Una apuesta a obtener rédito público de la acusación

Cristina Kirchner se acerca por primera vez a ser juzgada por decisiones que tomó durante su gobierno y que para la Justicia constituyen delitos. El juez Claudio Bonadio elevó a un tribunal la causa en que se juzgará a la ex presidenta por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Para el juez, fue Cristina Kirchner la que ordenó vender dólares en el mercado de futuros a menor precio que el de mercado cuando estaba en el gobierno, con lo que provocó un quebranto para el Estado y condicionó a la actual gestión de Mauricio Macri a pagar por esos contratos.

Es decir que pasó por encima de la supuesta autarquía del Banco Central e instruyó a la plana mayor de sus funcionarios del área económica, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y el directorio de la autoridad monetaria a dictar resoluciones administrativas para permitir esta maniobra.

No se trata de un delito de corrupción. No se la juzga por quedarse con plata del Estado, sino por provocar un perjuicio económico a las arcas públicas con una decisión de política económica.

Se la juzgará por fraude, y para que exista, debe haber dolo, es decir, intención de provocarlo. Éste es uno de los desafíos que enfrentará la acusación a cargo del fiscal Diego Velasco: probar que existió la intención de perjudicar las arcas públicas. El fiscal Eduardo Taiano, cuando elevó el caso a juicio, lo puso en números: 55.000 millones de pesos fue el perjuicio y 77.000 millones la pérdida para el Banco Central.

El otro obstáculo a superar es el argumento de las defensas de que todo se trata de una decisión de política económica no judiciable.

Pero la Cámara Federal ya dijo que no es un tema político no judiciable, sino que hubo un delito cometido cuando se ofreció el dólar en el mercado de futuros a un precio que no era el de mercado. Los compradores, algunos ligados al actual gobierno, quedaron así fuera de la acusación.

Cristina Kirchner los sigue persiguiendo judicialmente en una causa paralela iniciada por diputados del kirchnerismo que buscan que los imputen. De hecho, ayer Cristina Kirchner tuiteó que el vice jefe Gabinete Mario Quintana, cuando era CEO de Farmacity, compró esos contratos y que luego en el equipo del Gobierno fue uno de los que intervinieron en la decisión de la devaluación, con lo que se benefició, mientras la causa judicial contra ella es elevada a juicio.

Si se trata de un tema político no judiciable es una cuestión que no preocupa a la fiscalía: de hecho, el fiscal Velasco acaba de conseguir una condena en un juicio donde se discutía una cuestión similar. Carlos Menem fue condenado por el pago de sobresueldos a sus funcionarios. Fue una decisión de política económica, incluso el dinero para esos pagos estaba contemplado en el presupuesto nacional, que es una ley del Congreso, pero, no obstante, esa conducta era delictiva.

La condena fue por fraude, el mismo delito del que se acusa a la ex presidenta. El otro antecedente es el caso Grecco, donde también se decidió el pago de una suma millonaria a un grupo económico en concepto de indemnización, que supuestamente parecía justificada, pero que resultó una acción delictiva, según concluyó un tribunal.

Éste es el primer triunfo político del macrismo en los tribunales, en estos tiempos donde Comodoro Py es territorio libre para los jueces federales. Esta causa fue impulsada por el corazón de Cambiemos.

Difícilmente el juicio oral ocurra este año. Los eventuales fueros que obtenga Cristina Kirchner en caso de ser candidata electa le podrían evitar un arresto, pero no una condena. Al juez Bonadio le bastó para elevar a juicio la creencia de la probabilidad de que la ex presidenta haya cometido un delito. Ahora estos elementos de prueba que tuvo el juez deben ser confrontados con la defensa en el proceso oral. Le basta al magistrado la mera convalidación de la sospecha, pero el tribunal oral deberá pronunciarse con una certeza, ya sea por la absolución o la condena.

Cristina Kirchner fue la principal interesada en que este caso sea ventilado en un juicio público lo antes posible. A pesar de que otros acusados apelaron su procesamiento, ella no lo hizo. Se allanó y pidió ser juzgada lo antes posible. Dijo que tiene la convicción de que un tribunal oral imparcial la absolverá.

Ya comprobó que los tribunales son un buen escenario para actos de campaña.