La política brasileña se prepara para otro “tsunami”
El fiscal se propuso “depurar” una democracia “bajo ataque”
En una carta interna enviada a sus colegas del Ministerio Público Federal, el procurador general puso en perspectiva el enorme desafío que la justicia tiene por delante y resaltó que Brasil está frente a una coyuntura histórica, única, de limpieza del sistema político a raíz de las confesiones de los empresarios arrepentidos.
“Las revelaciones que surgen de los testimonios, pese a que ya eran presumidas por muchos, lanzadas así a la luz del día, en un procedimiento formal ante nuestra Corte Suprema, nos confrontan con la triste realidad de una democracia bajo ataque y, en gran medida, ultrajada en su esencia por la corrupción y por el abuso del poder económico y político”, dijo Janot en su mensaje que se hizo ayer público.
Luego de aclarar que su actuación jamás tendría por finalidad criminalizar la actividad política, el procurador resaltó: “El éxito de las investigaciones serias conducidas por el Ministerio Público Federal hasta aquí representa una oportunidad excepcional de depuración del proceso político nacional”. Y exhortó a los fiscales y jueces a mantenerse imparciales ante los embates político-partidarios y velar por la cohesión interna del Ministerio Público Federal.
El acuerdo de delación premiada de Odebrecht, pieza fundamental de las investigaciones de la llamada operación Lava Jato, que busca desentrañar la multimillonaria red de corrupción instalada en Petrobras, se mantiene bajo secreto de sumario. Pero según las primeras filtraciones, en sus declaraciones los empresarios acusaron a los ex presidentes Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT); los titulares de la Cámara de Diputados y del Senado, Rodrigo Maia (Demócratas, DEM) y Eunicio Oliveira (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB); los senadores Aécio Neves y José Serra (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), ambos aspirantes presidenciales, así como cinco ministros del presidente Michel Temer: Eliseu Padilha (jefe de gabinete, PMDB), Wellington Moreira Franco (Secretaría General de la Presidencia, PMDB), Aloysio Nunes (Relaciones Exteriores, PSDB), Gilberto Kassab (Ciencia y Tecnología, Partido Social Democrático, PSD) y Bruno Araújo (Ciudades, PSDB).
Los pedidos pasaron al análisis del juez del STF encargado del caso, Edson Fachin, a quien el procurador general le solicitó levantar el secreto de sumario “para promover la transparencia y garantizar el interés público”. Mientras ese paso fundamental no sucede, en Brasilia toda la clase política ya acusó el impacto de esta primera oleada del “tsunami Odebrecht” y se debate cómo prepararse para lo que se viene.
El presidente Temer, preocupado por el riesgo de que la agenda de reformas estructurales impulsadas por su gobierno quede trunca, se reunió ayer de apuro con la cúpula del Congreso, salpicada por el escándalo. En el Palacio del Planalto se respira mucho nerviosismo por lo que podría suceder si las investigaciones avanzaran y los cinco ministros fueran procesados.
El propio Temer –que además enfrenta un proceso en el Tribunal Superior Electoral por abuso de poder político y económico en las elecciones de 2014 que podría acabar pronto con su mandato– adelantó el mes pasado que pediría la salida temporal de cualquier asesor procesado y que, de ser hallados culpables, serían apartados definitivamente. ¿Cumplirá con su promesa incluso con sus dos ministros más cercanos, Padilha y Moreira Franco? ¿Cuál será el efecto en la economía, que comienza poco a poco a generar indicadores positivos después de la peor recesión de la historia brasileña?
Quien salió primero a intentar generar tranquilidad fue el ministro de Economía, Henrique Meirelles. “No hay señal de interrupciones en el trabajo legislativo. El gobierno continúa operando normalmente. Lo importante es que el interés del país no sea perjudicado, independientemente del avance de las investigaciones”, dijo.
La prioridad del gobierno ahora es que se aprueben cuanto antes sus propuestas de reforma del sistema de jubilaciones y la flexibilización laboral. Sin embargo, más allá de las resistencias que hay en algunos legisladores, las iniciativas enfrentan gran oposición en la sociedad, y ayer Brasil vivió una agitada jornada de protestas en contra de ambos proyectos.
Convocadas por sindicatos y movimientos sociales, hubo manifestaciones en 22 de los 27 estados del país, con paralizaciones de trabajo, cortes de rutas y calles, ocupaciones de edificios públicos e invasiones de campos. La mayor movilización se realizó en San Pablo, donde decenas de miles de trabajadores bloquearon las principales vías de la ciudad y generaron embotellamientos de hasta 150 km.
“Presentamos un camino para salvar el sistema de previsión del colapso”, buscó explicar Temer en un evento por la tarde. “Debemos predicar la necesidad urgente de la reconstrucción urgente de Brasil. Tenemos poco tiempo para colocar al país sobre sus carriles”, abogó, mientras en las calles los ánimos se calentaban.