UN AVANCE PARA LA CIUDAD
Los convenios que tratamos en el recinto de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para consolidar el traspaso de la Justicia Ordinaria a la órbita de la Ciudad, fueron parte de un proceso iniciado hace 20 años con la sanción de la Constitución local.
El acceso a la Justicia es un principio fundamental del Estado de Derecho y posibilita a los vecinos obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. Por eso, el traspaso de las competencias judiciales de Nación a la Ciudad, además de cumplir con la determinación del artículo 129 de la Constitución Nacional y de lo establecido por la Constitución de la Ciudad, garantiza la igualdad de oportunidades para el acceso al sistema judicial.
Como autoridades políticas de la Ciudad no podíamos seguir permitiendo una dilación en el traspaso de las competencias jurisdiccionales. La justicia es un pilar fundamental para nuestra sociedad que nos exige que llegue en tiempo y forma.
El Estado Nacional transfiere a la Ciudad las funciones, competencias, órganos, entes, personal, servicios y bienes, tanto materiales (muebles e inmuebles) como inmateriales (sistemas informáticos, de seguimiento y/o de comunicación), convenios y contratos en ejecución con los que cuente y utilice la IGJ para el desempeño de funciones y competencias en todas las materias no federales o de interés nacional.
Además garantiza la estabilidad laboral al personal del órgano transferido, el nivel escalafonario, la remuneración, la antigüedad y los derechos previsionales, sindicales y de obra social que gocen al momento de la transferencia.
JUSTICIA PENAL ORDINARIA. Respecto al traspaso de la Justicia Penal Ordinaria, durante el transcurso
Insistimos en trabajar para que el traspaso efectivamente se concrete, porque en definitiva lo que exigimos es el cumplimiento de nuestros derechos que sólo deviene en mayor bienestar para los porteños. Durante este tiempo escuché muchas mentiras, que íbamos a votar en perjuicio de los trabajadores, que era una maniobra de este Gobierno para evitar que se investiguen casos de corrupción. No hay nada más injusto que digan que aquellos que cumplimos con la Constitución queremos impunidad.
El traspaso de la justicia penal a la Ciudad implica por ejemplo que podamos actuar con celeridad en distintos delitos habituales, lo cual incide en la vida cotidiana de todos los que vivimos o trabajamos en esta Ciudad.
Hicimos lo correcto, porque lo prometimos, y porque es parte de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, por eso la Coalición Cívica apoya el traspaso de la Justicia. de la primera etapa se propone transferir la competencia para investigar y juzgar los delitos que figuran enumerados en la cláusula primera (delitos contra las personas, contra el honor, contra la propiedad, contra la libertad, contra la seguridad pública, la administración pública y la fe pública).
La cláusula segunda prevé la transferencia de ocho juzgados en lo Criminal y Correccional; dos juzgados de Menores; 15 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional; tres vocalías de los Tribunales Orales de Menores; ocho Fiscalías en lo Criminal y Correccional; seis Fiscalías Generales ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional; una Fiscalía ante los Tribunales Orales de Menores; tres Fiscalías Generales adjuntas a la Procuración