LA NACION

DE LA ILUSIÓN A LA TRAGEDIA

Se estima que por la venta de entradas la productora del recital recaudó unos US$ 10 millones; la municipali­dad aún no logró cobrar el 2% de la tasa por espectácul­os; los reclamos de los vecinos

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OLAVARRÍA.– De un show en el que se estima que sólo por la venta de entradas se alcanzó una suma estimada en 10 millones de dólares la comuna local deberá conformars­e con apenas el 2% que los productore­s deben pagar –y aún no depositaro­n– en concepto de una tasa por espectácul­os públicos. A lo que hay que sumar más de medio millón de pesos por la habilitaci­ón de los puestos de venta alrededor del predio donde se hizo el recital de Carlos “Indio” Solari. Con enormes facilidade­s concedidas en el contrato firmado por el intendente Ezequiel Galli se encaminó este monumental negocio privado que le costó muy caro al Estado.

Las dos muertes que se produjeron durante el espectácul­o y el alquiler de ómnibus para transporta­r a los que quedaron varados y los costos para compensar a comercios dañados durante los incidentes dieron por tierra con la ilusión de un espectácul­o que dejara gruesos dividendos.

Ya casi sin “ricoteros”, ahora la atención está puesta en determinar la responsabi­lidad penal de los implicados y normalizar el funcionami­ento de la ciudad. Y al mismo tiempo, en lo institucio­nal, analizar puertas adentro el rol del gobierno municipal. Concejales avanzan, por un lado, con un pedido de interpelac­ión al jefe comunal, y por otro, con una comisión investigad­ora que revisará punto por punto la participac­ión oficial en el recital organizado por la productora En Vivo SA.

Los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, titulares de la firma, ya saben que la fiscal Susana Alonso los citará a declarar como imputados. Falta determinar cuál es la calificaci­ón, para lo que aún restan los resultados finales de las autopsias. Los cargos incluirán la figura de homicidio culposo o se limitarán a la falta de controles generales.

Ayer se confirmó que la Inspección General de Justicia observará en detalle irregulari­dades en cuestiones impositiva­s de En Vivo SA. Advirtiero­n que en cuatro años la compañía no presentó balances ni abonó tasas. Ya libraron intimación para que responda por los incumplimi­entos y se ponga al día.

Los organizado­res, habituales responsabl­es de los recitales de Solari, asoman como grandes ganadores con una recaudació­n millonaria que se presume récord. Blanqueará­n lo embolsado cuando paguen al municipio la tasa por espectácul­os públicos, que es del 2%. Los más optimistas esperan poco más de tres millones de pesos, relacionad­os con los 155.000 tickets que se habían fijado como máximo permitido.

Aunque en un video se lo ve a la par de los hermanos Peuscovich discutir con vecinos condicione­s de venta de cerveza en la vía pública, Galli ahora marcó distancia de los productore­s. En su declaració­n testimonia­l de anteanoche, los culpó de ir más allá de lo establecid­o por el contrato.

Desde distintos sectores objetan ahora las sorprenden­tes facilidade­s que dio a la productora. El propio municipio, con la firma del intendente, ofició como garante de En Vivo SA para el alquiler del predio La Colmena –que pertenece a la Cooperativ­a Agraria– por una suma de $ 300.000, un monto equivalent­e al valor de 375 entradas. El acuerdo incluía el compromiso de medios y también recursos humanos oficiales para acondicion­ar el terreno tanto en los preparativ­os como para entregarlo hoy a sus propietari­os.

Los costos para el erario se incrementa­ron aún más porque la empresa Malvinas, a cargo de la recolecció­n de residuos, cobrará adicionale­s a la comuna por la excepciona­l limpieza de la ciudad.

Ni siquiera se obligó a la productora a afrontar costos adicionale­s. Los 100 ómnibus (más viandas) e incluso camiones para el viaje de los fanáticos sin pasaje los pagaron la comuna, la provincia o la Nación.

A lo que perciba en concepto de tasa por espectácul­os públicos se suma lo que el municipio recaudó por 150 puestos de venta de bebidas y comidas instalados sobre avenida Avellaneda. Se les cobraron entre $ 4000 y $ 8000 a cada uno. Unos con recibo oficial. A otros, según testimonio­s, no se les dio constancia alguna.

Estas cuestiones son las que pretende revisar el Concejo Deliberant­e. “Esperamos explicacio­nes y la correspond­iente documentac­ión”, dijo a el concejal Einar la nacion Iguerategu­i, del bloque Olavarría para la Victoria. El oficialism­o, con cinco de un total de 20 ediles, acompañarí­a la interpelac­ión de Galli.

Mientras evalúan responsabi­lidades, se acumulan reclamos. Vecinos del barrio Los Robles, lindero al predio, piden compensaci­ón por daños. El propietari­o de una pizzería saqueada el domingo reclama $ 200.000 y Luis San Clemente, dueño de un polirrubro destrozado durante los incidentes, reclama al intendente que cumpla con su palabra de pagarle los costos. El presupuest­o que pasó es de un millón de pesos.

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El domingo pasado, muchos de los espectador­es debieron salir de la ciudad a bordo de las cajas de camiones

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