El problema de “dibujar” un escenario de estabilización
Con la pax cambiaria de diciembre, con una brecha que volvió al 75% desde el 130% de fines de octubre y la inflación acelerándose al 4% mensual, el gobierno avanzó en una seguidilla de decisiones de política para contener la dinámica de precios.
En la previa a fin de año anunció que cerraba el registro de exportaciones de maíz hasta fines de marzo para asegurar el abastecimiento de la cadena cárnica, lo que le abrió un foco de conflicto con el campo. Foco de conflicto que al cierre de esta columna intenta suturar negociando la reapertura de los registros con un acuerdo de abastecimiento local.
En el primer día del año se conoció que, por segunda vez en dos meses, se daba marcha atrás con el aumento autorizado a las prepagas para febrero del 7%. Pero, a diferencia de la anterior, esta vez la medida ya estaba publicada en el Boletín Oficial, por lo que para dar marcha atrás con la suba se tuvo que avanzar con una nueva resolución. Vale recordar que en 2020 las cuotas de las prepagas subieron solo un 10% frente a una inflación del 35% y una dinámica de costos mayor que transitoriamente estuvo suturada por la caída en el uso del servicio en la mitad de la cuarentena estricta, que afectó fundamentalmente a los prestadores. Prestadores que hasta noviembre accedieron al régimen de ATP para el pago de salarios, pero que ya en diciembre se quedaron sin ese apoyo. La noticia abrió otra vez la discusión sobre la intención del Gobierno de captar los fondos de las obras sociales y avanzar hacia un sistema único de salud, situación que generó en simultáneo un foco de conflicto con los sindicatos y la clase media que deriva los aportes a la obra social para pagar la cuota de la prepaga.
Los aumentos anunciados en tarifas de servicios en octubre, inmediatamente después de la carta de la Vicepresidenta alertando sobre la escalada de la brecha cambiaria, se patearon para marzo. Pero, en simultáneo, se puso un cap al aumento en las facturas del 9%, después de un año de estar congeladas y frente a una nominalidad de la economía que en el último trimestre del año se ubica más cerca del 50% que del 35% de inflación con que finalizaría 2020. La normalización de la actividad en la postpandemia tiene un impacto sobre la dinámica de los subsidios por el mayor uso de los servicios y por una mejora en la cobrabilidad en el resto, suponiendo que el Gobierno elimina la imposibilidad de corte del servicio por falta de pago, pero no es consistente con los aumentos.
Si el aumento del dólar, aun manteniendo el crawling peg al 3,4% mensual de noviembre/diciembre (50% anualizado), sigue presionando sobre los costos en pesos y la demanda no lo paga, la cuenta en pesos de subsidios crece más que proporcionalmente y complica la consolidación fiscal requerida.
Cerrar los registros de exportación, y/o seguir postergando aumentos en bienes y servicios con costos que siguen al dólar, los precios y los salarios, tiene ciertamente patas cortas. Con una nominalidad al 50%, ningún precio puede usarse como ancla, sobre todo después de un año en que la disparidad fue la norma con precios dolarizados y productos que subieron hasta un 90%, tarifas que solo subieron un 12% en promedio, precios controlados por el COVID que lo hicieron al 24% y otros cuya oferta se vio afectada por la cuarentena con subas menores al 20% en los últimos dos meses.
Eventualmente, los sectores con espacio para comprimir márgenes son aquellos productores de bienes que se vieron fuertemente favorecidos por el cierre de la economía y el desvío del presupuesto familiar, pero esto requiere una decisión política que no está a la vista; requiere que la brecha cambiaria comprima, y que no haga falta cerrar más el cepo.
El problema es que esta combinación, necesaria para intentar dibujar un escenario de estabilización aprovechando el impulso de la liquidez global sobre los precios de las exportaciones, va a contramano de la lógica en un año electoral, sobre todo si el COVID vuelve a jugar una mala pasada frente a la dilación de la vacunación. Un acuerdo con el FMI que sirva para recomponer los precios de los bonos en dólares, condición necesaria para estabilizar la brecha cambiaria, va a requerir una combinación de consolidación fiscal mayor a la del presupuesto 2021, apretón monetario y salto cambiario discreto. Si no se consiguen fondos frescos, y además se quiere limitar el salto discreto en el dólar oficial por encima del crawling peg sin reavivar la brecha cambiaria, se va a tener que sobrerreaccionar con el apretón fiscal y monetario.
El equilibrio es muy finito, el mundo y el FMI le brindan una nueva oportunidad a la gestión. El riesgo de sequía y de rebrote del COVID juegan en contra. Aun si el esquema de estabilización, en el marco de un acuerdo con el FMI, funciona, difícilmente la inflación termine debajo del 50% que deja 2020. Pero los riesgos de cambiar de régimen inflacionario que aborten el rebote de la actividad y generen desabastecimiento si se abusa de las anclas para contener los precios, y si no se avanza en un programa fiscal/financiero/monetario consistente que evite una mayor descapitalización del BCRA respecto de la situación actual, escalan.