Martin Feldstein
Cómo es la reforma impositiva de Trump.
Los líderes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos han trabajado mucho durante más de un año en el diseño de una reforma importante de los impuestos personales y corporativos. Frente a la elección que se avecina en 2018, los republicanos de la Cámara están decididos a ofrecer un paquete de reformas y enviarlo al Senado para su promulgación.
Esta reforma será muy diferente de la última revisión impositiva importante de 1986. La Ley de Reforma Tributaria de 1986 se centraba en el impuesto sobre la renta personal, bajando la tasa máxima del 50% al 28% y reduciendo las tasas para los contribuyentes de menores ingresos. La pérdida de ingresos estuvo compensada por cambios en las deducciones impositivas y otras reglas contables, lo que dio como resultado una reforma que era neutra en términos de ingresos en todos los niveles de renta, inclusive sin tener en cuenta los efectos de tasas impositivas más bajas en el crecimiento económico y los ingresos tributables.
En los 30 años transcurridos desde 1986, las tasas impositivas para los contribuyentes de altos ingresos subieron significativamente, del 28% al 39,6%, con un impuesto adicional del 3,8% a los ingresos por inversiones de estos contribuyentes.
El plan republicano de la Cámara volvería a llevar la tasa impositiva máxima al 30% o menos, con reducciones comparables para quie- nes hoy pagan tasas impositivas más bajas. La nueva ley tributaria también podría seguir el ejemplo canadiense y eliminar el impuesto sobre bienes inmuebles, imponiendo al mismo tiempo un impuesto sobre las ganancias de capital generadas antes de la muerte del contribuyente. Para compensar parte de la pérdida de ingresos resultante, la nueva ley podría eliminar deducciones impositivas para impuestos estatales y locales, y gravar algunos de los beneficios complementarios que actualmente están excluidos del ingreso tributable.
La gran diferencia entre el plan de los republicanos de la Cámara y la reforma tributaria de 1986 es que la propuesta actual también abordaría el tratamiento impositivo de las ganancias corporativas y otros ingresos de las empresas. La tasa impositiva legal sobre las ganancias corporativas hoy es del 35%, la más alta de la OCDE. La nueva legislación reduciría esa tasa a 25% o menos, impulsando un traspaso de los flujos de capital de inversiones en vivienda y agricultura a una inversión corporativa doméstica.
También es probable que la nueva ley impositiva impulse la inversión corporativa doméstica al modificar el tratamiento impositivo de las ganancias de las subsidiarias extranjeras de las corporaciones estadounidenses. Según la ley actual, una subsidiaria paga impuestos a la renta al gobierno del país donde se genera esa renta. Luego puede invertir las ganancias postimpuestos en cualquier parte del mundo fuera
La gran diferencia entre el plan de los republicanos y la reforma de 1986 es que también aborda las ganancias corporativas. El objetivo es fomentar la inversión corporativa doméstica.
de Estados Unidos. Pero si trae de vuelta esos fondos a Estados Unidos para invertir o pagar dividendos a accionistas, debe pagar la tasa total del impuesto corporativo de Estados Unidos, con un crédito por el impuesto que ya le pagó al gobierno extranjero.
Esta penalidad por repatriar fondos hace que las firmas estadounidenses dejen esas ganancias post-impuestos en el exterior. El Tesoro de Estados Unidos estima que las inversiones offshore de subsidiarias estadounidenses superan los 2,5 billones de dólares.
Este método de gravar las ganancias de las subsidiarias extranjeras es privativo de Estados Unidos. Al llevar a Estados Unidos hacia un sistema semejante, la propuesta republicana estimularía la repatriación de parte de los fondos que se han acumulado en el exterior, así como mayores ingresos de futuras ganancias provenientes del exterior.
¿Qué significa todo esto para el déficit presupuestario? La OPC calcula que el déficit aumentará de 3,4% del PBI a más del 4% en los próximos diez años, inclusive si no se produce ningún cambio en las reglas impositivas. El impacto directo de reducir las tasas de los impuestos a la renta personal y las ganancias corporativas será una reducción del ingreso tributario y un incremento del déficit presupuestario. Pero esto se verá compensado por los límites a las deducciones y exclusiones del impuesto personal, mientras que las tasas más bajas del impuesto a la renta personal impulsarán los ingresos gravables ya que los individuos incrementan sus ingresos y la compensación pasa de beneficios complementarios a efectivo gravable. De la misma manera, la adopción de un sistema impositivo territorial aumentará las ganancias gravables, especialmente en el corto plazo, en tanto las empresas repatrían parte del stock existente de fondos en el exterior.
Si bien los cambios impositivos netos pueden ampliar el déficit presupuestario en el corto plazo, los efectos de estímulo de tasas impositivas más bajas y de la mayor acumulación de capital se traducirán en un crecimiento económico más rápido y en ingresos reales más elevados que, en ambos casos, harán que aumenten los ingresos gravables y se reduzcan los déficits de largo plazo.
Existe una importante razón legislativa por la cual el presupuesto proyectado regresará a un superávit en el futuro. Los republicanos sólo tienen una mayoría muy pequeña en el Senado, donde la regla obstruccionista exige una mayoría de las tres quintas partes para sancionar la mayoría de la legislación, lo que les da a los demócratas la capacidad de bloquear la agenda impositiva republicana. Pero una excepción permite que los proyectos de ley vinculados a impuestos y gasto se puedan sancionar con una mayoría simple si el presupuesto resultante regresa a superávit después de diez años. Al diseñar las reglas de impuestos y gasto en consecuencia, y al introducir gradualmente futuros incrementos de ingresos, los republicanos pueden alcanzar los excedentes de largo plazo necesarios.
La tasa impositiva sobre las ganancias corporativas es del 35%, la más alta de la OCDE. La nueva legislación reducirá esa tasa a 20%.