LO QUE CUESTA, VALE
El kirchnerismo terminó siendo, en parte, un festival de subsidios que derivó en un déficit fiscal gigantesco y en una inflación robusta. Parte de esos subsidios alimentaron la ilusión de servicios públicos prácticamente gratuitos. Ese sueño ha terminado, en buena medida porque, más allá del mal humor social actual, es lo más fácil de recortar en el marco de un gasto público enyesado por demasiadas rigideces.
El ajuste en las tarifas había sido suspendido durante el segundo semestre del año pasado por razones típicamente electorales que el PRO y Cambiemos han atendido prolijamente. Había que crear la ilusión —la política tiene una dimensión simbólica fundamental— de una inflación bajo control y, en consecuencia, de una recuperación del salario real así como de la baja de la pobreza.
Ese capítulo terminó en diciembre, luego del triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas. Los aumentos han sido particularmente altos en el gas, donde, según los analistas, el precio del BTU ya ha recuperado el nivel que tenía antes de la gran crisis de 2001 y del congelamiento de las tarifas.
De acuerdo con la consultora IDESA, “en el acumulado desde el año 2016 a la fecha, el precio del gas residencial subió el doble que la inflación”.
Es más, no solo la oposición sino también los aliados del PRO —Lilita Carrió y el radicalismo— afirman que un tercio de ese incremento es una compensación a las empresas productoras, trans- portadoras y distribuidoras para que cancelen sus demandas judiciales por el congelamiento de las tarifas.
En privado, los funcionarios admiten esa compensación pero enfatizan otro objetivo: devolverle a las empresas un margen de rentabilidad tal que las incentive a invertir para aumentar la producción de un recurso que la Argentina supo exportar a sus vecinos, en especial a Chile.
Pero, la cascada de aumentos está generando un creciente malhumor social. La razón es simple: la incidencia de ese gasto en el presupuesto de los sectores populares ha aumentado del 5 al 21 por ciento.
De todos modos es todavía fuerte el consenso social en contra de un retorno al congelamiento de las tarifas.
Como explica IDESA, “usar fondos públicos para mantener las tarifas por debajo de los costos que demanda producir esos servicios lleva, por un lado, a la escasez y a la baja calidad de los servicios y, por el otro, a mayor inflación porque obliga a pagar subsidios con emisión monetaria”.
En el mediano plazo, el encarecimiento de los servicios llevará a una restricción forzada del consumo.
Mientras tanto, el ajuste puso en tela de juicio los impuestos, tasas y contribuciones que el Estado nacional, las provincias y los municipios fueron agregando en las boletas.
Cuando el precio era muy barato, esos agregados no pesaban demasiado. Ahora, es distinto.
Y ése es un capítulo bueno en toda esta historia: si los consumidores deben esforzarse pagando precios razonables, también el Estado tiene que hacer su parte y reducir su voracidad, en todos sus niveles.
También los aliados del PRO afirman que en el gas se está compensando a las empresas.