Jorge Colina
No habrá equilibrio fiscal sin reforma previsional.
El Presupuesto 2019 dispone prohibir a los jubilados más vulnerables trabajar para complementar sus magros ingresos. Si se quería dar un primer paso hacia el ordenamiento del sistema previsional hubiera sido más equitativo revisar los regímenes especiales y las reglas de pensión que permiten la doble cobertura.
El actual gobierno sancionó a principios del 2016 la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Se trata de un beneficio vitalicio para las personas que llegan a los 65 años de edad y no tienen suficientes aportes para jubilarse. Su monto es del 80% de la jubilación mínima y, como el resto de las prestaciones previsionales, la persona puede seguir trabajando formalmente como asalariado o cuentapropista para sumar aportes y, eventualmente, acceder a una jubilación contributiva. El diseño de esta política es apropiado y claramente superador a la rusticidad de las moratorias previsionales.
En el Presupuesto 2019 se establece, además, que la ANSES realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales para asegurar que los beneficiarios de la PUAM estén en situación de vulnerabilidad social. Pero, también cambia el criterio y pasa a establecer que la PUAM es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia o por cuenta propia. Es decir, un beneficiario de la PUAM no podrá trabajar.
Para evaluar la pertinencia de este cambio sirve analizar cómo se conforman los jubilados y pensionados cubiertos por la ANSES. Según informa- ción publicada en el Boletín Estadístico de la Seguridad Social, en el sistema previsional nacional se observa que hay:
● 4,5 millones de jubilados y pensionados reciben un solo beneficio y su haber medio es de $ 12 mil mensuales.
● 1,2 millones tienen jubilación y pensión con un haber medio total (sumando ambos beneficios) de $ 21 mil por mes.
● 78 mil personas reciben la PUAM con un haber promedio de $ 6 mil por mes. Estos datos muestran situaciones muy heterogéneas. Quienes reciben la PUAM son un grupo pequeño, con los haberes más bajos y que más sufren vulnerabilidad. Sobre ellos ahora se agrega la prohibición de complementar este magro ingreso trabajando en la formalidad. En paralelo, no se regula nada para el 20% de los jubilados con doble cobertura que cobran jubilación y pensión, reciben haberes equivalentes a más de 3 veces la PUAM y no tienen vedada la posibilidad de trabajar. El cambio agrega severas inequidades.
El principal factor desencadenante de la crisis que sufre el país es no haber avanzado en el ordenamiento del sistema previsional. No hay manera de sanear las cuentas públicas eludiendo este tema. El gasto previsional representa casi la mitad del gasto público con tendencia al crecimiento debido al envejecimiento poblacional. Pretender llegar al equilibrio fiscal sin ordenar el sistema previsional explica que el Presupuesto 2019 apele a medidas de emergencia que dañan la posibilidad de progreso.
El anterior gobierno dejó al sistema previsional quebrado y difícil de corregir porque repartió en forma indiscriminada beneficios que resultan judicialmente muy riesgosos de alterar.