Llegar a casa por una calle sin veredas y esquivando camiones
En el barrio Saldías, un asentamiento de 100 años, los vecinos viven pegados a una vía de alto tránsito A menos de dos cuadras del shopping Paseo Alcorta está el barrio Saldías, un asentamiento centenario que nació de la mano del ferrocarril. Para llegar hasta este rectángulo de unos 400 metros por 60, rodeado por decenas de galpones y las vías del tren, los vecinos caminan por la calle Padre Mugica, sobre la que se encuentran la mayoría de las casas y casillas. Sin veredas, trepándose al terraplén de las vías o haciendo equilibrio sobre el cordón cuneta esquivan autos y camiones.
El sonido de los vehículos y los trenes que pasan frente al barrio invade el ambiente. “El tránsito es así de lunes a sábado, mañana, tarde y noche. Los oídos se te acostumbran”, dice Juan Martínez, que tiene 59 años y a los 14 empezó a trabajar en el ferrocarril en Tucumán, su provincia natal. “El riesgo más grave que tenemos son los camiones: el horario pico coincide con el de los chicos cuando van al colegio. Y después empieza de nuevo a partir de las 14.30. Es infernal. Hay que tener muchísimo cuidado al cruzar la calle, si no es prácticamente un suicidio.”
Juan llegó al barrio en 1991, cuando era enfermero en el Hospital Militar Central de Belgrano y lo convocaron para trabajar en el ferrocarril. “Ahí me mudé a Saldías y nació ese vínculo que llamo familiar-vecinal. En ese momento había unas 56 familias: hoy hay cerca de 220, unos 800 habitantes estables”, cuenta Martínez, uno de los fundadores de la asociación civil Vecinos del Barrio Saldías.
El rol de los vecinos
Sobre los servicios, Juan asegura que los mismos vecinos hicieron las obras de las cloacas, pero el sector más nuevo aún no las tiene. “Le pedimos al Estado el gas, la terminación de las cloacas y denunciamos que hay un grupo que está colgado de la luz”, explica.
Además reclaman la construcción de una salita de atención primaria. “Al año hay varios accidentes por el tren o el tránsito. A mi vecina la levantó la camioneta de Cliba. No hay veredas perimetrales y, a pesar de que hay lomas de burro, los camiones pasan como vienen y nadie respeta los semáforos. Hacen maniobras y a más de un pibe lo hemos sacado de abajo de un camión”, cuenta.
Sergio es colombiano, tiene 27 años y hace dos que vive en Saldías con su mujer y su hijo de nueve meses. Su casa está a menos de un metro de la calle Padre Mugica. “Trabajo de barman en Caballito y vuelvo a las 2 de la mañana en bicicleta. Le puse ojos de gato, porque a esa hora la calle está muy oscura”, dice. Admite que el riesgo es grande y que también tienen miedo por su bebe. Señala el poste de luz que está casi pegado a su puerta y agrega: “Estas luces funcionan, pero no sé por qué, muy raras veces las prenden”.
Pablo Vitale, coordinador del área Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostiene que los factores estructurales que generan los riesgos en los asentamientos “se empiezan a resolver con la decisión de integrar plenamente a estos barrios al resto de la trama urbana”.
En esta línea, Florencia Yaccarino, directora del relevamiento de Techo, destaca que en los asentamientos se acumula la vulneración de derechos. “Ante cualquier emergencia producida a causa de un factor de riesgo, muchas veces la ambulancia no ingresa, hay que caminar mucho hasta la parada de transporte público y la frecuencia no es la misma que en otros lugares de las ciudades”, dice.
Para ella, el primer paso en el camino de la búsqueda de soluciones es diagnosticar y conocer la problemática: “Cada barrio deberá tener su propio plan de acción, pero lo importante es que en conjunto con la comunidad se pueda charlar sobre el problema y generar una respuesta. Siempre haciendo participe a los vecinos, que son los que conocen esos factores de riesgo, los sufren a diario y tienen muchas propuestas, aunque no los recursos para implementarlas”.
Virgilio Gregorini, director ejecutivo de Techo, también opina que para mejorar la situación de los asentamientos “es necesario reconocer los procesos de producción social del hábitat” (72% de los referentes comunitarios declaran haberse organizado para mejorar su barrio), es decir, hacer partícipe a la comunidad, y por otro lado generar políticas estructurales que actúen sobre las causas que dan lugar a la generación de nuevos asentamientos o el crecimiento de los existentes, específicamente políticas de gestión, producción y regulación de acceso justo al suelo urbano y rural. “Un país que no planifica ni regula su suelo deriva en la informalidad urbana”, concluye.
Escuchar la voz de la comunidad es clave a la hora de proyectar políticas públicas