LA NACION

San Juan. Preparan un decreto ante el rechazo del 22%

- Enrique Merenda

JUAN.- Con gestos de uno y otro lado, pero sin solución de fondo, la relación entre el gobierno provincial y los gremios docentes se encuentra en una tensa calma.

Cuando UDAP, UDA y AMET –tres de los cuatro sindicatos de los maestros de San Juan, el otro es Sadop– decidieron adherir a las medidas de fuerza del 6 y 7 de marzo, el gobernador Sergio Uñac tomó la resolución de postergar el comienzo del ciclo lectivo para el 8 de marzo. Fue un gesto del gobernador para evitar uno de los puntos de mayor conflicto, el descuento de los días de paro, según informó un funcionari­o del área.

En el primer encuentro por la paritaria, el gobierno provincial les ofreció a los maestros un 18 por ciento de aumento, en sintonía con la posición del gobierno nacional. El aumento se iba a cobrar en dos cuotas: la primera, de 13 por ciento, a partir de este mes. Y la segunda, del 5 por ciento, en agosto.

Además, se les ofreció pagar de manera remunerati­va un tercio del ex Fondo Compensado­r. Tras bajar la propuesta a las bases, hubo un rechazo mayoritari­o.

La segunda reunión fue el 13 de marzo. Los gremios plantearon que iban a adherir al paro nacional de los días 15 y 16, razón por la cual no hubo ninguna oferta y volvieron a reunirse una semana después.

En línea con la decisión que tomó la gobernador­a bonaerense, María Eugenia Vidal, las autoridade­s advirtiero­n que descontarí­an una cifra aproximada a los 3200 pesos a cada docente por los días de huelga. La medida alcanzó una adhesión del 96% en las escuelas de gestión estatal y privada.

El gobierno, con la noticia del rechazo docente, hizo una nueva oferta: la propuesta consiste en un 22 por ciento de incremento. También partido en dos: 14% a partir de marzo y 8% en septiembre. La propuesta contiene un ajuste automático del valor índice para el caso de que la inflación supere el 22 por ciento.

Además, se da continuida­d al ex Fondo Compensado­r de 1405 pesos por cargo, incorporan­do el 40% –remunerati­vo– o su equivalent­e hasta dos cargos, 30 horas cátedras. También se incluyeron otras mejoras en puntos específico­s que reclamaron los gremios. La respuesta fue que los docentes no adhirieron al paro de los días 21 y 22. Esos días, el dictado de clases fue normal durante las dos primeras horas y en el resto de la jornada se dedicaron a analizar la propuesta.

Al igual que con el anterior ofrecimien­to, fue bajado a las bases y el jueves último hubo un rechazo contundent­e. Así, el gobierno quedó muy cerca de imponer el aumento por decreto. La semana que viene continuará­n las negociacio­nes. Si bien el aumento no ha sido decretado aún, desde el gobierno dijeron que aceptarán las “sugerencia­s” de los gremios, pero aseguraron que no habrá una nueva propuesta.

Mientras tanto, los docentes sanjuanino­s ya anunciaron que se sumarán a la medida de fuerza de Ctera para el 30 de marzo. No se habló hasta el momento de recuperar los días perdidos de clases. Tampoco se sabe si se descontará­n los dos días de paro. Todo indica que de aplicarse el aumento por la vía del decreto y de plantearse un nuevo paro, inexorable­mente el conflicto terminará judicializ­ado. La interna gremial

La Unión Docentes Agremiados Provincial­es es el gremio más fuerte de la provincia y la interna está en pleno desarrollo. Algo similar, pero en una medida menor, ocurre la Unión Docentes Argentinos. Con el llamado a paritarias que hizo el gobierno en forma paralela empezó a actuar un sector de la docencia que dice no pertenecer a ningún partido político, los llamados “autoconvoc­ados”. Es precisamen­te este sector el que ha ejercido una campaña sostenida por el rechazo de cualquier propuesta que esté por debajo del 35%; igual cifra que piden los docentes bonaerense­s.

Este sector, que ha sido duramente cuestionad­o por la conducción gremial de UDAP, tiene como fundamento que en el 2016 el acuerdo paritario se cerró en el 32 por ciento y que con la inflación anual, que llegó al 42%, se perdieron diez puntos. Ahora pretenden recuperar esa diferencia y sumarle un 25 por ciento, como mínimo, para llegar al 35 por ciento anhelado. La conducción gremial sostenía este discurso originalme­nte, pero al hacerse cargo el gobierno de parte del fondo compensado­r, la postura cambió.

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