Gobierno y Corte disputan ahora el rumbo del Consejo de la Magistratura
Al mediodía jurarán los legisladores que restan para componer el órgano encargado de administrar la Justicia. La Casa Rosada y el kirchnerismo apuntan a diluir el poder del supremo Horacio Rosatti.
En el cuarto piso de los Tribunales, los jueces de la Corte Suprema tomarán en el mediodía del jueves el juramento a los dos integrantes que restan para culminar de componer el Consejo de la Magistratura bajo la composición dispuesta por el máximo tribunal al anular la reforma de 2006.
Con la jura del senador rionegrino Martín Doñate, del bloque oficialista, y la diputada radical por Santa Cruz, Roxana Reyes, el órgano encargado de nombrar, sancionar y remover jueces federales, así como administrar la millonaria caja, quedará en condiciones de funcionar, una vez descartada en tribunales la objeción que hiciera el senador Luis Juez.
Pasada la ceremonia breve y sin lugar para discursos, las miradas estarán puestas en la primera reunión de labor del cuerpo ahora integrado por 20 miembros para definir el reparto de las comisiones y poner en marcha el organismo. Con el regreso del presidente de la Corte Suprema al Consejo, Horacio Rosatti, en calidad de titular del cuerpo colegiado, existe cierta expectativa por conocer qué posiciones buscará ocupar, y si acaso intentará dominar comisiones clave, como las de Disciplina y Acusación, donde se juega la continuidad de los magistrados en sus cargos. ¿El presidente de la Corte liderará los espacios donde se diriman las nominaciones, o los que determinen un jury de enjuiciamiento? La próxima semana se develará la incógnita.
Aunque el fallo que echó por tierra la composición votada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner se fundamentó en la necesidad de equilibrar la composición de los estamentos y limitar la injerencia de la política, todas las fuentes judiciales entienden que hay una marcada polarización entre un sector afín al Gobierno y otro netamente opositor.
De los 20 integrantes, el oficialismo identifica a nueve de ellos como propios. Son el representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz; la diputada y dirigente judicial Vanesa Siley; los senadores Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara, y ahora Doñate; el juez federal Alberto Lugones; el exrector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, la abogada María Fernanda Vázquez, y Pamela Tolosa.
Una vez más, desde el Congreso le marcaron la cancha al presidente Alberto Fernández. En medio de la escalada inflacionaria, un grupo de diputados, con Hugo Yasky a la cabeza, presentaron un proyecto de resolución para que las jubilaciones docentes se actualicen con mayor frecuencia.
En la vereda de enfrenta se hallan la senadora Silvia Giacoppo (UCR), el diputado Pablo Tonelli (PRO), los abogados Carlos Matterson, Diego Marías y Jimena De la Torre; los jueces Culotta y Recondo, y la jueza Agustina Díaz Cordero.
Corridos de esa “grieta”, aparecen la diputada Graciela Camaño y el titular de la Corte, Horacio Rosatti. Necesitando dos tercios para aprobar las decisiones más importantes, en el ámbito judicial ven que será necesario construir mayorías y ven, a priori, voluntad del juez Rosatti de llegar a acuerdos y dejar fuera de la mesa oval del Consejo las identificaciones políticas o partidarias. Así entienden que el cortesano buscará poner paños fríos al enfrentamiento
Primero fue Máximo Kirchner, al pedir que se adelante el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Después lo hizo la bancada oficialista en el Senado -que no actúa sin el previo aval de Cristina Kirchner- impulsando una moratoria previsional. Más tarde, el propio Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que le solicitó al ministro de Economía, Martín Guzmán, la suba del mínimo no que tiene con el Poder Ejecutivo, y prueba de ello fueron las pocas acciones desde su desembarco en el Consejo, que salieron con amplia mayoría.
Pese a estas intenciones, el ministro de Justicia, Martín Soria, recibió el martes al senador Martín Doñate para replantear el abordaje que el Gobierno pretende hacer en este organismo, de acuerdo a cómo quedaron barajadas las piezas. Al término de ese encuentro, sostuvo que el Consejo de la Magistratura enfrenta una “crítica situación”.
En el Gobierno se preparan para dar batalla en este tablero diseñado en Tribunales, habida cuenta de la dificultad para hacer ley el proyecto con media sanción del Senado que corre a los supremos del Consejo.
El órgano que nomina y sanciona a jueces no podrá funcionar sin acuerdos que rompan la polarización política
imponible del impuesto a las Ganancias.
Ahora fue el turno de un grupo de diputados oficialistas de extracción sindical, encabezados por el también secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que relaman al Ejecutivo que los aumentos contemplados en la Ley Nacional de Jubilación Docente se produzcan cada tres meses y no cada seis, como ocurre en la actualidad.
Los argumentos que dieron los diputados oficialistas giraron en torno a la inflación. Recalcaron que la canasta básica alimentaria treparía en abril a $ 46.600. “Con esto alcanzó el mismo monto que con el adelantamiento del salario mínimo recién se logrará en junio. Hacen falta medidas para que esta carrera no se vuelva cada vez más en contra de nuestra gente”, adujeron.