Reclamarán cambios profundos en los decretos de conflictos de interés
debate. Las ONG pedirán que la normativa alcance a todos los funcionarios y no sólo al Presidente; piden mayores controles
Con cierto “gusto a poco”, distintos organismos de la sociedad civil reclamarán que los decretos para regular los conflictos de intereses vayan más a fondo. Las ONG consultadas por la Oficina Anticorrupción (OA) tienen hasta hoy para acercar sus sugerencias y se prevé que haya múltiples pedidos para profundizar los resortes que garanticen la transparencia.
La presión también llega desde el Congreso. Mientras la oposición exige que estas medidas no se resuelvan por decreto, también los socios de Cambiemos claman por nuevas leyes. La UCR ayer presentó un nuevo proyecto para regular los conflictos de intereses y desde la Coalición Cívica (CC) Fernando Sánchez acumula varias iniciativas, como la que plantea que todos los presidentes deben poner sus bienes en un fideicomiso ciego y otra de reforma de la ley de ética pública.
En el borrador del Gobierno, el decreto para evitar conflictos de interés en contrataciones señala que todo proveedor del Estado deberá declarar si mantiene algún tipo de vínculo con el presidente, el vicepresidente o el jefe de Gabinete. En esos casos se les dará intervención a la OA y a la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
Poder Ciudadano, Directorio Legislativo y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras, pedirán que se despierte una alerta cuando haya vínculo entre un proveedor y cualquier funcionario público y no sólo con la cúpula del Poder Ejecutivo.
El proyecto oficial contempla que los contratistas del Estado firmen una declaración jurada para indicar si tienen vínculos de parentesco o de amistad con el presidente, entre otros nexos. Esto involucrará a los accionistas, socios y directores de las empresas. Desde el Centro de Estudios Anticorrupción (CEA) de la Universidad de San Andrés reclamarán que la cláusula alcance también a los beneficiarios finales de las sociedades, mientras que desde Poder Ciudadano pedirán que el decreto contemple a todos los que tengan una “posición preferente” en la firma, como ejecutivos o CEO.
Las ONG también pedirán que se expliciten mejor las facultades que tendrán los organismos de control. “¿Qué hará la OA o la Sigen si se detecta un vínculo incompatible? ¿Van a monitorear la contratación? ¿Van a archivarlo?”, se preguntaban en una de las entidades.
El borrador de la norma, en tanto, prevé distintos mecanismos de prevención, como los “pactos de integridad” y la presencia de “testigos sociales”, pero las ONG reclamarán mayor precisión.
Antecedentes
En una gestión que incluye a múltiples cuadros provenientes del mundo privado, las entidades de la sociedad civil pedirán poner mayor atención en los antecedentes laborales. “Pedimos que los funcionarios informen en qué empresa se desempeñaban en el pasado y que la declaración jurada no sea sólo una foto del presente”, manifestaron en Directorio Legislativo. Desde ACIJ reclamaron “extender los plazos en los que rige la incompatibilidad”, que hoy llega a los tres años.
Difundido oficialmente, el decreto que estipula un protocolo para los juicios contra el Estado plantea que deberá darse intervención al procurador del Tesoro nacional cuando el litigante esté vinculado al presidente o al vicepresidente. En Poder Ciudadano manifestaron que pedirán que sea aplicado, también, a ministros y secretarios de Estado, mientras que el CEA solicitará que se amplíe a otros arbitrajes.
El Gobierno ahora se enfrentará a una encrucijada. Por un lado, debe mostrar resultados rápidos ante los traspiés vividos en las últimas semanas con el Correo y Avianca. Por el otro, son muchas las voces que reclaman un cambio de raíz.