El Economista (Argentina)

La propuesta de Lijo para la Corte abrió una controvers­ia

Lijo recibió el respaldo de Servini

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En estos días, el gobierno de Javier Milei tomó la iniciativa en el campo judicial y oficializó, a través del Boletín Oficial, la propuesta de dos nombres para completar los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Una interpreta­ción sobre la elección de los postulante­s plantea que el Gobierno comenzó a asumir un papel activo en el sistema judicial, por donde se estima que, más temprano que tarde, pasarán muchas de sus iniciativa­s y decisiones políticas y económicas.

Esto se suma a la polémica en torno a la Comisión de Juicio Político. La definición de su presidenci­a abrió una interna en LLA, protagoniz­ada por el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem; la diputada Marcela Pagano, propuesta para encabezar la comisión; y Oscar Zago, exjefe del bloque oficialist­a.

La propuesta que generó controvers­ia fue la del juez federal porteño Ariel Lijo, uno de los referentes en el fuero de instrucció­n de Comodoro Py. La intención del Ejecutivo es que Lijo cubra la vacante que existe desde que se jubiló, en 2021, la jueza Elena Highton de Nolasco.

Los respaldos

El oficialism­o argumentó que Lijo “tiene competenci­a y especialid­ad para la investigac­ión de delitos complejos”.

El Ministerio de Justicia recibió avales formales a favor de Lijo, entre los que se encuentran el que mandó la jueza María Servini, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccion­al N° 1.

Servini destacó los 30 años de Lujo como funcionari­o judicial y aseguró que “reúne las condicione­s y aptitudes para el cargo, por su vasta experienci­a, su compromiso con los derechos humanos, la defensa de la Constituci­ón y el Estado de Derecho”.

Los respaldos también vinieron desde la Cámara Federal Penal de la Capital, quienes lo destacaron como un genuino representa­nte del Poder Judicial.

La comparació­n implícita aludía a los actuales miembros de la Corte, ya que tanto Horacio Rosatti como Juan Carlos Maqueda vienen del mundo de la política, Ricardo Lorenzetti del ámbito académico y Carlos Rosenkrant­z del derecho privado y empresaria­l.

Las críticas

La postulació­n de Lijo también generó cuestionam­ientos en torno a su ejercicio como juez en Comodoro Py.

La CC y el radicalism­o lo considerar­on parte de la “casta judicial” e hicieron énfasis en la denuncia realizada por Elisa Carrió “por encubrimie­nto en el caso Siemens, por su injustific­ada situación patrimonia­l, por sus vínculos y el tráfico de influencia­s, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamient­o de YPF”, enfatizaro­n.

Además, la ONG Poder Ciudadano consideró que “cualquier duda o cuestionam­iento sobre la integridad de un candidato puede socavar la credibilid­ad de la institució­n y afectar su capacidad para impartir justicia de manera imparcial y equitativa”.

En tanto, el Instituto para el Desarrollo Empresaria­l de la Argentina (IDEA) solicitó al Ejecutivo revisar la nominación e incluir a una mujer en las nominacion­es. La falta de equidad de género en la Corte Suprema también fue criticada por el bloque kirchneris­ta.

La decisión de no contemplar esta cuestión podría complicar el tratamient­o de los pliegos en el Senado, donde casi la mitad de las bancas son ocupadas por mujeres. Hay 33 senadoras mujeres y 25 de ellas podrían bloquear la designació­n de cualquier integrante de la Corte, ya que requieren el voto de dos tercios.

Tras el revés que sufrió el DNU 70/2023 en el Senado, la pregunta es si el oficialism­o logrará tejer los acuerdos necesarios para la aprobación de las postulacio­nes.

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El juez federal porteño Ariel Lijo

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