El Gobierno condiciona una limitada reactivación de la obra pública al futuro legislativo de las reformas

Esperará a ver el resultado de la Ley Bases y el apoyo de los gobernadores. Entiende que hay proyectos que “no tiene razón de prosperar” y que los fondos previstos “son excesivos”

El Ejecutivo quiere ver el comportamiento de los gobernadores. Habrá una evaluación de costos para definir qué proyectos son viables La deuda que reclama el sector por trabajos que quedaron paralizados tras el cambio de gestión casi supera los $ 400.000 millones

Los empresarios de la construcción siguen a la espera de definiciones sobre el destino de la obra pública. El freno que le puso el Gobierno a todos los proyectos frenó su flujo de ingresos y multiplicó la deuda con el Estado. La perspectiva que tienen hacia adelante es igual de pobre. El Ejecutivo quiere contar primero con la Ley Bases y el paquete fiscal para poder recalcular los recursos con los que contará en el segundo semestre. Al mismo tiempo, los funcionarios del área hicieron saber que todos los planes deberán pasar por nuevos filtros, ya que algunos tenían costos excesivos y otros no estaban debidamente justificados. En el medio, la sanción de la Ley Bases viene complicada, con alta chance de que regrese a la Cámara de Diputados.

El panorama actual de la construcción es malo y lo que viene no será mucho mejor. El presidente Javier Milei siempre sacó a relucir el argumento de que “no hay plata” y que uno de los pilares de su gestión sería el déficit cero, por lo que decidió ajustar en varios segmentos, entre ellos la obra pública, que hoy está freezada y, no hay demasiado apuro por mejorar el ritmo.

Las conversaciones entre el sector y el Gobierno existen, aunque prácticamente se hacen de forma burocrática. Hoy la construcción reclama una deuda que en lo que va de la gestión libertaria no hizo más que crecer, y ya casi supera los $ 400.000 millones.

De todos modos, el foco ya no está puesto solo en ese rojo, sino que además la preocupación pasa por la falta de previsibilidad respecto de cómo se solucionará el conflicto.

Es que los referentes de la construcción reciben siempre el mensaje: que el tema deuda se tratará, aunque sin un cómo ni un cuándo. Según pudo saber El Cronista, el Gobierno no tiene un plan 100% cerrado que indique cómo sigue el capítulo construcción en general, aunque sí hay -al menos hoy- algunas certezas.

Está claro, por ejemplo, que el caudal de obra pública que se venía dando hasta el año pasado no volverá, aunque sí se saldría del nivel cero en el que se encuentra actualmente. Aunque lo que todavía no es posible saber es cuál será ese crecimiento.

Lo que se hará es una suerte de “curaduría” de los trabajos que estaban en carpeta -e incluso de algunos que ya habían arrancado- y ver qué es viable y que no. Y aquí se aplicarán tanto criterios económicofinancieros como de “necesidad real” o políticos de destinar fondos a determinadas obras.

Aquí, sin dudas, se abrirá un nuevo capítulo de discusiones con los gobernadores, que desde hace meses vienen reclamando dinero para llevar adelante distintos trabajos.

SIN APURO

Lo que no tiene hoy el Gobierno es apuro por resolver ni el tema de la deuda con las constructoras ni el progreso de la obra pública en general. Incluso, lo que marcaría un punto de inflexión es la suerte que corra la Ley Bases en el Congreso, que en caso de que se apruebe le daría al oficialismo claridad respecto de los márgenes sobre los que se podrá mover.

Recién a partir de allí analizarían los pasos a seguir, aunque la realidad es que el Gobierno no siente la necesidad de correr para llegar a una solución. “Mucho de esto dependerá de la relación con las provincias y el apoyo que reciban en el Congreso”, sostuvieron las fuentes consultadas, y agregaron que “hoy es imposible determinar cuáles podrían continuar en pie y cuáles no”. “Se aplicará un filtro fuerte”, comentaron las fuentes.

QUÉ OCURRIRÁ CON LAS DEUDAS

En cuanto a las deudas con las constructoras en particular, las precisiones son pocas. El Gobierno no desconoce que hay una deuda, pero tampoco le pone fecha ni modalidad a la cancelación.

Antes de pagar, incluso, se podría encarar una revisión de las cuentas, y determinar -según los parámetros oficialescuál es el monto de la deuda “real” que se debe cubrir. Para el resto, es decir la que sí se considere ejecutable, habrá que ver cuál es el plan de pagos que se implementa.

En el Gobierno consideran que mucho del dinero pautado para determinadas obras es “excesivo o se destinó a obras que no están justificadas correctamente”, por lo que allí se espera que se comiencen los nuevos roces con los gobernadores. Para esos casos, se volverá a la idea de que las obras deben ser encaradas por privados.

En el último informe del Indec mostró la foto de marzo, y apunta que la actividad se retrajo 42,2% interanual y 14,2% respecto de febrero. La misma tendencia negativa se había dado también ese mes, con una caída del 24,6% respecto a igual mes de 2023, y una baja acumulada en el primer bimestre de 2024 de 23,1% respecto a igual período de 2023.

El escenario negativo también se ve si se toma en cuenta el último informe del Grupo Construya, que muestra que en abril la venta de insumos para la construcción registró una caída del 33,2% interanual.

El sector de la construcción reclama una deuda que crece y ya casi supera los $ 400.000 millones

Se hará es una suerte de “curaduría” de los trabajos y se analizará qué se considera viable y qué no

Según el Grupo Construya, en abril la venta de insumos para la construcción cayó un 33,2% interanual