TRES MESES SIN MARADONA.
El abogado y periodista policial Gabriel Iezzi pone el foco en la minuciosa investigación judicial que se viene llevando a cabo para establecer las responsabilidades por el estado de salud de Diego previo a su fallecimiento, y las causas de éste.
Aquel miércoles 25 de noviembre de 2020 el mundo se sorprendió y se entristeció con el lamentable fallecimiento del ídolo del fútbol Diego Armando Maradona. Los que ya pintamos canas recordamos sus hazañas deportivas, mientras que los más jóvenes quedaban atónitos ante la reacción general que inspiraba el adiós al pequeño genio que habían visto hacer malabares desde YouTube, exhibiendo a cada paso su pasión por el fútbol y defendiendo su sagrada camiseta de Argentina. Pero nadie suponía la página que seguiría a su muerte.
Todos sabíamos los avatares de salud que había atravesado durante su vida. También lo habíamos visto el 30 de octubre, durante su cumpleaños número 60 cuando, en el estadio de Gimnasia y Esgrima La Plata, club que dirigía como DT, había recibido uno de los tantos homenajes que, debido a su regreso al fútbol argentino, se le habían prodigado a lo largo y ancho del país. Pero ese día descubrimos a un Maradona demasiado endeble, débil, que sólo podía desplazarse con la ayuda de algunos asistentes. Fue el primer alerta: algo en su cuidado no funcionaba. Así las cosas, poco tiempo después también supimos sobre la operación en la zona izquierda de su cabeza, a la que debió ser sometido luego de detectársele un hematoma subdural crónico. Y del “alta médica hospitalaria” (después de ocho días), cuya prolongación continuaba en una vivienda particular que debía reunir las condiciones de habitabilidad y equipamiento médico que el paciente y su estado demandaban.
Sin embargo, a partir de aquel 25 de noviembre todo lo que se presumía que ocurría comenzó a desdibujarse de manera veloz. Pronto nos enteramos de que sus cuidados habían sido absolutamente precarios y que el supuesto respaldo médico-tecnológico no era tal.
Y así arribamos a la prolija y profesional investigación penal a cargo de John Broyad, fiscal general del Departamento Judicial de San Isidro, y sus adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren.
Pero, ¿qué investiga la Justicia a estas horas, mientras a diario se suman nuevas imputaciones y elementos probatorios? Por ejemplo, por qué al conocerse su deceso hubo que esperar 12 minutos (tiempo lógico pero excesivo para la llegada de una ambulancia), cuando todo hacía pensar que Maradona debía contar con un vehículo preparado para emergencias estacionado en la puerta del barrio San Andrés –en Villanueva, partido de Tigre– que habitaba. O si Diego estaba en un lugar de internación domiciliaria que carecía del instrumental adecuado para sus cuidados, de médicos permanentes de guardia y demás...
La investigación también pretende retroceder en el tiempo y establecer si los profesionales que lo atendían cumplieron debidamente con lo que el buen saber y entender dicta, quién lo controlaba a diario, quién le suministraba los medicamentos que ingería, quién lo visitaba y rubricaba su estado de salud, quién organizó el interior de la casa que habitaba y qué debía haber habido en ella, bajo qué circunstancias se dio su alta médica hospitalaria y
quién definió la contratación del equipo médico y en base a qué, entre otras dudas.
A la luz de lo que se conoce, surgen dos grandes interrogantes. El primero: desde el punto de vista médico, respecto a la debida atención que el paciente Maradona requería, ¿existieron falencias serias y graves? Y la pregunta del millón: si se hubiera cumplido lo que los reglamentos y la buena práctica médica indican, ¿se podría haber evitado el peor de los desenlaces?
Una adecuada junta médica, en breve, y seguramente a la luz de la autopsia y demás elementos obrantes en el proceso, podrán responder las dudas que tenemos todos los argentinos, como también delimitar, en su caso, las debidas responsabilidades profesionales.