El Gobierno teme que la Corte invalide la ley de subrogancias y la remoción de Cabral
Considera que habrá planteos de inconstitucionalidad de asociaciones de jueces
El gobierno de Cristina Kirchner se prepara para un conflicto político y judicial contra la Corte Suprema debido a la decisión de la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura de nombrar jueces subrogantes afines a la Casa Rosada. Según temen altos funcionarios, el máximo tribunal podría encaminarse a declarar la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias, la número 27.145.
En este contexto, preocupa en Balcarce 50 la marcha convocada para pasado mañana, a las 18, en la plaza Lavalle, frente al Palacio de los Tribunales, por la Asociación de Magistrados y la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), con apoyo de algunos partidos de la oposición.
“No podemos hacer nada contra ella, pero será un golpe para el Gobierno”, confió a la nacion un alto funcionario. Sin embargo, aseguró que el Consejo de la Magistratura continuará con el nombramiento de jueces subrogantes de confianza de la Casa Rosada a medida que lo pidan las Cámaras.
La pelea se desató luego de que el Consejo removió al juez Luis María Cabral de la Sala I de la Cámara de Casación Penal y lo reemplazó por un conjuez kirchnerista, Claudio Vázquez. Según trascendió, Cabral iba a decidir sobre la inconstitucionalidad del pacto con Irán, en contra de los intereses del Gobierno.
El mismo Cabral anunció ayer que analiza recurrir a la Corte en per saltum, luego de que el juez contencioso administrativo Esteban Furnari rechazó un amparo suyo para ser repuesto en Casación.
“Esta pelea, por una u otra vía, terminará en la Corte Suprema y es muy posible que ésta declare inconstitucional la ley de subrogancias aprobada hace un mes”, dicen en la Casa Rosada. Ello ocurrió con las leyes de “democratización de la Justicia”, declaradas inconstitucionales en junio de 2013.
El Gobierno sabe que la Asociación de Magistrados y la FACA, entre otras asociaciones, plantearán recursos de inconstitucionalidad del artículo 2° de la ley de subrogancias. Las asociaciones confirmaron esos planteos. Ese artículo dispone que “el Consejo de la Magistratura designará subrogantes por mayoría absoluta de los miembros presentes”, esto es siete, y no nueve, número que se necesita para nombrar jueces titulares por concurso.
“Es un atajo para nombrar jueces sin la mayoría calificada que requiere el Consejo de la Magistratura”, dijo a la nacion un fiscal.
Según la ley, los subrogantes serán jueces o miembros de la lista de conjueces designados por el Senado, a pedido de las Cámaras.
“El Consejo seguirá consultando a las Cámaras y nombrará subrogantes en Casación, en reemplazo de Mariano Borinsky, en la Cámara Federal, posiblemente en reemplazo de Eduardo Farah y los Tribunales Orales Federales donde hay cuatro vacantes”, señaló a la nacion un funcionario de Cristina Kirchner.
Según confiaron en Balcarce 50, la Corte, que preside Ricardo Lorenzetti, “está exhortando a las asociaciones de abogados y jueces a hacer planteos de inconstitucionalidad” para “preparar un clima propicio para fallar luego”.
Incluso, cerca de la Presidenta consideran que el fallo de Furnari rechazó el amparo de Cabral por una cuestión de forma, pero dejó abierto un cuestionamiento de fondo sobre la facultad del Consejo para removerlo.
“Puede ser un fallo, aparentemente favorable al Gobierno, pero preparatorio de esta decisión final de la Corte de inconstitucionalidad, una pulseada con el Gobierno”, se atajan en Balcarce 50. “La Corte entraría en conflicto con el Gobierno y con una ley del Congreso”, dicen.
En el Gobierno tienen en cuenta que la Corte convocó a las cámaras de apelaciones de todo el país para escucharlos el mismo día de la marcha. En la Casa Rosada defienden la ley de subrogancias, pero admiten por lo bajo que los conjueces del Senado son oficialistas.
Cabral aseguró ayer que la Corte va a resolver por la “inconstitucionalidad” de su desplazamiento y advirtió que el Gobierno recurrió a un “sistema que permite sustituir” magistrados “según el gusto de una mayoría circunstancial del Consejo”. En diálogo con Radio Mitre, confirmó que estudia recurrir a la Corte mediante un per saltum y dijo que su remoción fue una “decisión del Gobierno” que “afecta normas sobre la vigencia de un Poder Judicial independiente e imparcial”.
En tanto, el fiscal Ricardo Sáenz, vicepresidente de la Asociación de Magistrados, aseguró en declaraciones a FM Concepto que “la marcha del 7 de julio llama a la sociedad no para defender a sus jueces, sino por defensa propia. Es un asunto de los ciudadanos”.