Sube la luz y el Gobierno espera ahorrar u$s 115 millones en subsidios Licitan cupo para nuevas inversiones en energías renovables
El Gobierno oficializó ayer una suba de tarifas eléctricas a nivel nacional para hogares, comercios e industrias. Es de un 14% promedio y permitirá un ahorro fiscal hasta abril
El Gobierno oficializó ayer el aumento de las tarifas de luz para los hogares, comercios e industrias de todo el país, que ronda el 14% y se aplicará a partir de los consumos de febrero. La medida es consecuencia de la continuación de la segmentación de los subsidios a las tarifas, que todavía no terminó.
El objetivo del dictado de la Resolución 54/2023 de la Secretaría de Energía es bajar el gasto público en subsidios y acercarse a la meta fiscal comprendida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es un déficit primario equivalente a 1,9% del Producto Interno Bruto (PIB).
La suba de la luz es de aproximadamente un 14% en promedio, con porcentajes más altos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano (Área Metropolitana de Buenos Aires -AMBA-, donde tienen concesión Edenor y Edesur) y más bajos en el Interior de la Argentina. Esto implicaría un incremento de las boletas de entre unos $ 250 a $ 300 por mes.
Según una estimación del economista Julián Rojo, director del Departamento Técnico del Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi, el ahorro fiscal en subsidios rondaría el equivalente a unos 115 millones de dólares entre febrero y abril, o unos $ 23.000 millones en estos tres meses.
El impacto será más fuerte en el AMBA ya que las tarifas de la distribución pesan menos sobre la cuenta global. Un 60% de las facturas de los usuarios de Edelacionados nor y Edesur se corresponde con el precio estacional de la energía (sobre el que el Estado nacional aplica los subsidios), mientras que cerca de 15% es por el transporte y la distribución eléctrica y un 25%, los impuestos.
El incremento para los usuarios residenciales comprende a los niveles 1 (ingresos o patrimonios altos), 2 (ingresos bajos y tarifa social) y 3 (ingresos medios) de la segmentación de tarifas.
Los aumentos de tarifas re
a la segmentación no terminarán ahora, ya que los usuarios de nivel 1 seguirán contando con un 29% de subsidios sobre el costo estimado de la energía y no pagarán el precio pleno de la electricidad. Esta es una sorpresa, ya que el FMI señalaba la necesidad de eliminar los subsidios a los segmentos altos de la población.
Además, los usuarios de ingresos bajos tendrán un aumento no superior al 20% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2022, cuando estaba previsto que fuera del 40%. Este beneficio del Gobierno se reflejará en subas no mayores al 1520% para este segmento de los hogares.
A priori, este aumento de la energía no alcanzaría por sí solo para cumplir con la meta de bajar los subsidios en 0,6 puntos porcentuales del PIB, tal lo pactado con el FMI.
La apuesta oficial es que eso sucederá con la baja de los precios internacionales de la energía (menor monto de importaciones de gas licuado) y la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner en el invierno.
El Gobierno lanzó ayer una convocatoria para presentar manifestaciones de interés en inversiones en pequeños proyectos de energías renovables y almacenamiento con baterías. Esta es la primera licitación de renovables en los últimos tres años (desde que asumió Alberto Fernández como presidente) y podría atraer desembolsos de empresas del sector privado por unos 500 millones de dólares.
El total de las propuestas aceptadas no va a sumar más de 620 megavatios (MW) de potencia en zonas donde el sistema eléctrico tiene capacidad ociosa de transporte y serán prioridad aquellas ofertas que representen “opciones innovadoras de desarrollo de tecnologías y con significativo impacto local”, dice la Resolución 36/2023 de la Secretaría de Energía.
La convocatoria abarca a 20 provincias, excepto la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y busca diversificar la matriz eléctrica renovable con inversiones en biomasa, pequeños parques eólicos con almacenamiento, pequeños parques solares simples y con almacenamiento, biogás, biogás de relleno sanitario y pequeños aprovechamientos hidráulicos (menores a 50 MW).
Los precios máximos de adjudicación serán de entre 80 y 190 dólares por megavatio-hora (MWH) según el tipo de tecnología y el Gobierno puso un plazo de hasta cuatro años para la construcción de las centrales.
La medida busca la reactivación de las inversiones en energías renovables con el fin de sustituir “generación forzada”, que es la producción con máquinas poco competitivas por su alto costo variable pero que operan en contexto de restricciones de oferta.
El impacto del incremento será de un 18% promedio en las facturas de la Ciudad y el Gran Buenos Aires