La Corte debe frenar este atropello
Los Kirchner revitalizaron la importancia decisiva del Poder Judicial en la estructura de gobierno y, obviamente, no para consolidar su independencia, sino para invadirlo y dominarlo, de manera de perpetuarse en el poder en un entorno de impunidad.
En su intento de cooptar al Consejo de la Magistratura, Cristina Kirchner disparó agravios, ataques y leyes contra el sistema judicial. Varias normas sobrevivieron a las declaraciones de inconstitucionalidad y son devastadoras: la ley 26.080, de 2006, de reforma del Consejo de la Magistratura; la ley 27.145, de subrogancias políticas, y las leyes que reorganizan al Ministerio Público Fiscal privando a los fiscales de autonomía y estabilidad real.
La clave está en el uso oficialista del Consejo de la Magistratura, incorporado a la Constitución en 1994 para profesionalizar en alguna medida la elección y remoción de jueces, que hasta entonces era netamente política. Mucho debe hacerse para mejorar su funcionamiento, pero ahora lo decisivo es su integración y sus mayorías, porque el Gobierno lo convirtió en un ariete contra la magistratura.
Cualquier despolitización y profesionalismo son utópicos por el desbalance entre los representantes mayoritarios de los jueces (2), abogados (2) y legisladores de la minoría (2), frente a los legisladores de la mayoría (4), sumados al juez minoritario, al representante del Poder Ejecutivo y al “académico”, que al ser designado por las universidades nacionales –dependientes del dinero oficial– es de hecho digitado por el Gobierno, al que obedece.
Con esa mayoría automática de siete a seis, consolidada e inevitable, el oficialismo impide el funcionamiento equilibrado que estructuró la Constitución. Peor aún, obstaculizando la cobertura de las vacantes con la pésima ley 27.145 puede llenarlas con jueces subrogantes amigos, como ya empezó a ocurrir. Eso sin contar con el resto de los daños que causa a la Justicia el manejo discrecional de las otras funciones del Consejo, incluida la aplicación de sanciones, con esa mayoría automática de siete votos, para amedrentar al resto de los magistrados insumisos.
Ese desequilibrio debe ser corregido porque viola la Constitución. Se debe igualar la representación de los sectores que integran el Consejo para que ninguno prevalezca sobre los demás. Ése es el equilibrio real, eficaz y eficiente que exige la Constitución, y por eso las leyes 26.080 y 27.145 son inconstitucionales.
Quizá no exista en lo inmediato un partido con los votos necesarios para derogarlas. O peor, puede ocurrir que la tentación del poder impida la grandeza suficiente para volver a la independencia judicial imprescindible para ser una república.
Pero hay una solución rápida y concretísima. Tenemos que asumir como ciudadanos nuestra responsabilidad: como lo demostró el caso Campagnoli, debemos mantener una intensa y activa presencia en actos, marchas y reclamos públicos o individuales ante los atropellos. No nos desalentemos, porque la marcha por Nisman no fue en vano: sólo fracasará si olvidamos que debemos hacerle justicia, aunque sea tarde. Ya llegará cuando cambie el gobierno.
En este momento crucial tenemos que reclamar ante la Corte, porque ella tiene todas las posibilidades y la ineludible responsabilidad de imponer el respeto a la Constitución, violada frontalmente por estas normas. Por eso debemos exigir a la Justicia lo que Vanossi llama “energía jurisdiccional”, ya que no se trata sólo de dictar sentencias, sino también de obligar a su cumplimiento. Sabemos que la Corte pudo haber impedido el actual atropello kirchnerista si hubiese declarado inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura en 2006, como pidieron y demandaron Monner Sans y el Colegio Público de Abogados.
Afortunadamente, la Corte también puede cambiar de opinión: aún existen dos juicios contra la nefasta ley 26.080, que son las demandas del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Si la Corte quiere, puede modificar su posición y declarar la inconstitucionalidad de las representaciones desiguales en el Consejo, así como también la invalidez de la reciente ley 27.145 y del desplazamiento de los jueces Cabral y Martínez.
Si no lo hace, veremos muchas otras remociones y nombramientos de jueces amigos del kirchnerismo, con lo que se perfeccionará la todavía reversible colonización del Poder Judicial por parte de la Presidenta y sus seguidores.
La Corte puede y debe ser enérgica y tan rápida y rigurosa como lo fue al rechazar el pedido del fiscal Pleé en favor de la reposición del juez Cabral.
Ya alertó Juan Pedro Merbilhaa, en marzo, que estábamos ante el preaviso de un golpe de Estado para reemplazar a algunos integrantes de uno de los tres poderes, los jueces, violando la Constitución.
Depende de la Corte impedirlo. Y de nosotros también, así que mantengámonos firmes.