Una pelea que no es humo
La modificación del impuesto mínimo que se paga por cada cigarrillo vendido encendió la mecha de un conflicto que pone en juego más de $ 6.100 millones. El rol de la Justicia.
Las grandes tabacaleras cuestionan las ventajas impositivas de otras compañías.
La recesión económica, el freno en la actividad y la baja del consumo también ha golpeado de lleno a la industria tabacalera local. No precisamente por una baja en la cantidad de cigarrillos
fumados, ya que según las principales compañías del sector las ventas se mantienen estables hace varios años en la Argentina. Hoy, la pelea es otra. Y no es puro humo. Lo que hay en juego es, ni más ni menos, que mucho dinero.
El conflicto que vive el sector es puertas adentro. De un lado están las grandes tabacaleras, con Massalin Particulares (dueña de Marlboro y Philips Morris, entre otras) y British American Tobacco (propietaria de Lucky Strike y Camel, entre otras) y del otro, empresas nacionales más chicas como Tabacalera Sarandí, Espert SA y Centro Tabacalera SA. El problema comenzó a partir del primero de marzo del año pasado con la Ley 27.430. Hasta entonces, el impuesto interno mínimo aplicable a los cigarrillos equivalía al 75% de lo que pagaba la categoría más vendida. Eran $ 22. Esto fue reemplazado por un monto fijo, que comenzó en los $ 28, es decir un 27% más, pero que se actualiza trimestralmente por el Índice de Precios al Consumidor. Actualmente este impuesto interno equivale a $ 37,05 por paquete de 20 unidades. Todas debían pagar lo mismo, sin importar si son grandes, media
nas o pequeñas empresas.
Lo que empezó a hacer ruido en el sector fue que algunas compañías lograban vender sus paquetes de 20 cigarrillos por debajo del impuesto mínimo que se debía pagar. British Tobacco y Massalin pusieron el grito en el cielo, mientras que las otras compañías comenzaron a moverse dentro del sistema judicial. Tabacalera Sarandí fue la más hábil y la más beneficiada. Días después de haber salido la nueva ley, presentó una cautelar en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Sala 6 para eximirse del pago de ese impuesto. Había sido rechazada en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa Federal Sala 4 se la terminó concediendo por un plazo de solo seis meses. Sin embargo, ésta volvió a prorrogarse, y el 6 de mayo último el juzgado le dio seis meses más, hasta fines de octubre de este año. Actualmente, Sarandí es la única tabacalera que tiene activa una cautelar de estas características. Espert SA hizo una presentación en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Sala 7 pero no fue resuelta; Bronway Technology SA hizo el mismo pedido en el Juzgado Federal de Rosario Sala 2 y tampoco fue resuelta. Diferente fue la situación de Centro Tabacalera, quien en primera instancia había conseguido la eximición por el Juzgado Federal de Córdoba Sala 1, pero luego la Cámara Federal de la provincia se la rechazó en diciembre de 2018.
Además de las tabacaleras, la principal damnificada es la AFIP. Según estimaciones privadas, la pérdida de recaudación del Estado por el no pago del impuesto interno mínimo aplicable a los cigarrillos durante 2018 fue de $ 2.400 millones y para 2019 el cálculo supera los $ 3.400 millones.
Otro cambio en el mercado de cigarrillos, a partir de los beneficios legales que obtuvo, sobre todo, una tabacalera, que le permiten vender muy por debajo del precio de sus competidores, es el cambio en la participación de mercado. De acuerdo a la información de la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, considerando el Fondo Especial de Tabaco (FET), el market share de las tabacaleras beneficiadas por las cautelares pasó de, 5,6% en 2016 a un 9,8% en 2018. “Más del 90% de esa participación es, en realidad, de Tabacalera Sarandí. No compiten en las mismas condiciones”, le explica a Fortuna el directivo de una compañía afectada.
Otra fuente agrega datos todavía más claros: “Es muy simple detectar cuándo una tabacalera está pagando todo lo que corresponde o cuando no. Basta con ver el precio al que vende su caja de 20 unidades. El precio de venta al consumidor de un paquete de 20 en ningún caso podría ser inferior a los $ 54. Ese es el valor mínimo, y no se está contemplando ninguna ganancia para la empresa fabricante. Cualquiera que venda a ese valor o por debajo, está compitiendo en condiciones de ventaja. Nosotros lo único que pedimos es competir en las mismas condiciones. Eso hoy, no está pasando. Si a lo que pierde la AFIP por evasión fiscal le sumamos los delitos de falsificación de estampillas fiscales, el contrabando y la presencia de productos informales de origen desconocido, la pérdida total para el Estado en 2018 fue de $ 6.100 millones”.
La pelea tabacalera está en su momento más caliente. Si bien las grandes empresas como Massalin y British Tobacco tienen más del 76% de participación en la categoría LOW, sigue habiendo muchos millones en juego.