La reforma que eludirá al Congreso
El Gobierno y los empresarios confían en que los gremios se sentarán a discutir acuerdos por sectores. Objetivos de máxima y de mínima. Cuál será el papel de los legisladores. El espejo de la reforma laboral en Brasil. Qué esperan las PyMEs.
Las modificaciones en la ley laboral de Brasil volvieron a poner el tema en la agenda local. Por qué el Gobierno y los empresarios esperan que los sindicatos quieran negociar.
No habrá ley de reforma laboral. Lo cual no implica, sin embargo, que la reforma laboral no se plasme desde lo fáctico. El Gobierno tiene claro que no cuenta en el Congreso de la Nación con el poder de fuego suficiente como para impulsar una normativa y avanzará en acuerdos sectoriales que lo lleven, finalmente, a cumplir su objetivo.
Quedó muy lejos en el tiempo la sensación que muchos tenían de que la administración Cambiemos estaba conformada por un puñado de tecnócratas sin muñeca política. Todo lo contrario. En 2016 el oficialismo supo cómo negociar para aprobar leyes de grueso calibre –el pacto con los holdouts, entre otras, se puso a los gobernadores en el bolsillo y marchó a paso redoblado como si fuera mayoría.
Volverá a hacerlo ahora con las reformas que se vienen una vez superados los escarceos de las elecciones legislativas. Y como el Gobierno tiene decidido que no ingresará en el pantano del ámbito parlamentario, irá a por los acuerdos sectoriales con los gremios, tal como ya hizo con los petroleros en Vaca Muerta y Santa Cruz. Será un combate casa por casa.
En este tema la divisoria de aguas es clara. Los empresarios pugnan por una reforma laboral que baje los costos impositivos y, sobre todo, que eche por tierra con la industria del juicio.
Dicen que retocar la normativa es clave para ganar en competitividad. Los sindicatos, en cambio, resisten lo que consideran será un paso más hacia la flexibilización y la precariedad.
Por lo pronto, el ministro de Tra- bajo, Jorge Triaca, ya ha visitado a los líderes empresariales de mayor peso específico. “La idea es llevar adelante esto mediante dos mecanismos: el diálogo para lograr un blanqueo laboral, y por otra parte avanzar con los acuerdos sectoriales para ganar competitividad y generar nuevos puestos de trabajo”, le explica a Fortuna el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.
El empresario estima que “algunos sindicatos se sentarán a conversar. Los petroleros, la construcción, las automotrices, las lácteas.
La idea es que entiendan que estamos frente a un mundo tremendamente competitivo, con cambios tecnológicos fenomenales. Hay que adaptarse a las nuevas realidades. Acá se responde con instrumentos de la primera y segunda revolu-
El Gobierno no ingresará en el pantano del ámbito parlamentario, e irá por los acuerdos sectoriales con los gremios.
ción industrial, y ya estamos en la cuarta. Hace seis años que no se crean puestos de trabajo en términos netos, lo que hay es sólo reposición”.
Uno de los puntos que preocupa y mucho a los hombres de empresa es la posibilidad de talar las demandas judiciales. Pero para eso será imperativo crear un marco legal que, necesariamente, deberá ser aprobado en el ámbito legislativo. “En algunos casos harán falta normas que surjan del Congreso para que no haya esta impunidad judicial –afirma Funes de Rioja.
A las empresas les hacen juicio por cualquier suma y luego llaman a conciliación por el 10%, que es una barbaridad”.
Las principales espadas del liberalismo en la Argentina están lógicamente encolumnadas detrás del programa gubernamental y no pierden ocasión de manifestar la necesidad de aplicar reformas de mercado para ganar competitividad en las arenas del comercio internacional.
“La agenda estructural es clave para la Argentina de cara al futuro. Es necesario actuar ya. No hay soluciones mágicas”, dijo Daniel Artana durante la Conferencia Anual de FIEL. Y agregó: “La agenda tributaria del Gobierno, que contempla el impuesto al cheque, la reforma laboral y otras cargas impositivas, es razonable”.
En aquel evento, al que asistió FORTUNA, Ricardo Arriazu no le fue en zaga: “Ser competitivos no es un problema de tipo de cambio solamente. Sino que las empresas que compiten en el exterior puedan ganar dinero. El dólar da sólo un alivio temporal. Hay que realizar la reforma tributaria y modificar las cargas impositivas al trabajo. La única manera de salir adelante es mejorar la productividad”.
Y Miguel Kiguel aportó también lo suyo: “¿Por qué no crecemos al 6% anual? Por los costos que tenemos. No se puede crecer así con estas cargas laborales, con la infraestructura deficiente y la presión impositiva sobre las empresas”.
Desde la vereda de enfrente se refutan estos principios. El economista Andrés Asiain, titular del CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz) publicó datos de la organización The Conference Board según los cuales el costo laboral en el sector formal de la industria argentina por una hora de trabajo fue 9,97 dólares más elevado que en Brasil entre 2014 y 2015.
De esa diferencia, remarca, 9,45 dólares se explican por los salarios; 1,34 por beneficios (aguinaldo, vacaciones) y sólo 0,51 por aportes a la seguridad social.
NO PASARÁN. Astuto, curtido ya el Gobierno en sus casi dos años de gestión, evitará el Congreso a la hora de plasmar la reforma laboral e irá detrás de los acuerdos sectoriales. Sabe que el peronismo en la oposición, en todas sus va-
riantes, difícilmente vaya a arriar las banderas en tema tan caro a sus sentimientos. Y tampoco dinamitará su principal capital en términos de apoyo popular.
“Los sindicatos saben adecuarse a los momentos”, fue la frase premonitoria del empresario Luis Pagani, dueño de Arcor. Al menos los petroleros se han convertido en un referente de este mecanismo de negociación. Ya acordaron los que trabajan en la zona de Vaca Muerta, y en septiembre pusieron la firma los obreros del sector en las áreas no convencionales de Santa Cruz, quienes aceptaron una adecuación de los Convenios Colectivos que regulan la actividad.
Sin embargo, se estima que no será un camino sencillo de transitar. “El Gobierno es pragmático y sabe que hoy no tendría posibilidad ninguna de aprobar un proyecto que de máxima tiene como referencia la reforma en Brasil. La decisión de ir gremio por gremio plantea a las centrales sindicales una responsabilidad que es establecer claramente un piso de derechos que no se pueda horadar”, explica a FORTUNA el secretario General de la CTA, Hugo Yasky.
Según el sindicalista, la reforma trae bajo el poncho el recorte salarial. “La diferencia sustancial con otros países es el salario. Los aportes son ínfimos en la incidencia que tienen sobre los costos. Esto sincera lo que el gobierno no quiere plantear, que van a un modelo parecido a países de América Latina, con sueldos bajos y amplia registración. Con lo cual se consolidaría un esquema regresivo”.
El flanco gremial no parece tener todas las de ganar. El Gobierno ya diseñó su estrategia y la puso en marcha con el aval del sector empresarial. En cambio, los sindicatos están en veremos, a la espera de consensuar una agenda en noviembre, pasadas las elecciones legislativas.