El zorro en el gallinero
Con una tan inusual como controvertida decisión, el Banco Central aprobó que el “zar” del juego Cristóbal López pueda ser dueño de un banco
Con la designación por decreto de los tres directores y un dictamen de la Unidad de Información Financiera (UIF) por el cual este organismo no opuso reparos para la concreción de la operación, el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la compraventa del 70 por ciento del paquete accionario del Banco Finansur, a favor del empresario del juego Cristóbal López, logrando así imponer la decisión política de favorecerlo.
Si bien la negociación había quedado concluida en marzo de 2012, la aprobación de la operación se demoró porque, al involucrar a un empresario del juego, demandó una revisión especial por las prevenciones que la entidad regulatoria debe respetar en materia de lavado de activos. En efecto, los funcionarios de línea más experimentados del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras desaconsejaban la operación toda vez que advertían la existencia de una evidente incompatibilidad entre operar un banco y ser a la vez empresario del juego.
La explotación de juegos de azar es considerada una actividad de alto riesgo en relación con la amenaza de criminalidad financiera. Esto es así porque el juego posibilita la circulación diaria de una muy importante masa de dinero en efectivo a través de operaciones no siempre significativas, en las que no hay una estricta y eficaz supervisión para conocer el origen de los fondos y la identidad del apostador.
Esta actividad ha estado y está bajo la lupa de los organismos que tienen como misión la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por ser considerada a nivel mundial como una de las puertas de entrada del dinero negro a una economía formal. Tanto es así que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) considera, entre sus 40 Recomendaciones sobre Lavado de Dinero, que los juegos de azar deben ser sometidos a procesos de debida diligencia reforzada por los altísimos riesgos que esa actividad lleva implícitos. En la evaluación que el GAFI hizo de la Argentina, el primer rubro que aconsejó controlar es el de la explotación de los juegos de azar, por la expansión vertiginosa que éstos han tenido durante las gestiones presidenciales kirchneristas.
En comparación con países vecinos, la legislación argentina muestra algunos puntos laxos. De acuerdo con un estudio de Thomson Reuters, el caso más relevante es el de Uruguay, donde está prohibida la coexistencia del negocio bancario con el de juegos de azar.
La legislación en vigor en materia de prevención de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo impone a las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar la misma obligación que a los restantes sujetos obligados, esto es, la de reportar operaciones sospechosas a la UIF. De acuerdo con las estadísticas publicadas por este organismo, las casas que explotan juegos de azar se han mostrado remisas a emitir esos reportes. En efecto, según el informe de gestión correspondiente a 2013, los reportes ingresados por la totalidad de los sujetos obligados ascendieron a 36.079, en tanto las personas físicas o jurídicas que explotan juegos de azar, bingos, loterías, casinos e hipódromos presentaron un total de 77 reportes de operaciones sospechosas durante el mismo período.
Por otro lado, así como los bancos, las sociedades de bolsa, las compañías de seguros y las cooperativas tienen organismos de supervisión propios, que a su vez son sujetos obligados a informar a la UIF las operaciones sospechosas que hubieran detectado, ni la Lotería Nacional ni ningún otro organismo de supervisión de los juegos de azar es considerado sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas, por lo que están relevados de la obligación de llevar adelante políticas activas de prevención del lavado de dinero y del financiamiento de actividades terroristas en los juegos de azar que se encuentran bajo su competencia.
Todas estas consideraciones permiten suponer que los riesgos implícitos en materia de prevención de lavado de activos que conlleva la presencia del más grande empresario del juego en nuestro país como accionista mayoritario de un banco son por demás importantes. Más aún si se toma en cuenta que Cristóbal López explota a través de sus empresas 4500 máquinas tragamonedas en el hipódromo de Palermo –concesión prorrogada por el gobierno de Néstor Kirchner hasta 2032– y dos casinos flotantes en la costanera porteña, al igual que más de 25 casinos y salas de slots en el interior del país, entre los que se encuentra el Casino de Rosario, que es el más grande de América latina, al tiempo que se prepara para dar el salto hacia las apuestas
online sobre todo tipo de deporte. Es de esperar que esta particular circunstancia –a la que debe agregarse el hecho de que el gobierno nacional ha prorrogado por octava vez consecutiva el blanqueo de capitales, desde su entrada en vigor en 2013– no ponga en riesgo, de acuerdo con los estándares del GAFI, la calificación de la Argentina, para que nuestro país no vuelva a ser incluido en la llamada lista gris, con las consecuencias negativas que esto traería aparejadas para el sistema financiero, las relaciones comerciales y la reputación del país.
Por lo pronto, la decisión del BCRA y de la UIF de avalar la compra de una entidad financiera por López no es más que un nuevo indicador de las consecuencias de la cooptación de los organismos de control por una fracción política que sólo procura utilizar esas estructuras para perseguir a opositores y disidentes, y beneficiar a sus amigos y socios, garantizándoles impunidad y convirtiéndolos, como en este caso, en verdaderos zorros dentro de un gallinero.