La AFIP anunció que no extenderá el blanqueo
sin cambios. El Gobierno resolvió mantener como fecha límite el 31 de marzo, también para la moratoria
Pese a las versiones que indicaban que el plazo para ingresar en el blanqueo de capitales podría estirarse hasta fines de mayo, el Gobierno confirmó ayer que el sinceramiento fiscal –incluida la moratoria para empresas y personas– cerrará el 31 de este mes, como estaba previsto en la ley.
Así lo informó ayer la AFIP, tras una reunión del gabinete económico en la Casa de Gobierno, donde se decidió ratificar el plazo fijado por ley para dar “mayor seguridad jurídica”. Fuentes oficiales señalaron que ya ingresaron US$ 110.000 millones y que la aspiración es llegar a US$ 120.000 millones.
Finalmente, el Gobierno decidió no prorrogar el blanqueo de capitales que vence a fin de mes ni la moratoria fiscal. La decisión se tomó ayer al mediodía en una reunión en la Casa de Gobierno en el marco del gabinete económico. Fuentes oficiales indicaron a la nacion que los funcionarios “evaluaron que es mejor concluir el blanqueo en el plazo establecido por la ley para garantizar la seguridad jurídica”, frente a la posibilidad de aumentar la recaudación que haya ingresado al finalizar el proceso.
La aspiración del Gobierno es llegar al 31 de marzo (el viernes de la semana próxima) con presentaciones por US$ 120.000 millones, aunque hasta el momento se estaría en torno de los US$ 110.000 millones, según comentó otra fuente oficial.
La decisión fue tomada en una reunión del gabinete económico de la que participaron el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui; el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Federico Sturzenegger, entre otros funcionarios.
Hasta la mañana, el Gobierno evaluaba si podía prorrogar el blanqueo por medio de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), como había publicado
El problema era que había temores porque, al ser un tema tributario, el DNU podía ser rechazado en el Congreso, al considerar que se trataba de una cuestión que debía ser reformada por ley.
Para definirlo, hubo, además de un estudio técnico, una negociación política para saber si la oposición le allanaría el camino a un decreto de necesidad y urgencia. “Y hay que ver si eso no sale muy caro”, confesó otra fuente del oficialismo.
El problema para aprobarlo por medio de una ley es que sólo quedan dos semanas antes de que venza el plazo establecido por la ley 27.260 para el fin del blanqueo.
Desde el bloque de Pro en el Congreso indicaron que nunca llegó una línea definida del Ejecutivo, y desde el Frente Renovador indicaron que, por ahora, “sólo se habló de la posibilidad de extender la moratoria, no el blanqueo”.
Varias entidades profesionales, incluido el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados, pidieron la prórroga del régimen de sinceramiento fiscal, sobre todo por la reciente modificación del denominado “blanco sobre blanco” referido al blanqueo de los inmuebles.
No más planes de pagos
La posibilidad de extender el blanqueo nació a comienzos de mes, cuando un grupo de gobernadores le planteó al Gobierno la necesidad de extender la moratoria fiscal. Como ambas cosas forman parte de la misma ley, el Gobierno vio la oportunidad de, con aval de la oposición, extender hasta mayo el plazo para declarar activos.
La idea era darles más tiempo a los que tuvieran que exteriorizar propiedades, sobre todo después de que la AFIP habilitó en las últimas semanas a blanquear a nombre propio activos que estaban bajo la tutela de testaferros.
Sin embargo, ya desde el comienzo, en el Congreso la oposición deslizó que sólo le daría aval a la moratoria. El proyecto era extenderla hasta el 31 de mayo y modificar la norma vigente para que pudieran incluirse dentro del plan de pagos no sólo las deudas tributarias registradas hasta mayo de 2016, sino también las contraídas hasta diciembre del año pasado.
“El Gobierno enseguida dio de baja la idea del blanqueo. No estaba dispuesto a asumir el costo político de la negociación en el Congreso”, confió una fuente al tanto de las conversaciones. “Si el proyecto pasaba, bien. Pero si no, sólo iba por la moratoria”, explicó.
Extender la moratoria no sólo hubiera dado alivio a muchas pymes provinciales, sino a grandes empresas que tienen causas en la Justicia iniciadas por la AFIP. Tal es el caso, por ejemplo, de OCA, la empresa privada de correo que el año pasado fue denunciada penalmente por la AFIP por deudas contraídas a lo largo de 2016, o Cristóbal López, que hubiera ganado así más tiempo para poder conseguir un aval judicial e ingresar al plan de pagos.
Pero el Gobierno también dio de baja la idea de la moratoria, pese a que las distintas fuerzas del Congreso estaban casi alineadas. “Decidimos que no valía la pena”, esgrimió un ministro del gabinete económico, al ser consultado por la nacion. “Es mejor respetar las fechas que nos habíamos impuesto”, agregó.