Se negó a pagar 11 pesos
Condenado a 4 años de prisión por llevar droga, rechazó la pena irrisoria y prescribió.
Transportar drogas parece ser un buen negocio. Es que ser parte de la cadena de comercialización de estupefacientes no supone, en líneas generales, penas demasiado severas. Ni siquiera sanciones económicas con efecto disuasivo. En algunos casos, incluso, ocurre todo lo contrario: en Mar del Plata, por ejemplo, un traficante fue condenado a cuatro años de prisión y una multa de 11 pesos. Y ni siquiera la pagó.
El hombre fue sentenciado en 2012 por el transporte de sustancias estupefacientes. El mes pasado la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió la prescripción de la multa que el condenado no había pagado. Pasaron los dos años establecidos por el artículo 65 del Código Penal y, por lo tanto, el sentenciado quedó a salvo de pagar el “daño social” de su acción. Costo que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal había fijado similar al precio de un alfajor.
El fiscal y la Cámara aceptaron la prescripción de la multa dado que seguir el proceso en busca de cobrar la deuda hubiese ocasionado más gastos en papeleo y en movimiento de personal que el valor del monto reclamado por el Estado.
El problema de las multas irrisorias en casos de drogas es habitual. La ley 23.737 establece una escala monetaria de penas que van de 225 a 18.500 pesos. Un relevamiento de expedientes permite verificar que los magistrados se inclinan por multas menores. El caso marplatense no tiene demasiados antecedentes en sentencias por transporte de drogas, pero pueden encontrarse varias causas resueltas con multas 500 pesos por acopio de cocaína.
Incluso en un caso así, en Mendoza, la sanción económica fue de 112 pesos, además de una pena de dos años de prisión en suspenso.
Una multa similar, de 11,25 pesos, había recibido el ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, por tenencia simple de marihuana. Ésa es la pena económica más baja para casos de posesión de drogas. En el caso marplatense se aplicó a uno de transporte de estupefacientes.
El promedio de multas por narcotráfico es de 2000 pesos, aplicadas en casos de transporte de más de 300 kilogramos de marihuana, cargamentos valuados en más de tres millones de pesos.
También se puede advertir que las penas de transporte de sustancias ilegales reciben, en su mayoría, la aplicación de cuatro años de prisión. Ésa es la sanción más baja prevista para ese delito, en un escala de penas que llega a los 15 años.
Esas decisiones judiciales chocan de frente con la expectativa social de una lucha más directa contra el narcotráfico y el narcomenudeo. En sondeos de opinión pública aparece en primer término la necesidad de que la Justicia intervenga en forma más contundente contra el narcotráfico. Así figura, por ejemplo, en el trabajo presentado por el Centro de Investigaciones Sociales Voices-Fundación UADE. En ese documento se consignaron las respuestas de 1008 encuestados sobre narcotráfico y consumo de drogas en la Argentina. El trabajo fue expuesto en el ámbito del Observatorio de Prevención del Narcotráfico, integrado por veinte universidades privadas, entre otras organizaciones.
Ocho de cada diez consultados en ese informe afirmó que el tráfico de drogas es “un problema muy grave” y más de la mitad reclamó en primer lugar “leyes más duras” para cambiar el escenario de crecimiento narco.
Las normas actuales contemplan sanciones severas. Sin embargo, los tribunales aplican las penas más bajas. Al revisar sentencias también queda en evidencia que esa norma antidrogas carece de una reglamentación –o reforma– que determine específicamente la cantidad de sustancias que puede ser considerada para consumo persona o el límite de la tenencia simple.
Varios países (Portugal, Holanda y Gran Bretaña, entre otros) dejan en claro las cantidades de cada droga que forman parte de las diferentes clases de posesión. No queda allí espacio para la arbitrariedad de los tribunales. Por caso, una multa de 11 pesos será difícil de encontrar en alguna sentencia emitida en los últimos años por jueces rosarinos, dado el interés social frente a casos de narcomenudeo en esa ciudad. En otras jurisdicciones, en cambio, el costo judicial de transportar drogas es inferior al valor de un café.