Griesa le puso a YPF un plazo para responder un juicio de fondos buitre
Deberá presentar el descargo antes del 17 de agosto; un bufete internacional compró una demanda por la nacionalización; la petrolera acordó las fechas del proceso
Una vez más el juez neoyorquino Thomas Griesa, uno de los principales blancos de las críticas de Cristina Kirchner luego de darles la razón a los llamados fondos buitre en 2012 por un monto original de US$ 1330 millones más intereses, le pone plazos y marca los términos de un litigio que promete ser millonario y envuelve a la Argentina.
El magistrado dispuso que la petrolera YPF tiene hasta agosto para rechazar una demanda que le planteó Burford Capital Limited, un megabufete internacional con activos por más de 500 millones de dólares que compró a principios de año un juicio en España. Burford encabezó el reclamo a través de las firmas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, que la familia Eskenazi había creado en España junto con otra empresa bajo las leyes australianas para comprar una parte de la compañía, en 2008.
Tras la estatización, ambas empresas quebraron y la familia argentina perdió el control de esos activos. En ese proceso, la justicia española les vendió la posibilidad del juicio a quienes hoy querellan contra el país.
Una orden firmada por Griesa el miércoles pasado indica que la petrolera que conduce Miguel Galuccio tiene hasta el 17 de agosto para poner a disposición “su respuesta o moción para rechazar la demanda” que presentó Burford a principios de abril.
El bufete demandó a la Argentina e YPF en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por el supuesto incumplimiento de compromisos asumidos con accionistas de la petrolera. Los acusan de no haber respetado el estatuto de la compañía en el momento de la estatización. Tienen un punto a su favor: el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, lo reconoció en su presentación en el Congreso tras la estatización de la firma. “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15 por ciento, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a 19.000 millones de dólares. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”, lamentó. Esas palabras están citadas en la demanda de Burford.
La estrategia
Rodrigo Cuesta es el mayor responsable de los asuntos legales de empresa. Forma parte de la agrupación kirchnerista La Cámpora y es cercano al propio Kicillof. Quienes trabajan con él lo consideran bien formado para el cargo.
A diferencia de lo que ocurre con la discusión por la deuda soberana argentina y la situación de los holdouts, que maneja el equipo de Economía y tiene como principal gestor a Kicillof, habitualmente muy crítico de los reclamos de esos acreedores, el equipo de YPF parece haber tomado un camino distinto.
Por lo menos en esta instancia del litigio, Cuesta le indicó al estudio Chadbourne & Barke (el bufete de YPF en Nueva York) un primer acercamiento con los demandantes. El objetivo, definir fechas. Sucede que la petrolera no fue notificada oficialmente de la apertura del proceso, cuyo expediente en la justicia norteamericana se comenzó el 8 de abril. Eso habilitó a que comenzaran a transcurrir los plazos .
Fuentes al tanto de las discusiones indicaron que representantes de YPF se reunieron con los de Burford para establecer el momento en el que se dieron por notificados. Eso no implica que hayan reconocido ni un solo punto de la demanda. Es una carta que la petrolera tiene consigo: uno de los puntos de la nota de Griesa estipula de manera explícita que YPF se reserva todas las defensas sobre la acción en curso, incluida la jurisdicción de la Corte sobre la empresa o sobre el asunto en discusión.
Aunque para algunos se trata de una formalidad, no se trata de una salvedad ingenua para la Argentina, enemistada de manera pública con Griesa. Los demandantes, además, fueron quienes sugirieron explícitamente que la causa recayera sobre ese magistrado.
Según la resolución de Griesa, si YPF rechaza la demanda, su contraparte tendrá un plazo de hasta 45 días, pero no menos de 30 para plantear cualquier eventual oposición. Luego la petrolera argentina tendrá otros 25 días para presentar sus quejas.
A diferencia de la petrolera, el Estado argentino aún no se dio formalmente por notificado.
Es probable que YPF les responda a sus demandantes en términos similares a los que en ocasiones anteriores les contestó a los fondos buitre que trabaron su denuncia en el despacho de Griesa. Sencillamente, YPF dirá que no tuvo nada que ver con la estatización del 51% de las acciones de Repsol en la empresa, porque eso fue una decisión del gobierno argentino en la que no influyó la compañía.