Reabren una causa contra De Vido y su esposa por sus bienes
ENRIQUECIMIENTO. Es una vieja denuncia de 2008 nunca investigada; lo decidió la Cámara de Casación en un duro fallo
El ministro de Planificación Julio De Vido, y su esposa, Alessandra Minnicelli, deberán finalmente enfrentar una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, luego de que la Cámara de Casación Penal revocó su sobreseimiento en una causa iniciada en 2008, que nunca avanzó.
El fallo fue dictado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Gemignani de la Sala IV de la Cámara de Casación, muy duros en sus afirmaciones.
El caso se inició tras una publicación del desaparecido diario Crítica en la que se señalaba que De Vido y su esposa habían eludido declarar una chacra en Zárate valuada en 750.000 dólares y que no podían con su sueldo pagar el alquiler de un departamento sobre la Avenida del Libertador, en Recoleta, de 320 metros cuadrados. El abogado Ricardo Monner Sans presentó la denuncia que terminó con el sobreseimiento dispuesto por el entonces juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó ese fallo y el caso entró en un subibaja de apelaciones que llegó hasta la Corte Suprema para decidir si el fiscal de Investigaciones Administrativas podía sostener la acusación.
La Cámara de Casación ahora revocó el sobreseimiento y ordenó, por unanimidad, reenviar el expediente al juzgado de primera instancia a cargo de Luis Rodríguez para que el magistrado disponga todas las medidas de prueba pedidas en 2008 y que nunca fueron realizadas.
Los camaristas de Casación recordaron en su dictamen que los fiscales habían señalado la existencia de dudas con la declaración jurada de bienes y de su carácter sospechoso, por lo que entendían que los hechos debían ser investigados.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, nunca alcanzado en 12 años de gestión por la Justicia, será investigado por enriquecimiento ilícito junto con su esposa, Alessandra Minnicelli, luego de que la Cámara de Casación revocó su sobreseimiento y reabrió una vieja causa de 2008 que nunca fue profundizada.
La decisión con clima a fin de ciclo kirchnerista sorprendió por la contundencia de las expresiones de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, que se refirieron al “carácter al menos sospechoso” de la declaración de bienes y, citando a Néstor Kirchner, recordaron que “la corrupción afecta directamente los derechos huamanos”. Por eso dijeron que sobreseer al ministro “es incompatible con el estado de duda” que presenta esta investigación incompleta.
El fallo fue dictado por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, quienes por unanimidad revocaron el sobreseimiento y mandaron el caso al juez federal Luis Rodríguez para que active una batería de medidas de prueba que pidió el fiscal a fin de establecer si el ministro y su mujer se enriquecieron de manera ilícita.
De Vido fue objeto de denuncias en los últimos doce años, pero ninguna avanzó. La causa reactivada es de 2008 y la presentó el abogado Ricardo Monner Sans luego de una publicación del diario Crítica, que advertía sobre inconsistencias en la declaración de bienes de De Vido y de su esposa, porque señalaba que no mencionaban una chacra en Zárate valuada en 750.000 dólares. Además marcaba que los ingresos declarados de la señora no se compadecen con su categoría fiscal, y que el alquiler de un departamento de 320 metros cuadrados en la Avenida del Libertador, en Recoleta, no podía ser pagado con sus sueldos. Además se destacó en ese momento que en una declaración jurada De Vido omitió un “0” al declarar la superficie de un inmueble de 500 metros cuadrados.
Esta denuncia recayó en el juzgado que estaba a cargo de Octavio Aráoz de Lamadrid, un juez que dejó su cargo envuelto en un escándalo y terminó acusado de cohecho en otro expediente. Aráoz de Lamadrid sobreseyó a De Vido y su mujer, pero el fiscal Guillermo Marijuan apeló.
La Sala I de la Cámara Federal confirmó el cierre del caso, pero el fiscal de Investigaciones Administrativas, entonces Enrique Noailles, recurrió para mantener viva la causa.
En ese derrotero procesal el caso subió a la Casación y de ahí a la Corte Suprema, que un un fallo trascendente estableció el criterio de que la FIA podía sostener la acción y recurrir. Los vaivenes procesales ya habían insumido tres años y ningún juez había dispuesto una medida de prueba a fondo. La Casación volvió a pronunciarse y le ordenó a la Sala I de la Cámara Federal que escuche al fiscal y siga con la causa, pero los camaristas volvieron a sobreseer.