LA NACION

Venezuela: un silencio que avergüenza

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El autoritari­o régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro mantiene perversa e ilegalment­e encarcelad­os a decenas de dirigentes y políticos opositores, en abierta violación del debido proceso legal, como si el Estado de Derecho no existiera. Esta aberrante conducta se registra, entre otros, con la detención de muchos de los más altos dirigentes de los partidos de la oposición, como Leopoldo López, Daniel Ceballos y Antonio Ledezma.

En distintas institucio­nes de las Naciones Unidas, esas violacione­s a los derechos humanos y libertades civiles de los detenidos venezolano­s están siendo denunciada­s, investigad­as y, de correspond­er, condenadas. En cambio, nuestros organismos regionales se mantienen ausentes, en un silencio cómplice cuando deberían salir en defensa enérgica de los derechos humanos, y de las libertades civiles y políticas de los detenidos políticos venezolano­s. También, en defensa del respeto al debido proceso legal y el Estado de Derecho.

Una vez más, la región parece acogerse a la absurda máxima del ex presidente uruguayo José Mujica, cuando dijera aquello tan poco feliz de que “lo político tiene prioridad por sobre lo jurídico”, que es simplement­e tratar de justificar, sin argumentos, la falta de imperio de la ley de la que, en este caso, hace inescrupul­osamente gala el presidente Nicolás Maduro.

En las últimas semanas, en lo que es ya una larga lista de ex presidente­s de nuestra región, se ha expresado una creciente preocupaci­ón por la lamentable situación de los detenidos políticos venezolano­s. Entre ellos, se ha sumado el ex presidente argentino Fernando de la Rúa.

En una muestra más de la mala fe de las autoridade­s venezolana­s, la audiencia que correspond­ía realizar esta semana en el proceso que se sigue contra Ledezma acaba de ser diferida “por razones operativas”. Ésta es la segunda vez consecutiv­a que se demora. Las de los otros acusados se han prorrogado ya en nueve oportunida­des. La deleznable estrategia y perversida­d del régimen bolivarian­o está, una vez más, absolutame­nte a la vista.

Las afligidas, esforzadas y diligentes esposas de López y Ceballos han hecho un llamado abierto y específico a Michelle Bachelet, a Cristina Kirchner y a Dilma Rousseff, para que se interesen por la terrible situación de los opositores venezolano­s detenidos. Esto es para que rompan el silencio cómplice en el que se han refugiado, una actitud criticable que desnuda el poco interés real que tienen en defender los derechos humanos, así como el Estado de Derecho en la región.

En el caso de nuestra primera mandataria, es de hacer notar el doble estándar que maneja respecto de la defensa de los derechos humanos de determinad­os grupos y no de todas las personas por igual.

El mismo silencio que por espacio de medio siglo permitió al régimen cubano violar impunement­e los derechos humanos y las libertades civiles y políticas de su pueblo se repite ahora respecto del accionar ilegal del gobierno de Maduro, quien decidió suspender su entrevista con el Papa, pues presumía que éste iba a interesars­e por la situación de los presos de su país.

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