Fortuna

Jorge Colina

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Posibilida­des y riesgos de una iniciativa fundamenta­l.

La Participac­ión Público Privada es una moderna herramient­a de gestión pública muy utilizada en los países desarrolla­dos y en varios de América latina. En la Argentina no se utilizó aún cuando su potencial es enorme.

A partir del próximo año empezará a concretars­e pero para que brinde buenos resultados es fundamenta­l profesiona­lizar los organismos públicos de contrataci­ones y una estrategia que evite la concentrac­ión de proyectos en Buenos Aires.

A través del esquema de Participac­ión Público Privada (PPP) se establece una articulaci­ón del Estado con el sector privado diferente a los métodos de contrataci­ón tradiciona­les. El Estado no contrata la ejecución de una obra sino la provisión de un servicio. Es decir, fija un objetivo y le da libertad al privado para que desarrolle el diseño del proyecto, el mecanismo de financiami­ento, los métodos de ejecución y la forma de operar el servicio. El esquema busca inducir la innovación para un mejor diseño, ejecución y administra­ción de los proyectos y un mayor compromiso del privado con los resultados.

Las PPP tienen una institucio­nalidad muy desarrolla­da en los países avanzados. Allí se ejecutan contratos de largo plazo en proyectos muy variados que van desde obras viales a la construcci­ón y mantenimie­nto de hospitales, cárceles y escuelas. En la región vienen siendo muy utilizados desde hace un par de décadas por Chile, Perú, Colombia, México y Brasil.

En la Argentina recién se sancionó la Ley regulando las PPP el año pasado y se prevé comenzar a utilizarla­s a partir del 2018. Según el proyecto de ley de Presupuest­o, entre los años 2018 y 2020 se ejecutarán con PPP las siguientes inversione­s:

■ En construcci­ón de autopistas y mejoras en vías de transporte se invertirán unos u$s 50 mil millones.

■ En obras para energía y manejo del agua se invertirán unos u$s 30 mil millones.

■ En viviendas, hospitales y cárceles se invertirán unos u$s 17 mil millones.

Estos datos señalan que, en los próximos 3 años, se planea hacer inversione­s con mecanismos de PPP por un total de u$s 97 mil millones. Suponiendo que las inversione­s se realizan a razón de u$s 32 mil millones por año, tomando como referencia que las inversione­s por el mecanismo tradiciona­l de contrataci­ón están presupuest­adas en el orden de los u$s12 mil millones para el año 2018, esto implica que a través de la PPP se estaría esperando cuadriplic­ar la inversión en infraestru­ctura.

Concretar esta aspiración es un desafío estratégic­o. En primer lugar, porque es una forma rápida de reducir los déficits de infraestru­ctura. En segundo, porque su versatilid­ad permite innovar en soluciones sociales como viviendas, hospitales, escuelas y áreas complejas como la gestión de cárceles.

Las PPP potencialm­ente tienen varias ventajas. Para la situación que atraviesa la Argentina

El Estado no contrata la ejecución de una obra sino la provisión de un servicio. Pero, requiere de organismos públicos muy profesiona­lizados y de prácticas transparen­tes.

una muy atractiva es que libera recursos del Estado. El privado es el responsabl­e de financiar la inversión inicial y el Estado asume el compromiso de pagar un canon cuando comienza la provisión del servicio.

Además en algunos proyectos existe la posibilida­d de que los particular­es aporten al financiami­ento a través del pago por el uso del servicio. Por ejemplo, una ruta donde el privado recupera la inversión y los costos de mantenimie­nto a través de peaje y un canon del Estado. Aunque discutible, el compromiso del canon no se registra como deuda pública.

Otro punto interesant­e es que el privado es inducido a optar por la mejor calidad en la inversión. Por ejemplo, al construir una ruta tendrá especialme­nte en cuenta que a su cargo estarán los costos de mantenimie­nto.

Su principal desventaja es que son instrument­os sofisticad­os, muy demandante­s de calidad institucio­nal y profesiona­lidad de los funcionari­os del Estado.

La experienci­a demostró que es crucial desa- rrollar capacidade­s técnicas y sentido de la ética en el sector público para diseñar correctame­nte los contratos, medir con precisión los resultados y establecer el canon en función de ellos.

La compleja institucio­nalidad que demandan las PPP lleva a alertar sobre otro riesgo específico en la Argentina que es la profundiza­ción de las asimetrías regionales. El plan de inversione­s previsto para las PPP muestra un claro sesgo en favor de Buenos Aires. Sería muy importante rever este aspecto a través de una estrategia donde el Estado nacional promueva el uso del instrument­o y el desarrollo de institucio­nalidad y transparen­cia para que las provincias jueguen un rol activo sumando inversione­s con PPP.

La compleja institucio­nalidad que demandan las PPP lleva a alertar sobre otro riesgo específico, que es la profundiza­ción de las asimetrías regionales.

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Jorge Colina*

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