Contra la Justicia, sin tregua ni remordimiento
El régimen kirchnerista persiste en el avasallamiento de las instituciones republicanas sin tregua ni remordimientos. El objetivo es procurar la impunidad por los delitos de corrupción que agobian a funcionarios del Gobierno para lo cual se trata de lograr la designación de jueces afines.
Dos ejemplos ilustran acabadamente sobre el propósito señalado. Uno es el intento de desplazar al juez de la Corte Suprema Carlos Fayt, quien, desde su alta investidura, ha contribuido a dignificar la función de hacer justicia. Es un magistrado que tiene la osadía de ser independiente e inconmovible en su honestidad. Como destacó Perfecto Andrés Ibáñez –miembro del Tribunal Supremo de España–, “los jueces de verdad independientes siempre son incómodos”.
La Presidenta le viene dedicando a Fayt expresiones agraviantes incompatibles con su elevada jerarquía, que la obliga a dar ejemplos de respeto y prudencia. Se ha llegado al extremo de pretender someterlo a una investigación sobre su aptitud. Se soslaya, así, que los jueces hablan por sus sentencias y las que suscribe Fayt continúan exhibiendo la calidad y coherencia de sus predecesoras.
Siguiendo la línea trazada por el Poder Ejecutivo, la diputada Fernández Sagasti, que preside la Comisión de Juicio Político, al invitar – la primera intención fue “citar” en calidad de testigos– a los integrantes de la Vocalía de Fayt para indagarlos sobre su estado, incurrió en un verdadero exceso de sus atribuciones. En efecto, el reglamento de la citada comisión (art. 7°) establece que quienes la conforman “carecen de iniciativa para promover juicio político a los funcionarios y magistrados” pasibles de tal medida. A su vez, el Reglamento de la Cámara de Diputados (art. 90) prescribe que le compete a la comisión de marras “investigar y dictaminar en las causas que se intenten contra funcionarios públicos sometidos a juicio político”. Los textos mencionados no ofrecen dudas: la aludida comisión solamente puede investigar cuando se ha solicitado la formación de juicio político y, en el caso de Fayt, no existe ningún requerimiento en tal sentido. La llamada “invitación” busca amedrentar a los colaboradores del ministro Fayt y, por consiguiente, la presidenta de la mencionada comisión estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal) porque carece de atribuciones para actuar del modo en que lo hace.
El otro caso de un magistrado independiente, víctima de los embustes del Gobierno, es el del juez Luis M. Cabral, quien actúa como juez titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Capital Federal. Además, desde 2011, se desempeña como juez subrogante en la Vocalía N° 2 de la Cámara Federal de Casación Penal. Esta última función la ejerce hasta que sea nombrado, por concurso, un nuevo magistrado. Goza, en ambos puestos, de las garantías que otorga la Constitución Nacional (art. 110): estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta e intangibilidad de la remuneración.
Pese a ello fue abruptamente defenestrado de la subrogancia sin motivo alguno. También por una simple resolución administrativa (N° 180 punto 1°) del Consejo de la Magistratura se dispuso que el reemplazante de Cabral se consagrara inmediatamente a considerar todas las causas en las que éste estaba interviniendo. Entre ellas, se destacan dos: la de “Hotesur”, en la que está comprometido el hijo de la Presidenta, y la del expediente en el que se debe resolver la validez constitucional del Memorándum de Entendimiento con Irán. Ambas son actuaciones de especial interés para la Presidenta .
Así, mediante tan inconcebible desplazamiento, se sustrae del juez competente –Cabral– la sustanciación y conclusión del debido proceso porque fue designado con anterioridad a la comisión del delito. Se viola, de este modo, otro precepto de la Constitución (art. 18) que dispone “que nadie puede ser sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.
En los casos de Fayt y Cabral, se han producido las flagrantes vulneraciones indicadas de la Constitución Nacional. El régimen kirchnerista, que ha pretendido mancillar y entorpecer la labor de dos magistrados de impecable trayectoria sigue insistiendo en introducir a los argentinos en la oscura caverna del autoritarismo. Los hechos descriptos han sumergido al país en una situación de profunda gravedad institucional. La Corte Suprema de Justicia debe seguir manteniendo su apoyo inclaudicable a la independencia de la Justicia y al Estado de Derecho que encarnan ejemplarmente ambos jueces.