Víctimas invisibles
Lograr una pacificación que deje atrás años de violencia política supone acceder a la verdad de lo ocurrido en la década del 70
La negación y la falsificación de la historia son una de las peores herencias recientes con las que el pasado insiste en condicionar el presente. Después de 12 años de un tan sugestivo como lamentable silencio, cuando no un discurso distorsionado y falaz, en las últimas semanas nuestra sociedad parece haber comenzado a reconocer que la terrible violencia que caracterizó la trágica década del 70 no tuvo que ver sólo con la desplegada desde el Estado, sino también con la acción igualmente violenta de los distintos grupos terroristas que no vacilaron un solo instante en apuntar contra civiles inocentes.
Parecería que así se comienza a corregir, lentamente, una tan desgraciada como deliberada omisión que no reconoció el profundo drama personal ni los daños que afectaron a las víctimas absolutamente inocentes de una injustificable violencia desplegada por aquellos movimientos revolucionarios. Hablamos de un número elevado de argentinos, hombres, mujeres y niños, a los que hasta ahora se ha ignorado, como si no fueran sujetos de derecho de ningún tipo. Son los que fueron asesinados, mutilados, heridos, secuestrados y hasta torturados en las eufemísticamente llamadas “cárceles del pueblo”. Cómo no reconocer que nos habíamos olvidado de ellos, de sus respectivas familias, abandonándolos en el más completo desamparo, sin consideración alguna, injustificadamente despreciados e incluso criticados. Para ellos no hubo homenajes, ni monumentos, ni indemnizaciones, ni programas de contención, ni amparo alguno. Sólo recibieron silencio. Han sido, hasta ahora, víctimas realmente invisibles, de las que ni siquiera se hablaba.
El primer paso previo al adeudado reconocimiento debería ser identificarlos, conocer sus nombres, saber quiénes fueron y son nuestras víctimas abandonadas. El camino pasa seguramente por repetir una experiencia nacional que resultó muy valiosa: la de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada en 1983, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Es oportuno recordar que estaba integrada por miembros destacados de nuestra comunidad que, con seriedad y coraje, hicieron una labor histórica meritoria, investigando y registrando a los desaparecidos por acciones ilegales de las que fueron responsables algunos de nuestros militares que hoy cumplen condenas impuestas por la Justicia. Un primer gran paso en esta dirección fue el brindado por el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). Utilizando material de difusión pública exclusivamente basado en los diarios de época, contó el número de víctimas del terrorismo asesinadas, heridas y secuestradas entre 1969 y 1979. Arribaron a la conclusión de que los terroristas causaron 17.382 víctimas de todo tipo de delitos, de las cuales 1094 fueron asesinadas. Esta cifra debe complementarse con la información en poder del Estado, de manera que ciudadanos cuyas historias no fueron relevadas por la prensa de aquellos años también puedan ser reconocidos como víctimas del terrorismo.
Es hora de comenzar a pensar en la necesidad de conformar un organismo similar a la Conadep para identificar cabalmente a las víctimas de la acción de los distintos grupos armados a fin de darles el lugar que, en justicia, les corresponde en nuestra historia.
Esta incontrastable información sobre las víctimas del terrorismo debe incluirse en los planes escolares y grillas de contenidos de historia de aquella penosa década, con imparcialidad, de manera que las nuevas generaciones puedan tomar conocimiento del baño de sangre que envolvió a nuestro país y aprender que la violencia no ha de ser jamás instrumento para defender o sostener los propios ideales, como tampoco puede justificarse para ello la interrupción del orden constitucional. Abordar los hechos históricos de nuestro pasado más reciente con un enfoque global encierra un desafío a la madurez de la sociedad argentina respecto del relato sostenido en la última década, que invisibilizó cualquier vestigio de las víctimas del terrorismo y negó la responsabilidad de las organizaciones armadas en la tragedia de los años 70.
Desentrañar la verdad es lo que reclama nuestra dignidad nacional para desenmascarar todo lo sucedido en una de las etapas más tristes de nuestra historia. Sin dejar capítulos en blanco, en aras de la transparencia y de justicia. Luego de 33 años de democracia, el pueblo argentino merece conocer su historia, sin interpretaciones que la distorsionen a la luz de conveniencias políticas o ideológicas, con magnanimidad y capacidad de asignar justamente las responsabilidades por los hechos cometidos, de manera que la ley se aplique a todos por igual para que quien haya delinquido responda por ello. Es hora de dar visibilidad y justo reconocimiento a quienes, hasta ahora, sólo fueron testigos invisibles e inocentes, desestimados y castigados por la indiferencia y el olvido de sus propios compatriotas.