Presionan a las constructoras por las garantías para el plan PPP
Ante la imposibilidad de presentar el cierre financiero, los concesionarios advierten que la aplicación de las cláusulas los llevaría a la quiebra. Contra reloj, aún hay margen para una solución consensuada
El lunes vence el plazo para presentar el financiamiento con el que deberían apalancar las obras comprometidas. Si no lo hacen, los contratos caerán y el Gobierno podría ejecutar las garantías comprometidas.
La historia de los contratos para obras viales bajo la modalidad de Participación Público-privada (PPP) está recorriendo las últimas 96 horas, en un escenario de dura pulseada entre el Gobierno y los concesionarios de los corredores A, B, C y Sur.
El 30 de noviembre vencerá el plazo otorgado por el Poder Ejecutivo para que los consorcios privados presenten el cierre financiero, para apalancar las obras comprometidas en contratos a 15 años. Hasta ahora no hubo avances y ya casi no hay tiempo material para hacerlo.
Fuentes oficiales sostienen que “la extensión del plazo está atado a los contratos y no permiten una prórroga”. Así, para el Gobierno “hoy la pelota está 100% del lado de las empresas”.
Por eso, si de acá al lunes no hay fumata blanca, a partir del martes 1 de diciembre el Poder Ejecutivo estará habilitado a dar por caídos los contratos y pedir la ejecución de las garantías que cada uno de los consorcios constituyó al momento de presentar sus ofertas.
El corredor A fue adjudicado a Paolini, Vial Agro, INC Spa ( Italia); el corredor B a CCA ( China), junto a Green S. A; mientras que el C fue para José Cartellone Construcciones Civiles y el corredor Sur a Rovella Carranza S.A, JCR S.A., MotaEngil (Portugal).
Entre los cuatro consorcios suman unos u$s 450 millones en garantías, que hoy penden como una espada de Damocles sobre las cabezas de las empresarios. “Ninguna empresa constructora puede aguantar la ejecución de una garantía de 100 o 120 millones de dólares”, aseguró a este diario una fuente cercana a la negociación.
Éste es uno de los mayores temores en una industria que comienza a salir del parate. Durante la celebración por el Día de la Construcción, Iván Szczech, titular de la Cámara Argentina de la Construcción, buscó abonar el camino de una solución consensuada con los contratos PPP viales.
“Sabemos de la decisión del gobierno de no continuarlos, pero solicitamos que las negociaciones finalicen en buenos términos, en equilibrio, y con la adhesión de ambas partes, a fin de evitar conflictos y graves perjuicios totalmente innecesarios para las empresas y el país”. Todo un mensaje.
Las empresas buscan al menos “un resarcimiento” por los gastos generados vinculados al contrato y para constituir las empresas, como capitalización, garantías bancarias, estructuración financiera, consultoría técnica y jurídica, movilización de obras, instalación de obradores, canteras de suelo y piedra triturada, amortización de vehículos y hasta la indemnización de trabajadores que ahora podrían despedir.
Los consorcios afirman que no pretenden ganar dinero pero sí que les paguen lo que pusieron hasta ahora. Según fuentes confiables, el Gobierno hizo una oferta de pago pero estaría muy lejos de lo un que pretenden los consorcios. Sin detalles sobre los montos reclamados, en el sector estiman que la cifra ronda los u$s 100 millones entre los cuatro grupos adjudicatarios. Esto representa un 2% de Capex (gastos de capital).
En cuanto a las inversiones realizadas hasta la fecha, se
Es imposible aguantar la ejecución de una garantía de u$s 100 o 120 millones, admitió una fuente empresarial
fueron cobrando a través de títulos públicos de inversión (TPI), que son títulos a largo plazo, por lo que en este punto no hay reclamos cruzados.
Sobre el desenlace del tema, los empresarios argumentan que en un contexto de extrema vulnerabilidad macroeconómica desde 2018, sumado al default de la deuda soberana en 2020, fue imposible avanzar en el cierre financiero por “razones ajenas a las empresas”.
Ésta fue la piedra en el zapato que derivó en esta pulseada de resultado aún incierto. Y que podría terminar con demandas en los tribunales, locales y en el Ciadi, en el caso de las empresas extranjeras.