Quedó en manos de Casanello la causa por las facturas truchas de Lázaro Báez en Bahía Blanca Planilla para truchos

El juez federal bahiense López da Silva se declaró incompetente y derivó la investigación del fraude fiscal; el caso también complica a Echegaray

Tras acumular múltiples pruebas y testimonios sobre el presunto armado de una asociación ilícita fiscal y de las supuestas maniobras posteriores de encubrimiento en Bahía Blanca para beneficiar a Lázaro Báez, el juez federal de esa ciudad, Walter López da Silva, se declaró incompetente el viernes. Consideró que otro magistrado en Buenos Aires, Sebastián Casanello, debe continuar con la investigación sobre el capítulo bahiense del presunto testaferro de la familia Kirchner y completar así el rompecabezas.

López da Silva consideró que Casanello comenzó antes a investigar a Báez por la “ruta del dinero K” y que todo lo que ocurrió –y se probó ya– en Bahía Blanca puede darles más impulso a las investigaciones en Buenos Aires. En particular, con lo que podría resultar el “delito precedente” del supuesto lavado por medio de la financiera SGI, “La Rosadita”, de Federico Elaskar, y los esfuerzos por ocultarlo todo.

Por ese motivo, López da Silva se declaró incompetente en dos expedientes paralelos sobre Báez en esa ciudad del sur bonaerense. En uno investigaba la existencia de una supuesta asociación ilícita fiscal con empresas de tres familias locales –los Ficcadenti, los Ferreyra y los Pedraza–, dedicadas a generar facturas truchas que terminaron en los balances de la firma Austral Construcciones.

El segundo expediente, en tanto, buscaba determinar por qué el entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, disolvió la regional del organismo en Bahía Blanca mientras se investigaba el multimillonario entramado de facturas truchas.

Esas investigaciones causaron, a su vez, más secuelas. Funcionarios de la AFIP en aquella ciudad fueron desplazados –entre ellos, Silvia Huici y Carlos Blanco–, al igual que el entonces juez subrogante y un secretario a cargo de las pesquisas, Santiago Ulpiano Martínez y Mario Fernández Moreno, en una virtual intervención del juzgado local.

Tras la salida del kirchnerismo del poder, sin embargo, la AFIP inició una auditoría interna que detectó múltiples irregularidades dentro del organismo en Bahía Blanca, mientras que la Justicia reactivó las investigaciones. Así salieron a la luz hallazgos incluso insólitos, como la aparición durante el allanamiento en una de las usinas de facturas de una planilla con la anotación “Facturas Apócrifas” y “Báez”, o un mail enviado desde otra firma al estudio contable donde preguntaban si unos saldos acreedores eran “¿verdaderos o truchos?”.

Con esas evidencias, informes y más de una decena de testimonios, López da Silva aportó las primeras conclusiones sobre ambas pesquisas al momento de enviarlas a los tribunales de Comodoro Py.

Sobre la primera investigación, el juez detalló que del “análisis de las actuaciones obrantes, se desprende prima facie la existencia probable de una asociación ilícita fiscal que estaría integrada por Lázaro Báez y Martín Báez”, junto con miembros de las familias Ficcadenti, Ferreyra y Pedraza, y el contador Rogelio Changuía, “destinada a cometer con habitualidad delitos tributarios”. Todo eso ocurrió, detalló, a través de Austral Construcciones y las firmas Grupo Penta, Calvento y Terrafari (de los Ficcadenti); Constructora Patagónica Argentina (de los Ferreyra), e Iberoamericana de Servicios (de los Pedraza).

Pero cuando los sabuesos locales de la AFIP comenzaron a investigar qué ocurría en Bahía Blanca, abundó el magistrado, comenzaron “las maniobras obstructivas que presumiblemente fueron desplegadas desde la AFIP central –a cargo de Ricardo Echegaray– y que habrían tenido por finalidad proteger o encubrir los delitos de naturaleza tributaria de Lázaro Báez”.

Esas maniobras, explicó el juez, derivaron en la apertura de la segunda investigación en Bahía, pero también “su correlato directo en esta ciudad, probablemente a través de la disolución de la estructura del organismo recaudador local, lo que implicó serios perjuicios al área de fiscalización que, justamente, investigaba a las empresas”.

Ahora, sin embargo, López da Silva concluyó que Casanello debe ser quien impulse esos expedientes, porque ya tenía en la mira lo ocurrido en Bahía Blanca y ya acumulaba otros indicios al respecto. Por ejemplo, sobre las 28 llamadas que Lázaro Báez mantuvo “con gente de su entorno” que estaba en Bahía Blanca –según surge de las antenas de telefonía celular–, entre fines de octubre y de diciembre de 2012, período en que ingresó el dinero investigado a “La Rosadita”.