Nombran en Itatí un intendente “de apuro” para evitar la acefalía
El edil Salvador Lugo, carnicero de la localidad, quedó al frente del municipio; mientras, la Legislatura de Corrientes analiza dos proyectos para decretar la intervención de la ciudad
ITATÍ.– En medio de la noche, bajo una luz escuálida, sentados en torno a una mesa rústica de algarrobo de la municipalidad, los dirigentes políticos que aún responden a Natividad “Roger” Terán decidieron que debían resistir en la conducción del municipio y eligieron al edil Salvador Lugo, del Partido Liberal –aliado al Frente para la Victoria– para que quede a cargo del Poder Ejecutivo.
Mientras los “punteros” del intendente planeaban cómo eludir la intervención al municipio, que pretende activar el gobierno provincial (ayer ingresaron en la Legislatura dos proyectos al respecto, uno de ellos, del gobernador Ricardo Colombi), a esa hora Terán y el viceintendente Fabio Aquino estaban presos en el Escuadrón 48 de Gendarmería. Horas más tarde, ellos y los otros 23 detenidos en el operativo Sapucay fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia Buenos Aires, donde llegaron anoche y mañana declararán ante el juez federal Sergio Torres, que lleva adelante la megacausa de narcotráfico que se originó hace dos años tras un operativo de venta de droga al menudeo en la villa Zavaleta.
El magistrado avanzó con la pesquisa sobre los proveedores de los
dealers y llegó hasta Itatí, donde el histórico contrabando de mercadería mutó al de marihuana al amparo de un aceitado engranaje del Estado que participaba del negocio ilícito.
Al inicio de la causa, las escuchas telefónicas y las tareas de campo realizadas por la Gendarmería pusieron uno de los focos de la investigación en Itatí, puerto de entrada de la marihuana en el país. De la investigación también participó la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal federal Diego Iglesias.
El mes pasado, en otra causa a cargo del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila, la Gendarmería detuvo a Mariela Alejandra Terán, una de las hijas del intendente, y a su pareja, Ricardo Piris. Seis días más tarde fue capturado con 521 kilos de marihuana Hernán Aquino, un hermano del viceintendente; era la tercera vez que le secuestraban droga. Todo el entorno del poder político local estaba quedando rodeado.
La incursión de 670 gendarmes en Itatí, donde anteayer realizaron 32 allanamientos y detuvieron a las máximas autoridades del Estado local, provocó un vacío de poder y desesperación entre los seguidores de Terán, que sobreviven bajo un sistema político clientelar manejado
por los que supuestamente dominaban el tráfico de estupefacientes.
Bajo el sol rabioso del mediodía, a Lugo, de 61 años, dueño de una carnicería en el barrio 9 de Julio, de Itatí, le ganaron los nervios cuando leyó un comunicado frente al municipio para confirmar que reemplazaba a Terán. “Estaré al frente de la comuna hasta diciembre, si no hay una intervención antes”, advirtió. Para esa fecha “Roger” cumpliría su segundo mandato. Ya estaba en campaña para la reelección, pero es probable que se hayan complicado sus ambiciones.
La estrategia de supervivencia de la alianza del FPV y el Partido Liberal para conservar el poder en Itatí generó malestar en el gobierno de Corrientes, que ayer envió a la Le-
gislatura un proyecto –que se sumó a otro que presentó el diputado Omar Yung, del Partido Nuevo (PANU)– para intervenir el municipio y el Concejo Deliberante itateños.
Ambos proyectos pasaron a la comisión de Asuntos Constitucionales y se prevé que sean tratados sobre tablas la semana próxima. El problema que tiene el gobernador Colombi es que el oficialismo no posee mayoría en ninguna de las dos cámaras y para la intervención se requieren los dos tercios de los legisladores. Si los proyectos prosperan sería la primera vez que se toma una decisión de esa naturaleza por un caso de narcopolítica.
En la administración de Colombi tratan de anticiparse para que el esITATÍ.–
cándalo de Itatí no los roce ni perjudique en el final de una gestión de 16 años. Yung dijo que “el gobernador, el ministro de Seguridad y el jefe de policía debieron haber sabido de lo que ocurría en Itatí con los policías implicados. Así y todo, mantuvieron al comisario en su puesto cuando la comunidad pedía su remoción”. Ese jefe policial es Diego Ocampo Alvarenga, que enfrentó varias marchas en Itatí que pedían su desplazamiento. El gobierno lo mantuvo.
La oposición le atribuye a Colombi ser un “espectador” ante un problema que no es nuevo. El gobernador, por su parte, expresó que “el tema en Itatí es recurrente, se sabía el estado en el que estaba y todo esto viene a clarificar la situación”.