Una agenda republicana para el Mercosur
La polémica por el parlasur. Hay que rechazar los fueros de los futuros parlamentarios de la región, pero también defender un organismo que podría se vital en la lucha contra la corrupción, las violaciones al régimen democrático y el crimen organizado
El llamado a elección de parlamentarios del Mercosur parece haber descolocado a parte del periodismo y la oposición. “Lo hacen para darle fueros a Cristina”, “Quieren crear entes inútiles para meter «ñoquis» de La Cámpora” y “No hay motivos para adelantarse, ya que el Parlasur entrará en funciones en 2020” fueron los hits de este otoño. Como especialista en integración regional, ex miembro y actual precandidato al Parlasur y autor de un proyecto de ley para la elección directa de sus miembros lamento señalar que todas estas afirmaciones son erradas y tendenciosas. Un simple ejercicio de imaginación política permite, además, suponer que el Parlamento del Mercosur puede transformarse en un foro fundamental para impulsar una agenda republicana en la región que incluya la lucha contra la corrupción, las violaciones al régimen democrático y el crimen organizado.
La ley aprobada por el kirchnerismo contempla la equiparación de los fueros del Parlasur con los de los legisladores nacionales, y la constitucionalidad de esto es, por lo menos, dudosa. Según el Protocolo del Mercosur, estas inmunidades sólo protegen la libertad de opinión y voto en ese cuerpo y no son extensibles a situaciones externas o anteriores. Si Cristina quiere fueros, el Congreso Nacional podría proveerle unos de mejor calidad que el Parlasur, como demuestra la impunidad de Menem, libre gracias a sus fueros de senador sin que nadie proponga por eso abolir el Senado nacional.
Lejos de la fatalidad de convertirse en guarida, el Parlamento del Mercosur podría ser un ámbito válido para luchar contra el crimen organizado. Las mafias que lucran con el tráfico de drogas, armas y personas han comprendido perfectamente el carácter global del mundo en que vivimos y se han organizado supranacionalmente. Narcos colombianos apostados en la periferia de Buenos Aires y batallas entre peruanos y paraguayos en la ciudad son ejemplos del carácter regional de las principales organizaciones criminales. En tanto las justicias nacionales emiten exhortos y las policías nacionales tardan siglos en compartir información, los narcotraficantes entran y salen de nuestros países a su gusto y manejan sus organizaciones usando los más modernos medios tecnológicos globales. Se trata de una lucha impar entre una criminalidad globalmente organizada propia del siglo XXI y aparatos de seguridad nacionales estructurados, según la lógica territorial del siglo XIX. De allí la evidente necesidad de crear instituciones que combatan las mafias en la escala regional en que se organizan, aplicando el Protocolo de Palermo de la ONU, que todos los países del Mercosur han firmado. Hablo de una Corte Penal Latinoamericana y del Caribe contra el Crimen Transnacional Organizado que investigue el lavado de activos en el que termina la corrupción, persiga las cúpulas criminales y rompa el vínculo con la política que las sostiene. Una comisión antimafia del Parlamento del Mercosur podría ser un excelente ámbito para su desarrollo.
La posibilidad de que los legisladores del Mercosur no desempeñen cabalmente sus funciones no es tampoco un buen argumento para objetar la existencia del Parlasur, a menos que se proponga –por las mismas razones– la simultánea abolición del Congreso argentino. Si el argumento de la inutilidad de sus miembros es propuesto como causa suficiente para abolir el Parlasur es porque se da por cierta la inutilidad de su existencia. Y bien, tan cierto es que el Parlamento del Mercosur carece de poderes legislativos como que nunca podrá adquirirlos a menos que sus miembros sean elegidos directa y democráticamente, que es de lo que se trata esta elección. En segundo lugar, todos los parlamentos nacieron como el Parlasur: como asambleas legislativas sin elección directa ni poderes legislativos y desde allí evolucionaron hacia su modo de existencia actual. ¿Por qué no habría de recorrer el Parlasur el mismo camino?
Es verdad que los costos de la integración regional son altos, pero más altos aún son los costos de la no integración. Si el Parlasur fuese un parlamento verdadero, habría sido capaz de sancionar una legislación regional regulatoria de las actividades de las fábricas pasteras, por ejemplo, y el conflicto aún irresuelto por la ex Botnia no hubiera siquiera existido. ¿Cuánto gastaron los transportistas por años dando la vuelta al mundo para conectar la Argentina y Uruguay? ¿Cuánto perdieron ambos países en intercambio turístico? ¿Cuál fue el costo del desprestigio de ver a dos naciones que se dicen hermanas recurrir a La Haya para zanjar sus diferencias, mientras el actual presidente uruguayo consultaba a los Estados Unidos sobre la posición que adoptarían en un eventual conflicto armado?
El Parlamento del Mercosur existe desde 2007, y el retraso en el desarrollo de sus capacidades es más costoso que el gasto necesario para ponerlo en funciones. No hay razón para seguir demorándonos, a menos que creamos que se pueden enfrentar los problemas regionales del siglo XXI con las herramientas nacionales del siglo XIX. El Parlasur podría ser también un foro decisivo para combatir los abusos autoritarios de algunos gobiernos del bloque. Si su imperfecta cláusula democrática se completara con la Convención Americana sobre Derechos Humanos –que incluye la transparencia electoral, la división de poderes, una justicia independiente y la libertad de expresión y manifestación–, su Comisión de Derechos Humanos podría visitar los países miembro para velar por su cumplimiento. Daríamos así un buen paso para que no haya más periodistas perseguidos, opositores encarcelados y estudiantes masacrados en ningún país del bloque.
Tampocoes justo hablar deanticipaciones cuando se habla de una postergación. El tan mentado plazo de 2020 es producto de la violación del acuerdo firmado en 1991 por los gobiernos: un parlamento regional con elecciones directas y poderes legislativos antes de 2011. La de 2020 no es tampoco una fecha prescriptiva, sino un plazo máximo. La asunción inmediata de los parlamentarios argentinos elegidos debe ser garantizada por el mismo gobierno que llamó a su elección, ya que no hay obstáculos legales para ello, lo que funcionaría como estímulo para que los demás países elijan los propios.
La exigencia de asumir funciones inmediatamente y el rechazo de todo fuero no contemplado en el Protocolo del Mercosur debe formar parte de un compromiso ciudadano de las fuerzas opositoras. Pero eso no es todo. Un Instituto Regional de Estadísticas y Censos que acabe con las distorsiones gubernamentales; un plan de infraestructura que termine con la ignominia de un continente que aún no tiene conectado su Pacífico con su Atlántico; una regulación de las políticas macroeconómicas que evite el flagelo de las devaluaciones competitivas; una plataforma desde la cual impulsar la integración con la Alianza del Pacífico y los nacientes acuerdos transpacífico y transatlántico, y un foro desde donde promover una inserción internacional que nos aparte del vergonzoso eje Rusia-Venezuela-Irán son otros de los puntos de construcción de una agenda republicana para la Argentina y la región. Para lograrlo, necesitamos más y mejor representación democrática regional, y no menos.
Decía Hegel que la civilización avanza por caminos trazados por el mal, y llamaba a esta capacidad “astucia de la razón”. Los pésimos motivos por los que el kirchnerismo puso al Parlasur en la agenda electoral 2015 no son obstáculo para intentar convertirlo en el instrumento válido que puede y debe ser. El retroceso en que han caído el Mercosur y sus países demuestra que sin instituciones regionales no hay integración regional ni avances nacionales sustentables en el largo plazo. Ojalá que el árbol de Cristina no nos siga tapando el bosque de oportunidades que se abren para una agenda republicana tan regional y global como el siglo en que vivimos, para desgracia de quienes han hecho del aislamiento y el conflicto la política exterior de la Nación.
El autor, ensayista, fue diputado nacional y es Council Chairman del World Federalist Movement