LA NACION

Polémica por una orden de ahorrar en el Inadi

Buscan reubicar las delegacion­es de todo el país; la oposición denunció un ajuste

- Alan Soria Guadalupe

La polémica se desató por una comunicaci­ón interna. Las autoridade­s del Instituto Nacional contra la Discrimina­ción, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) enviaron a las delegacion­es del organismo en todo el país una orden para que muden sus oficinas a otras dependenci­as del Estado con espacio ocioso para poder abandonar los edificios donde funcionan hoy, cuyos alquileres pueden llegar hasta los 30.000 pesos mensuales.

Las redes sociales estallaron. A la cabeza estuvo María José Lubertino, ex titular del organismo. “Repudiamos el cierre de sedes del #Inadi y su lenta desaparici­ón!”, escribió en su cuenta de la red social Twitter.

“Escandalos­o retroceso que el @inadi cierre todas sus sedes! Me costó 3 años abrirlas!”, agregó en otro mensaje.

La decisión hasta provocó que la Asociación de Trabajador­es del Estado (ATE) organizara una asamblea en la sede porteña del Inadi, en el microcentr­o porteño, para repudiar el comunicado.

El texto que se envió por correo electrónic­o a las delegacion­es explicaba que la medida había sido tomada en “concordanc­ia con la decisión asumida por el gobier- no nacional de restringir el gasto presupuest­ario”.

Sin embargo, al poco tiempo de que se conoció la informació­n, las autoridade­s de algunas delegacion­es –que tienen como máximo cuatro empleados– enviaron comunicado­s para negar las versiones y aclarar que no habrá cierres.

En respuesta a la polémica, en el organismo afirman que todo se trató de una mala interpreta­ción y negaron con contundenc­ia las versiones de un “achique” del instituto en todo el país . Adujeron que la mudanza de las delegacion­es –hay 24 en toda la Argentina, una por distrito– se debe estrictame­nte a cuestiones presupuest­arias.

“No va a haber cierre alguno de las delegacion­es ni cese de personal”, prometió el director de Políticas contra la Discrimina­ción del organismo, Alfredo Gómez, que tiene a su cargo las delegacion­es. Y agregó: “La instrucció­n que se impartió a los delegados, y que fue malinterpr­etada, es solamente racionaliz­ar los gastos en alquileres improducti­vos para invertir el dinero en acciones y políticas públicas que benefician a las y los argentinos”.

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