Mani pulite para la obra pública

El 1° del actual, Mauricio Macri aseguró que “la obra pública dejó de ser sinónimo de corrupción”. Sabe que ganará las elecciones de mitad de término sólo si concreta las prometidas obras que mejoren la vida de los argentinos.

2017 deberá ser el año de la obra pública. No es fácil. En 2016, el Gobierno tuvo serios problemas para reactivar la inversión en vialidad y viviendas sociales. “Nadie quería firmar un convenio por los fantasmas de la gestión pasada”, explican en el Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio. Nunca antes la corrupción había sido tan palpable como durante “la década ganada”. Al funcionario de Cristina Kirchner que negociaba con los contratistas del Estado lo encontraron tirando bolsos con nueve millones de dólares en un convento. Su par en la provincia de Buenos Aires apareció suicidado en el exterior. Ergo, la ruta de Cambiemos en el gobierno está repleta de baches.

Macri eligió a Daniel Chain al frente de la Secretaría de obras Públicas. Lo apartó, a fines de 2016, disgustado con su pereza en la ejecución del presupuesto. La promesa de Cambiemos de reformar la ley de obra pública descansa en un despacho. Néstor Kirchner la había modificado para introducir el “adelanto financiero” para evadir controles. Concentró el poder en menos manos: las de Julio De Vido. Hace 15 días, Macri promovió una ley de responsabilidad empresaria. A su vez, firmó un decreto para evitar posibles conflictos de intereses.

En la tarea de reimpulsar la obra pública, participan los empresarios de siempre. Los que se sentaban a negociar “los retornos” con los corruptos funcionarios del pasado. Son los que aún manejan la Cámara Argentina de la Construcción, que, en el comienzo del kirchnerismo, modificó su estatuto para posibilitar que Carlos Wagner, dueño de Esuco, la presidiera. Esuco es una de las empresas que participaron en la irregular reforma edilicia del Correo Argentino, actual CCK. En 2016, el tan esperado mani pulite argentino naufragó antes de zarpar. A 15 meses del fin del kirchnerismo, sólo tres personajes vinculados con la corrupta obra pública están presos: Ricardo Jaime se autoinculpó al pedir el juicio abreviado; López se encarceló solo cuando apareció en un convento con una ametralladora; Báez no estaría preso si no hubiese aparecido el famoso video de su hijo contando billetes. Leve sanción para un modelo que hizo de la obra pública su principal caja política. Discreto resultado de la Justicia ante un gobierno que saqueó las arcas públicas a través del sobreprecio, adelanto financiero al contratista amigo, facturación trucha, coima y lavado de activos.

¿Lázaro Báez fue la excepción o la regla de un sistema de acumulación de dinero y de poder? Kirchner no inventó nada. Profundizó viejas prácticas de la clase política que gobernó el país en los años 90. Durante el menemismo, la tasa de retorno estaba institucionalizada. La patria contratista se sumó a las decisiones de ese gobierno. Uno de sus símbolos fue el dueño de Socma, Franco Macri. Hoy lo demoniza el kirchnerismo, pero fue uno de los gestores del desembarco de las inversiones chinas durante la década K. Báez conoció China con Franco. Su hijo, mientras tanto –una especie de oveja negra de la familia–, intentaba hacer pie en la ciudad.

Concientizar al pueblo argentino de que la obra pública no sólo fue sinónimo de corrupción, sino que, durante años, fue un interminable saqueo a los pobres, es un respetable punto de partida. Pero el ciudadano que votó a Macri espera un cambio real. El resultado es una incógnita.

Autor de El negocio político de la obra pública