el Gobierno dictara la Ley de Emergencia.
Según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, la semana pasada, para 2021 se dispondría, a grandes rasgos, de un sistema de actualización de tarifas regido por el movimiento inflacionario, aunque con tarifas especiales para aquellos hogares que no estén en condiciones de hacer frente a esos costos.
Las empresas dicen que esta medida genera un desequilibrio importante en sus resultados anuales
Se espera un índice de litigiosidad importante una vez que finalices el período dictado por el Gobierno