LA NACION

Piden apartar al juez Lijo del caso Ciccone

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La defensa del empresario Nicolás Ciccone volvió a pedir el apartamien­to del juez federal Ariel Lijo de la causa por la ex Ciccone Calcográfi­ca, en la que está procesado junto con el vicepresid­ente Amado Boudou.

El abogado Maximilian­o Rusconi recusó a Lijo ante la Sala IV de la Cámara de Casación, en momentos en que el tribunal debe resolver si confirma o no el procesamin­eto de Boudou y del resto de los acusados y los manda a juicio. Ese fallo se firmará en los próximos 15 días.

Rusconi argumentó que teme que Lijo sea parcial porque primero escuchó a su cliente como testigo y usó luego esas pruebas para procesarlo.

Tras la apelación del fiscal Ricardo Weschler, la Casación volvió ayer a pronunciar­se y a poner en evidencia el dislate de un caso que lleva cinco años acumulando papeles sin que nadie lo investigue.

El juez Borsinsky destacó que el actual fiscal de Investigac­iones Administra­tivas Sergio Rodríguez habló del “carácter al menos sospechoso” del caso por la compra de la chacra de Zárate y pidió tener un panorama general del movimiento patrimonia­l de los imputados.

Su colega Gemignani fue durísimo: tras insitir en la imprescrip­tibilidad de los delitos cometidos por funcionari­os, recordó las palabras del propio Néstor Kirchner al Congreso en 2004 cuando dijo que la corrupción socaba las institucio­nes, afectala igualdad y “la cosa pública”. “Cuando hay prácticas corruptas el Estado se degenera” dijo Kirchner en 2004 en el Congreso.

Por eso, Gemignani ordenó agotar la investigac­ión al entender que “se debe respetar el deseo de la sociedad”, representa­da por la fiscalía “para restablece­r la confianza en un funcionari­o y en el sistema”. Gemignani había pedido, incluso, apartar a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal que habían sobreseído a De Vido dos veces, pero no encontró eco en sus colegas.

El juez Hornos no se quedó atrás con sus considerac­iones y, entendió citando al fiscal, que existen dudas sobre cómo De Vido adquirió las propiedade­s y no las declaró. “La investigac­ión está incompleta”, escribió Hornos y dijo que en democracia debe regir el criterio del interés público que se manifiesta en la transparen­cia con que deben manejarse los encargados de la cosa pública”.

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